El juez investiga en siete ciudades de Argentina y Uruguay el 'caso Formentera'

El caso Formentera sigue vivo, sin cerrar ni resolver, seis años después de estallar en las elecciones autonómicas de Baleares de 1999. Durante este mes de febrero una comisión rogatoria judicial ha indagado el asunto en siete ciudades de Argentina y Uruguay. La nuez del escándalo político se relata en la causa abierta en aquella campaña electoral, que alude a una posible operación delictiva para captar votos por correo de emigrantes en Argentina y Uruguay.

La acusación quiere demostrar una presunta intención para favorecer al PP y a su candidato, el presidente del Gobierno balear Jaume Matas (1996-99), luego ministro de Medio Ambiente (2000-2002) y desde 2003 otra vez mandatario regional.

En la isla de Formentera se elige un diputado balear, que suele ser determinante en la formación de la mayoría. El PP, partido casi hegemónico en la comunidad desde 1983, fue derrotado hace seis años, por única vez en la autonomía, por una alianza nacionalista y progresista que tejió Francesc Antich, del PSOE, quien en 2003 regresó a la oposición tras ser derrotado en las urnas.

Durante todo febrero la investigación y el proceso judicial -que se ha dirimido en diligencias en un juzgado de instrucción de Ibiza, en el Tribunal Superior de Baleares, en Palma, y en el Tribunal Supremo, en Madrid- han devenido ambulante e internacionalmente. El juez, el fiscal y los abogados de las partes han permanecido en Argentina y Uruguay interrogando a unos 85 testigos, casi en su totalidad votantes en aquellos comicios, para conocer en qué condiciones decidieron censarse y votar en Formentera. Todos los votos menos dos, que fueron declarados nulos, remitidos en 1999 desde aquellos países a la decisiva isla menor fueron para la lista del PP.

Siete imputados

En la instrucción se contemplan presuntos delitos electorales, de falsedad documental y de malversación de caudales públicos, y se mantienen como imputadas a siete personas, tras negar el Tribunal Supremo en octubre de 2002 investigar "por ahora" a Jaume Matas y a Rosa Estarás, ex diputada nacional y, desde 2003, de nuevo consejera autonómica y vicepresidenta con Matas. Los implicados actuales son el consejero de Comercio del Gobierno de Matas, José Juan Cardona de Ibiza; el diputado y alcalde de Manacor, Antoni Pastor; el director de la empresa que hará los informativos de la televisión autonómica de Baleares y ex jefe de prensa de Matas, Javier Mato, y otros cinco actores no directamente políticos.

La comisión rogatoria que ha estado indagando durante más de cuatro semanas ha estado integrada por el juez instructor, Antonio Monserrat; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Baleares, Bartolomé Barceló; el defensor del PP, Rafael Perera, y los dos letrados de la acusación, Ascensión Joaniquet y Miquel Àngel Mas, que patrocinan PSOE, IU y PSM.