El juez pregunta a las partes si imputa ya a la Infanta tras cerrar la investigación

El juez del caso Urdangarin, José Castro, ha dado por cerrada la investigación sobre la economía particular de la infanta Cristina de Borbón y, de nuevo, ha abierto la incógnita sobre la eventual imputación de la hija del Rey a la que se opone el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. El juez solo tiene dos salidas: archivar esas diligencias o, como se presupone, dictar —en unas tres semanas— un nuevo auto para citar a declarar a la esposa del duque de Palma.

José Castro, durante ocho meses, ha indagado la existencia de indicios de un supuesto delito de blanqueo de capitales y/o delito fiscal en la actuación privada de la hija menor de los Reyes. Cuestiona el posible uso del dinero opaco o ilegal obtenido por su esposo Iñaki Urdangarin, a través de sus negocios millonarios del Instituto Nóos. La sociedad familiar de los Urdangarin-Borbón, la empresa Aizoon, pudo ser una pantalla para ocultar el origen de esos fondos familiares, según la tesis judicial. Urdangarin se enfrenta a una acusación por varios delitos fiscales y a otros de supuesta corrupción, que le pueden suponer una petición de más de 12 años de cárcel por el fiscal.

El instructor, con la ayuda de los trabajos directos de los inspectores policiales y los reiterados informes fiscales de la Agencia Tributaria, ha realizado un rastreo concreto de los gastos, cuentas y declaraciones fiscales de la Infanta y de la sociedad Aizoon. Tras el cierre de la investigación, Castro ha marcado ahora a las partes personadas en la causa un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre una nueva e hipotética citación de la hija del Rey como imputada. El pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias reclamará otra vez la implicación de la hija del Rey, tal como lo hizo en la primera ocasión en la que Castro imputó a la Infanta. La Abogacía del Estado, que también está personada, se opuso entonces.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, no responderá al envite del juez instructor porque ya expresó de manera diáfana, por segunda vez, su oposición a que la duquesa de Palma sea citada. Horrach no ve ilegalidad en los gastos privados de la infanta, según opina en base a los informes de la Agencia Tributaria y desde su propio criterio de primer acusador del caso Urdangarin.

El ministerio público sostuvo, semanas atrás, que no existe ni “un solo elemento de prueba que vincule a doña Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas”. Y reprochó al juez “las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación”. Esta posición de la Fiscalía parece inamovible. Aun cuando el juez impute a la infanta, por razones de estrategia jurídica, es improbable que el fiscal emita un nuevo pronunciamiento.

Las aportaciones periciales y de auxilio de la Agencia Tributaria y del grupo policial de Delincuencia Económica no respaldan, de entrada, la línea acusatoria, aunque el juez José Castro reivindica su autonomía instructora. En medios judiciales y de la fiscalía se supone que Castro, previsiblemente, tiene en mente llamar a declarar a la esposa de Iñaki Urdangarin de nuevo, aun con el rechazo directo de la fiscalía y la opinión técnica adversa de la Agencia Tributaria.

José Castro, en la primavera de 2013, llamó a declarar a la Infanta, pero la imputación fue bloqueada por la Audiencia de Palma “por su debilidad, su inconsistencia y carácter equívoco”. No obstante, la Audiencia supuso que pudo tener “conocimiento del origen ilícito y delictivo” del dinero y por esa línea siguió Castro su investigación.