Ruz destripa el corazón financiero del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este viernes un sonoro puñetazo sobre la mesa en el caso Bárcenas sobre la supuesta caja b del PP. Después de haber visto cómo la formación conservadora destruía —unas veces amparándose en la Ley de Protección de Datos y otras invocando una sorprendente costumbre empresarial— las agendas y los discos duros del extesorero Luis Bárcenas; después de que varios imputados de la órbita del partido, en su derecho de no declarar contra sí mismos, trataran de hacerle comulgar con que Bárcenas les coaccionó para que redactaran los recibís de supuestos pagos en dinero negro; después —finalmente— de que el PP cuestionara la solvencia de los informes policiales sobre la causa, y le enviara incompleta y en fotocopia la documentación que le venía pidiendo desde julio, Ruz actuó con un auto que sorprendió al PP y a quienes han tachado al magistrado de timorato.

El magistrado envió el jueves por la noche a la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, a dos agentes de la UDEF —unidad policial de delitos económicos— para requerir a la formación conservadora que entregara toda la documentación relacionada con los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad b del partido. Los agentes, que iban acompañados en las diligencias por el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández Gallardo, tenían órdenes de recabar todo el material vinculado a los pagos en negro a la sociedad Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó el interior de la sede nacional popular entre 2005 y 2011. Sin embargo, la resolución por la que Ruz mandaba la comisión judicial a Génova 13 iba mucho más allá: el magistrado exigía al PP que entregara “cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con (...) los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción”. Es decir, todos los papeles y archivos informáticos que, en opinión de los investigadores, puedan servir para arrojar luz sobre la contabilidad manuscrita de Bárcenas.

La comisión judicial entró en la sexta planta de Génova 13 —donde se ubican la gerencia y la tesorería del PP— a las 20.00 del jueves y terminó su labor a las 10.10 de este viernes. Fueron 14 horas en las que, según fuentes policiales, se recabaron varias cajas de documentos que, debidamente precintadas, fueron llevadas a la Audiencia Nacional para su posterior examen y análisis. La comisión judicial también llevaba consigo un escáner para digitalizar los documentos más relevantes. Las mismas fuentes aseguran que la actitud de la tesorera del PP, Carmen Navarro, y de Alberto Durán, abogado del partido, fue de “absoluta colaboración” en la entrega de documentos.

La decisión de Ruz de enviar a la policía a Génova 13 era la parte más relevante del auto, su parte dispositiva. Sin embargo, los 18 folios de la resolución contenían, bajo su medido lenguaje jurídico, una notable carga de profundidad contra la actuación del PP desde que se destapó el caso Bárcenas, como pieza separada del caso Gürtel.

Según el magistrado, en la investigación realizada hasta el momento se desprenden indicios de que los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y el exgerente del PP Cristóbal Páez se coordinaron con el arquitecto Urquijo para generar documentos y facturas “para dar cobertura a una facturación oficial ficticia”. Los abonos de la obra se liquidaron en parte mediante cheque contra la presentación de facturas y otra parte “mediante fondos ajenos que pudieran guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS el pasado 31 de enero.

El magistrado actuó de forma expeditiva después de que el PP no le enviara en el plazo y la forma debidos la documentación sobre los pagos a la empresa Unifica, cuyo dueño, Gonzalo Urquijo, percibió 1,07 millones de euros en b entre 2006 y 2008 como pago por las obras de reforma de la sede nacional del partido.

Ruz reclamó al partido de Mariano Rajoy la información el pasado 30 de julio. El 10 de agosto, la formación conservadora remitió 520 fotocopias con documentación relativa a las obras de reforma del edificio. Sin embargo, el 2 de diciembre, el PP envió a Ruz, a través de la Fiscalía Anticorrupción, un escrito que desencadenó el registro del jueves.

En él, los populares sostenían que los pagos a Unifica se realizaron íntegramente con cheques y con transferencias recogidas en la contabilidad oficial. Para probar su versión, incorporaban 17 documentos —copias de cheques y órdenes de pago—. El secretario judicial comparó esta documentación con la remitida en agosto y descubrió que 12 de estos elementos no habían sido entregados hasta ese momento. Además, en el escrito, los populares cuestionaban la solvencia de los informes de la UDEF “por creer a pies juntillas” al encarcelado Luis Bárcenas.

En su auto de este viernes, Ruz reprocha al PP que haya “omitido” documentos “de relevancia” para la investigación y muestra su sorpresa por que el partido haya tenido acceso a esos informes de la UDEF cuando no está personado como acusación en la causa.