El fin de la ‘doctrina Parot’ agarrota a ETA

La excarcelación de 60 presos etarras por la anulación de la doctrina Parot ha tenido un doble efecto en el colectivo de unos 600 reclusos de la banda. Primero, de sorpresa al comprobar que el Estado de derecho funciona en España y cumple las resoluciones de los tribunales. Y, segundo, el de la preocupación por los más de 100 presos etarras a los que la aplicación del Código Penal de 1995 y su reforma posterior les impedirá salir a la calle durante décadas, según señala un alto cargo de la lucha antiterrorista.

La situación de este centenar de presos explica el retraso del colectivo de reclusos de ETA en asumir la legalidad penitenciaria y la reinserción individualizada que el Foro Social —organizaciones pacifistas internacionales— les había reclamado la pasada primavera y cuya respuesta había anunciado la izquierda abertzale para el otoño. La asunción de la legalidad penitenciaria les permitiría a los reclusos etarras acogerse a los beneficios de esta. “El colectivo de presos de ETA no se atreve a dar el paso de asumir la legalidad penitenciaria porque lo considera una traición al más de centenar de sus presos, condenados por el Código Penal de la democracia. ETA tiene un problema y por eso está paralizada”, señalan en la lucha antiterrorista.

Interior mantiene su posición de no acercar presos mientras no rechacen la violencia, no reconozcan el daño causado y no asuman responsabilidades económicas. Pero dice más: “ETA ha desaprovechado la oportunidad de disolverse por la ausencia de un liderazgo con prestigio. Si ETA se disuelve, la ley penitenciaria podrá aplicarse de otra manera porque habrán desaparecido las causas que la generaron”.

Las mismas fuentes son muy escépticas sobre las expectativas del desarme de ETA: “No sirve para nada porque no tenemos ninguna garantía de si es total o parcial. Ellos lo saben y su esfuerzo, que para ellos es grande porque es una cesión, resulta inútil. El desarme es más mediático que otra cosa. La clave está en su disolución”.

La parálisis incomoda a ETA, no al Gobierno. “El Gobierno se encuentra cómodo. La falta de movimientos de ETA perjudica a sus presos y a la izquierda abertzale, cada vez más incómoda con ETA”, señalan las fuentes de la lucha antiterrorista. El Gobierno cree, también, que no hay riesgo de que la banda regrese al terrorismo. “Está derrotada y lo sabe. Cuenta con unas pocas decenas de militantes, que no se mueven para que no les detengan. No captan nuevos militantes ni mueven material. No existe un liderazgo. Viven austeramente de las reservas que les quedaba de la extorsión. La inexistencia de estructura la ha llevado a la desaparición de la logística. Están muy débiles en el terreno operativo y las armas se oxidan. En realidad, la mayoría de la banda está en la cárcel”.

ETA es víctima de un modelo de organización “diseñado para ser grande y fuerte, con fuertes medidas de seguridad. Lo que les obligó a establecer mucha compartimentación. De modo que con cada detención desaparecía una cantidad ingente de personas, material e información que no se trasladaba a otros. Ha sido, en parte, víctima de sus propias medidas de seguridad”, señalan fuentes de la lucha antiterrorista.

Tampoco se contempla el riesgo de una escisión. “Las posibilidades son muy remotas. ETA no es Al Qaeda. Sus militantes no saben funcionar por libre como los terroristas islámicos. La banda siempre ha tenido a gala su disciplina orgánica. Si a tres zumbados se les ocurriera hacer un atentado, se les echaría encima ETA y la izquierda abertzale”.

El Gobierno considera que ETA perdió una oportunidad de oro de lograr un acuerdo de paz por presos. “Durante 30 años pudo lograr ese acuerdo con los diferentes gobiernos. Pero ellos lo despreciaron, la última vez en 2006, pensando que ese acuerdo venía por sí solo mientras buscaban objetivos políticos. Pero el tiempo ha pasado y ahora el listón está más alto”, concluyen fuentes de la lucha antiterrorista.