Cuando el maltrato es judicial

Un error del juez o el funcionamiento anormal de un juzgado —y se dan casos y situaciones muy graves— pueden angustiar a una persona durante años. La casuística es amplia y variada, según se desprende del medio millar de reclamaciones que registra anualmente el Ministerio de Justicia: hay juzgados que desahucian o hacen registros en casas equivocadas —luego lo arreglan, pero las puertas quedan destrozadas—; detenciones erráticas e incluso ingresos en prisión de personas confundidas con otras; denuncias que prescriben porque la causa queda olvidada en estanterías judiciales; joyas, coches y otros bienes decomisados que luego no aparecen o acaban destruidos ante la impotencia de sus dueños, que los reclaman tras quedar absueltos... También hay numerosas quejas por el uso que hace la policía de los coches incautados, y que emplea —la ley lo permite— en operaciones antidroga y vigilancias. Los afectados se quejan de que recuperan los vehículos años después machacados. Cuando piden ser resarcidos, empieza otra odisea de futuro incierto.

Y es que el Ministerio de Justicia paga tarde y mal, y si puede lo evita —rehaza más del 80% de las reclamaciones que recibe por mal funcionamiento o error judicial—. En los casos en que quien ordena la indemnización es un tribunal —porque, por ejemplo, un juez mete en la cárcel a un inocente—, no tiene más remedio que pagar, y lo hace. Pero si la reclamación es por el anómalo funcionamiento de un juzgado, por ejemplo, por inactividad injustificada del juez durante el proceso, Justicia suele poner más pegas.

El ministerio dice que aún no posee estadística sobre las reclamaciones presentadas en 2013, pero sí entre los años 2000 y 2012. En todos esos años ha pagado por gravísimos errores judiciales cerca de 30 millones de euros, unos 20 de ellos desde 2008. Aún está pendiente de pleito, verbigracia, la indemnización a Dolores Vázquez por haber estado 516 días presa —posteriormente fue absuelta— por la muerte en 2000 de la joven Rocío Wanninkhof. Justicia le ha ofrecido 120.000 euros, pero su abogado pide cuatro millones. Sobre la mesa del ministerio también se halla ahora, entre otros, el caso de la niña Mari Luz Cortés, asesinada por un pederasta al que un juez de Sevilla olvidó ingresar en prisión pese a estar condenado por abusos sexuales. Juan José Cortés, el padre, pide al Estado un millón de euros. Le culpa de la muerte de su hija, por no tener entre rejas al asesino.Pero si hay un hecho que se repite como queja es la falta de mantenimiento y conservación, pérdida e incluso destrucción de artículos decomisados en el curso de una investigación penal.

»» ¿Dónde están las joyas que faltan? Donata K., residente en Málaga, pide 1,2 millones de euros de indemnización al ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. Le pasó lo siguiente: El Juzgado número 2 de Fuengirola, en el marco de una operación por blanqueo de capitales y contrabando, imputó y encarceló a su marido, Jacek, que murió antes de que el juzgado archivara el caso. En un registro en su casa y en cajas de seguridad que ella tenía en distintos bancos, el juzgado le decomisó vehículos de alta gama, 34 joyas de gran valor y más de 19.000 euros en efectivo. Ella no tenía nada que ver con los delitos que el juzgado atribuyó a su marido, que fue absuelto tras morir. Parte de lo incautado no ha aparecido aún. En una de las cajas de seguridad tenía joyas que la misma policía valoró en 600.000 euros. Solo han aparecido joyas por valor de 112.000 euros. El Poder Judicial acaba de darle la razón. Dice que no solo debe ser indemnizada por las joyas, también por la injustificada dilación de un procedimiento que se inició en 2002 y tardó ocho años en archivarse.

» Coche precintado y destruido, pese a la inocencia. Ander B. L. y Alberto R. fueron detenidos en julio de 2005 en Cangas del Morrazo (Pontevedra). Viajaban en un vehículo BMW propiedad del segundo. La policía decomisó el coche y lo dejó estacionado en la vía pública. El dueño alertó al juzgado de su grave deterioro, porque pasaban los años y el coche seguía allí. En agosto de 2006, la policía informó al juzgado del progresivo deterioro del coche, pero nada hizo el juez. El Tribunal Supremo absolvió años después a los detenidos y ordenó a la policía la devolución del vehículo. Pero ya no existía. El Ayuntamiento de Pontevedra inició de oficio un expediente por abandono de vehículo en la calle y acabó destruyéndolo. Lo consideró “un residuo sólido urbano”. El dueño pide 70.000 euros. El Consejo señala que debe ser indemnizado.» 67.000 kilómetros de más. También hay casos que generan impotencia, como el que sufrió en 2008, con un Mercedes Benz, Roberto H. Este lo entregó para su venta a una persona que se dedicaba a la compraventa de vehículos. Este fue detenido y el coche acabó decomisado y en manos de los agentes, que lo utilizaron para operaciones policiales. Se lo entregaron tres años después, cuando el juzgado archivó el caso y se acordó su devolución. Pero el coche ya tenía 141.233 kilómetros, 67.000 más que cuando lo dejó al tercero para su venta.

» Garbanzos en mal estado. A veces la irracionalidad se apodera de la justicia. Un juzgado de Chiclana de la Frontera (Cádiz) precintó en 2005 un almacén con más de 100.000 kilos de productos perecederos, garbanzos y otras legumbres, por su supuesta comercialización atentando contra la propiedad industrial. Ocho escritos recibió el juzgado alertando de los daños que estaba sufriendo el género y de que estos habían generado una plaga infecciosa que podía extender a otros productos no precintados que había en el mismo almacén. Cuando en 2009 el juzgado —que dos años después archivó el caso— accedió al desprecinto, todo el almacén era una plaga. El Consejo lamenta la pasividad del juzgado y aconseja una indemnización.

Entre las reclamaciones de los ciudadanos hay otra que es muy común, y que se repite sobre todo en juicios de faltas: la prescripción del hecho por culpa del propio juzgado. Es decir, un ciudadano presenta una denuncia y esta queda olvidada en las estanterías judiciales. Cuando, harto de esperar, el afectado se interesa por ella, el juzgado mira la fecha y la archiva porque han pasado más de seis meses y el enjuiciamiento del hecho ha prescrito. Pueden reclamar, pero les esperan años de nuevos pleitos.