El fiscal no ve delito de enaltecimiento en el acto de expresos de ETA en Durango

Buena parte de los 63 presos de ETA excarcelados desde el pasado 21 de octubre, tras la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot —algunos de ellos los más sanguinarios de la banda—, abandonaron la prisión tratando de ocultar su rostro a las cámaras. Hoy, estos exreclusos y otros en libertad desde antes están convocados a un acto público en el Kafe Antzokia de Durango, un café teatro ubicado en el antiguo matadero de la localidad vizcaína. Allí, en grupo y se supone que a cara descubierta, mostrarán su apoyo a la vía abierta por sus compañeros en prisión para avanzar en el rechazo de la violencia y en la aceptación de las leyes penitenciarias españolas. Esta reunión, calificada ayer de “aquelarre repugnante” por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de “deleznable y lamentable” por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, suscitó también el rechazo de las asociaciones de víctimas. Dignidad y Justicia solicitó el 31 de diciembre a la Audiencia Nacional que prohibiera el acto al considerar que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El juez Santiago Pedraz reclamó a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sendos informes sobre los convocantes del acto y su posible dependencia de ETA a la Ertzaintza, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Una vez recibidos los escritos de los distintos cuerpos policiales, el ministerio público no advierte indicios de delito y considera el encuentro, que incluye una rueda de prensa y un almuerzo posterior, un acto “penalmente neutro”.

El fiscal Jesús Alonso no se opone a la celebración del acto, convocado por los “mediadores” del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), ya que este se realiza en un local privado. No obstante, el fiscal solicita al juez Pedraz que comande a la Policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza para que adopten las medidas oportunas tendentes a evitar que durante este acto se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Este informe de la fiscalía es el paso previo a que el juez Pedraz decida sobre si prohíbe la reunión, como le solicitan las asociaciones de víctimas, la autoriza o le pone algún tipo de condición. Fuentes de la Audiencia Nacional informaron ayer de que la decisión definitiva se adoptará esta misma mañana. La cadena SER, citando fuentes jurídicas, informó de que Pedraz autorizará el acto.

En la reunión del Kafe Antzokia durangués estarán presentes, según fuentes próximas a los convocantes, un centenar de expresos de la banda terrorista, entre ellos Inés del Río, autora de 24 asesinatos y que fue la que logró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por mantenerla en prisión por más tiempo del que le correspondía en virtud del Código Penal de 1973, por el que fue condenada. También está prevista la presencia de José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado a penas que suman 1.210 años de cárcel y que ha cumplido 26 años de prisión por su participación en 13 asesinatos consumados y 16 frustrados.

Los exreclusos y los 25 integrantes de la comisión de interlocutores del EPPK denunciarán “el inmovilismo” del Gobierno de Mariano Rajoy y mostrarán su “unidad” ante el comunicado hecho público el pasado sábado por el Colectivo de Presos de ETA. Se trata de ofrecer una imagen “unitaria y sin fisuras”, en la que renuncian a su histórica reivindicación de una amnistía y admiten su excarcelación “de manera escalonada y mediante compromisos individuales”, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al colectivo.

Al encuentro no está previsto que acudan representantes de Sortu, aunque según los convocantes, el acto supondrá además, según las mismas fuentes, “un espaldarazo” a la estrategia del partido de la izquierda abertzale a favor de las vías “exclusivamente políticas y democráticas”. Los expresos también se reafirmarán en la apuesta por “el proceso” abierto tras el cese de la actividad armada por parte de ETA el 20 de octubre de 2011.

Los partidos vascos mostraron su distancia ante la reunión del Kafe Antzokia. El PSE-EE consideró que se trata de un acto de los presos “para su parroquia”. “En todo caso, será la justicia la que tiene que decidir si supone un acto de enaltecimiento o de ofensa a las víctimas”, afirmaron fuentes del partido.

Por su parte, la parlamentaria del PP vasco Nerea Llanos pidió al departamento de Seguridad del Gobierno vasco, del que depende la Ertzaintza, que esté “especialmente vigilante” por si se registran comportamientos ofensivos para las víctimas. “Si de verdad reconocieran el daño causado, no convocarían este tipo de actos, que reivindican un vez más ese pasado y el sufrimiento que causaron a la sociedad vasca”, sostuvo Llanos.

El PNV abogó por “ir sumando, trabajando en un proceso de normalización y convivencia, y todo aquello que puede hacer daño y aquellas expresiones y movimientos que puedan generar dolor hay que desterrarlos”, según su portavoz en el Senado, Jokin Bildarrantz, que recordó que los exreclusos son “personas libres, con todos sus derechos civiles”, para hacer uso de ellos en la sociedad “como el resto de los ciudadanos”.