Las sombras de la sexta planta

Si fuera un relato policíaco, tendría cuatro elementos clave para crear suspense. La investigación de un delito, un enigma, el factor sorpresa y el momento en que transcurre la acción: la noche. Pero el último capítulo del caso Bárcenas, los manejos del extesorero del PP y el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, llevaron esa intriga a la realidad.

Ocurrió en la noche entre el jueves y este viernes. Tres horas después de la hora autorizada por el auto —que fijaba “la ejecución de la entrada y registro” a partir de las seis de la tarde—, un secretario judicial y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) empezaron la inspección del corazón financiero del Partido Popular. Subieron a la sexta planta de la sede central, en la madrileña calle de Génova, donde se ubican las oficinas de tesorería, administración y gerencia, y a tan solo unos metros del despacho de Mariano Rajoy, en la séptima. El objetivo: llevarse toda la información contable del partido. A pesar de la excepcionalidad de los hechos, el presidente del Gobierno se limitó a lanzar un mensaje de tranquilidad desde Bruselas horas después de la inspección: “Estamos tranquilos. Todos debemos respetar las decisiones judiciales y colaborar con la justicia y esperar sus resoluciones”.

Antes de la llegada de los agentes, la cúpula del PP movilizó a los responsables de esos departamentos, el abogado Alberto Durán y la actual tesorera, Carmen Navarro, que presenciaron el escaneo de los documentos, la mayoría de ellos relacionados con las obras de remodelación de la sede. La operación duró casi 14 horas y terminó minutos antes de las once de la mañana. Mientras tanto, el PP se blindó en el más absoluto silencio. Podía parecer una noche cualquiera en Génova, 13, salvo por la presencia de un grupo de informadores ante la puerta de la formación, con la persiana bajada, y por las luces que iluminaban la sexta planta del edificio.

Hasta las 00.45. La dirección difundió un comunicado en el que reiteraba uno de los mantras oficiales desde el estallido del escándalo del extesorero. Esto es, el PP ya aportó a la Audiencia Nacional la documentación requerida. En este caso, la “relativa a los pagos realizados por las obras en su sede central”. “Con fecha 2 de diciembre de 2013”, prosigue la nota, “en un escrito presentado ante la Fiscalía, el Partido Popular aportó copia de parte de esta documentación presentada en agosto, como justificación a los razonamientos que se contenían en el citado escrito”.

No obstante, en ese escrito la formación cuestionaba la actuación policial por “creer a pies juntillas” la versión de Luis Bárcenas. Y la propia María Dolores de Cospedal llegó a cuestionar abiertamente a Ruz, en una comparecencia pública el 25 de noviembre, por el auto que confirmaba la existencia de una corriente financiera paralela en el partido.

El requerimiento judicial, una suerte de registro suavizado, continúa aun entre trabas logísticas. Alrededor de las cuatro de la madrugada, mientras algunos periodistas aguardaban a que terminara la inspección, entraron en el edificio dos técnicos de Telefónica para solucionar una avería.

Es la segunda vez que se realiza un registro en la sede de un partido que gobierna. El juez Marino Barbero ordenó uno en la sede del PSOE en noviembre de 1992, con Felipe González en La Moncloa, en busca de datos del llamado caso Filesa. Los dirigentes del PP llevan meses recordando ese escándalo para tratar de minimizar el caso Bárcenas. Pero este viernes, una vez más, el extesorero logró enmudecer al partido mayoritario, que evitó dar explicaciones públicas y se remitió a las palabras del jefe del Ejecutivo.