El fiscal jefe de Baleares rebaja la acusación del ‘caso Formentera’

“Es uno de los casos más graves de corrupción de Baleares“, afirmó el fiscal Julio Cano ante la Audiencia de Palma en su alegato final sobre el caso Formentera o caso Mapau, el primer escándalo por el que se investigó al expresidente y exministro Jaume Matas del PP. El fiscal lamentó que “los peces gordos (las primeras figuras políticas) están en el mar” y que solo tres funcionarios fuesen juzgados, los “peces chicos”. Recalcó la gravedad penal que fue la presunta manipulación electoral del censo de Formentera con votantes emigrantes ausentes de Argentina y Uruguay, en los comicios autonómicos de 1999.

Los tres empleados públicos fueron juzgados por falsedad documental, por supuesta manipulación de la oposición de una agente electoral del entorno de Matas, Mapau Segura. Por este asunto el fiscal superior de Baleares, Tomeu Barceló, impuso su autoridad jerárquica a la mayoría de fiscales reunidos en junta. Al plantear la acusación para la apertura de juicio, el fiscal del caso, Julio Cano, y el núcleo de la mayoría de profesionales, con la Fiscalía Anticorrupción a su lado, sostenían que los hechos debían calificarse no solo por falsedad sino también por prevaricación. Este es un delito más duro que supone años de suspensión de los empleados públicos en caso de ser condenados. Cano no firmó el escrito de acusación en disconformidad. Ayer confirmó este episodio ahora desvelado. “De tiempo atrás”.

El ministerio público recordó que desde el Supremo, la Fiscalía ya “desautorizó”, durante la instrucción en 2002, a la Fiscalía de Baleares que sostuvo en bloque –en la época del fiscal jefe Antonio de Vicente Tutor, recién desaparecido- que la responsabilidad del caso correspondía la cúpula de supuestos altos responsables, expresidente de Baleares Jaume Matas, la hoy eurodiputada y antes diputada nacional Rosa Estarás, el consejero –ahora preso-, José Juan Cardona y el diputado Antoni Pastor. Estos y otros quedaron exonerados en la dilatada y prolija instrucción, amparados por la Fiscalía del Estado y el sector más conservador del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

“Era evidente e eminente la necesidad de imputar” a los primeros espadas del Gobierno y jefes del PP en la supuesta trama, recordó Julio Cano. El abogado defensor de los funcionarios, Eduardo Valdivia, coincidió en parte con la tesis del acusador público. Julio Cano lamentó la ausencia de “arrepentidos” en la causa y el juicio para destapar a los verdaderos culpables, los superiores que urdieron la trama. El abogado Valdivia por dos veces aludió a ‘El Padrino’ para decir que los tres del banquillo eran meras marionetas de la mano que movía los hilos, tras “un pacto secreto, oculto”. Para cerrar el guion, un testigo y alto funcionario señaló a un culpable, un ex alto cargo que estuvo imputado y que ya murió.

Otro testigo, Jaume Payeras, funcionario del Gobierno dijo saber que Mapau Segura y su padre Miquel Segura trabajan desde la Presidencia de Baleares con Jaume Matas y que “captaban votos de emigrantes mallorquines“. Mapau Segura, la aparente agente electoral cuya contratación manipulada se juzgó, dijo no conocer a Matas, no haber hablado nunca con él pese a viajar con él a Argentina para preparar las gestiones ante las casas emigrantes.

El escándalo surgió en las elecciones autonómicas de 1999, tras la llamativa aparición de numerosos nuevos votantes en el exterior, emigrantes, en el reducido censo de la isla menor de las Baleares.

La fiscalía vio indicios de malversación de caudales públicos en una operación ilícita para favorecer al PP desde su propio Gobierno balear. Los informes directos sobre los viajes gubernamentales a Argentina y Uruguay respaldaban las acusaciones. Matas y su guardia de corps quedaron implicados, bajo la lupa.

En asunto se centró en la supuesta corrupción de la contratación laboral de la persona que viajó para identificar y ayudar a inscribir y votar por correo a los emigrantes. En el primer Gobierno balear de Matas (1996-1999) se ideó una “operación de captación de votos” así como “una acción política adecuada”. Los emigrantes fichados y captados debían apoyar –en un sufragio postal- al PP en la demarcación de Formentera, aun sin tener arraigo.

Los votantes de Formentera eligen un solo diputado que ha sido clave en el Parlamento de Baleares diferentes legislaturas, ante una tradicional igualdad de bloques izquierda/derecha. Matas en 1999 perdió el poder y en 2000 fue rescatado por José María Aznar para que fuera ministro.

En el ámbito local el caso Formentera es llamado caso Mapau por Mapau Segura, hija del que fue asesor de los Gobiernos del PP, Miquel Segura. Articulista y autor de libros Segura era el supuesto maquinador de la identificación de emigrantes baleares. Mapau Segura fue contratada por el Gobierno Matas para trabajar en Argentina y Uruguay en relación con los emigrantes.