El puzle de Carlos Lesmes

El flamante presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, somete a estas horas (10,40 horas) a votación del pleno el puzle que ha armado después de mantener una semana de contactos individualizados con los 20 vocales.
La candidatura de Ángel Juanes como vicepresidente del Tribunal Supremo ha supuesto para Lesmes una pieza importante a la hora de presentar un binomio de equilibrio entre él mismo como presidente procedente del sector conservador y un candidato progresista. Un candidato que reúne la excepcional característica de ser un amigo personal. De partidas de pádel y veraneo familiar.
Lesmes ya tiene armada la comisión permanente, que será el principal órgano del nuevo CGPJ, quizá mucho más relevante que en el pasado.
Después de sopesar pros y contras, la última información, antes del pleno de esta mañana, Lesmes habría decidido, si no se han producido cambios de última hora, que su mejor comisión permanente estaría integrada por los siguientes cinco miembros: Gerardo Martínez Tristán, propuesto por el PP; Juan Manuel Fernandez, propuesto por el PP; Álvaro Cuesta, propuesto por el PSOE; María del Mar Cabrejas, propuesta por PSOE, y Mercè Pigém, propuesta por CiU.
A la cabeza de la comisión está Lesmes, que tiene la facultad de emitir voto de calidad en caso de empate.
También ha cerrado las presidencias de las tres comisiones. Serán tres magistrados del Tribunal Supremo: Wenceslao Olea en la Comisión Disciplinaria; Rafael Fernández Valverde en la Comisión Presupuestaria; y Clara Careaga en la de Igualdad.
La designación de Martínez Tristán en la comisión permanente, según fuentes que conocen las ideas de Lesmes, se fundamenta en dos razones: 1) ha sido con anterioridad letrado en el CGPJ y tiene una familiaridad con la institución de la que carecen la mayoría de los vocales y last but not least 2) en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha creado una situación conflictiva en relación con la privatización -externalización de seis hospitales que impulsa la Comunidad de Madrid.
Martínez Tristán ha llevado el recurso de reposición de la Comunidad contra la paralización del proceso privatizador ordenado por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo a un pleno de los cincuenta magistrados de esa sala. Esa decisión, que vulneraría el derecho al juez predeterminado por ley, ya que es la misma sección, la tercera, la que debería resolver sobre el recurso de la Comunidad de Madrid, ha creado malestar entre los magistrados.
En el pleno abocado a debatir el recurso, el pasado 31 de octubre, los magistrados exigieron conocer, antes de entrar al tema de la privatización, si Martínez Tristán estaba recusado por el Partido Socialista de Madrid, hecho que él no había puesto en conocimiento de la sala. Martínez Tristán, finalmente, confirmó la existencia de la recusación. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo contó con 4 votos para entrar a debatir el tema de la privatización. En cambio, 41 magistrados votaron que solo después de resuelta la recusación debía debatirse el asunto de fondo.
La recusación ha sido desestimada por falta de bases.
Pero queda el descontento de los magistrados con la situación creada. La sección tercera, que paralizó la privatización hasta que se resuelva una querella criminal que se sustancia en el terreno penal, es la que quiere resolver el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid.
De confirmarse que Martínez Tristán es nombrado miembro de la comisión permanente será el magistrado más antiguo de la sala de lo Contencioso-Administrativo quien sustituirá a Martínez Tristán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Se trata de Miguel Ángel Vegas.
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