Asalto al último kilómetro virgen

El último kilómetro de costa virgen de Orihuela (Alicante) va a perder a uno de sus defensores más concienciados y la política española a uno de sus dos alcaldes ecologistas (el otro es el de Villena). Una moción de censura presentada el viernes por el PP derribará en enero a Monserrate Guillén, de Los Verdes, y con él, se quedarán sin protección un caracol endémico, una planta singular y la única zona que permitía ver el mar desde la lejanía en los 16 kilómetros de costa del quinto término municipal más grande de España.

Guillén y su Gobierno de coalición con el PSPV-PSOE estaban buscando la manera de armarse con argumentos medioambientales para detener el plan de urbanización de Cala Mosca, un proyecto aprobado por el anterior ejecutivo del PP para levantar 1.700 casas. Los populares, que tienen a 5 de sus 12 concejales imputados o condenados, han decidido acabar con el mandato verde de Guillén, un profesor de música de 56 años que ha batallado contra el poder y el dinero.

En la capital de La Vega Baja, la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana, se juzga el 30% de los casos de corrupción de la región, en muchos casos con el cemento como elemento común. Por eso la defensa del último kilómetro de playa virgen se había convertido en algo simbólico. Sobre todo si se tiene en cuenta que en la costa oriolana se han construido 40.000 casas, de las cuales 10.000 no tienen cédula de habitabilidad. El urbanismo ha sido tan salvaje que “hay hasta piscinas privadas en viales públicos”, ejemplifica la concejal de Urbanismo, la socialista Antonia Moreno.

El proyecto urbanístico fue aprobado por la mayoría absoluta del PP en 2007, con Mónica Lorente de alcaldesa —hoy en la oposición, imputada en dos causas y con posibilidad de una tercera—. Los socialistas ya en su momento denunciaron la inexistencia de un estudio de impacto ambiental en la zona, además de que el 10% de suelo en primera línea de costa que la promotora debía ceder al Ayuntamiento fue permutado por suelo rural en una zona de huerta sin valor económico.

Cala Mosca llama la atención desde la carretera puesto que es el único momento en el que la vista descansa en el horizonte marítimo en todo el término municipal. Es un espacio de 600.000 metros cuadrados que cae en forma de acantilado sobre una cala alejada del paseo marítimo. Sus aguas están dentro de un área de protección marítima que mantiene una zona impecable de posidonia. En tierra viven dos especies endémicas: el caracol Tudorella mauretanica —al que la amenaza de extinción le ha llegado antes que un nombre común— y la jarilla de cabeza de gato, una planta que solo se localiza en poco puntos de la Península, además de Baleares, Cerdeña o el Magreb.

La Unión Europea, que llegó a visitar la zona a petición de Los Verdes, se interesó por el asunto. El 15 de noviembre pasado envió una carta recordando al Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente que el proyecto necesita de un informe de impacto ambiental del que carecía, y más tratándose de una zona con especies en peligro de extinción, por insignificantes que puedan parecer. “Son las autoridades españolas las que deben hacer respetar el derecho medioambiental comunitario”, recordaba la misiva.

Guillén pidió a la Consejería de Medio Ambiente la declaración de microrreserva de la zona, que ha decidido no entrar en el tema hasta ver el proyecto de impacto ambiental que debe realizar la empresa Grupo Inmobiliario Gomendio.

Guillén llegó al Ayuntamiento en 2003 como el primer concejal ecologista de la historia de Orihuela. Provenía de la lucha vecinal contra un vertedero que los habitantes de la pedanía oriolana de Torremendo rechazaban. En su batalla llegaban a tirarse literalmente delante de los camiones de basura. En 2011 pudo hacerse con el poder cuando la popular Mónica Lorente perdió su mayoría absoluta y ecologistas y socialistas obtuvieron el apoyo de un grupo de ediles que se escindieron del PP, cansados de corruptelas, formando una nueva formación. Precisamente, dos de esos ediles que le auparon al poder son hoy los firmantes que necesitaba el PP para el próximo 3 de enero votar una moción de censura contra Guillén.

“Hay intereses que pesan”, lamentó comedido Guillén sabiendo que su tiempo como alcalde está a punto de llegar a su fin y, por tanto, su defensa de cala Mosca, ya que es el Ayuntamiento el que debe tutelar el estudio de impacto ambiental. “En Orihuela hay intereses de poder y dinero. Y nosotros estorbamos”, sentencia.

Desde que llegó a la alcaldía en junio de 2011, Guillén se enfrentó al poder de los intocables en una ciudad en la que los cuatro alcaldes que le precedieron fueron imputados (dos condenados en firme). En su punto de mira estuvo aquel empresario que quiso instalar un vertedero en Torremendo, Ángel Fenoll, investigado hoy por un juez por supuestos vertidos ilegales en el vertedero que finalmente instaló en plena frontera murciano-alicantina. El proyecto de Fenoll originó un nuevo movimiento vecinal que llevó a 600 vecinos a acampar en el verano de 2011 frente a la planta de residuos pidiendo su cierre, deseo que cumplió Guillén: la empresa de Fenoll no tenía siquiera permiso para operar en Orihuela pese a enterrar residuos durante varios lustros en su término municipal. En 2012 Guillén municipalizó el servicio de recogida de basuras, que también gestionaba Fenoll, al estar su adjudicación bajo sospecha de amaño en la trama Brugal, todo un manual de cómo saquear dinero público a través de la gestión de los residuos y del suelo urbano y que actualmente esta en manos de la Justicia. Fenoll es el supuesto cabecilla de la trama y además, está acusado de financiar ilegalmente la campaña electoral de Lorente, la alcaldesa que le adjudicó el servicio de basuras y firmante de la moción.

En sus dos años en el Gobierno oriolano, Guillén denunció ante la Unión Europea los enterramientos ilegales que supuran en las inmediaciones del vertedero. Ante Bruselas llevó recientemente los estudios medioambientales realizados a petición judicial sobre el terreno y que alertan de la posibilidad de que la basura haya acabado filtrándose en los acuíferos de la comarca. Y nunca dejó de afear la conducta de la Diputación provincial y la Consejería de Medio Ambiente (en manos del PP) por mirar hacia otro lado y no parar un vertedero que hoy sigue funcionando desde la parte murciana.

Pero la ansiedad del PP por recuperar su feudo no se aceleró hasta este verano en el que llegó a presentar dos mociones de censura, inviables al ser apoyadas por concejales no adscritos. En estos dos años de legislatura, Guillén propició un trasiego constante de expedientes entre las concejalías y la Fiscalía sobre casos que afectan hasta a cinco ediles de la oposición. Cuatro de ellos ya están imputados; la quinta podría ser quien se postula como sustituta de Guillén, Pepa Ferrando, exresponsable de Turismo. Actualmente, una juez investiga la gestión de la futura alcaldesa en la anterior legislatura por posibles irregularidades en la contratación de servicios para la feria de turismo FITUR.

Los firmantes de la moción no esconden sus cartas. Apoyan que se vuelva a privatizar la recogida de residuos. Guillen cree que al tocar la basura se ha encontrado con un poder enraizado más de un cuarto de siglo en Orihuela. Y lo peor es que piensa que el caracol y la jarilla acabarán como él.