Cuando reivindicar es una falta grave

Ser sindicalista en la Guardia Civil es el camino más recto al expediente disciplinario, a juzgar por la epidemia de sanciones que sufre la principal asociación del instituto armado, la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil), con 33.000 afiliados en sus filas. La suma de faltas graves, 35 en dos años con el PP y otras 20 en dos años del PSOE, afecta a una buena parte de sus delegados, hasta el punto de que tienen dificultades para nombrar dirigentes por miedo a los castigos.

El caso no tiene comparación con otras asociaciones de este tipo en España. “Muchas propuestas de sanción son ridículas. Y, aunque los expedientes no llegan muy lejos”, afirma un portavoz de la AUGC, “consiguen que el afectado esté preocupado durante el tiempo que dura el proceso o nadie quiera tener la responsabilidad de un cargo en la organización”.

Este es el caso de un secretario provincial que denunció ante la prensa que a dos compañeros de la agrupación de Tráfico se les había retirado una parte del sueldo por no cumplir un número de multas al mes. Tras la rueda de prensa se le comunicó que se le abría un expediente por falta grave, que podía suponer una sanción de entre 5 y 20 días de sueldo y de hasta tres meses de suspensión de empleo con pérdida de destino. El sindicato informó, en otra rueda de prensa, de la apertura de dicho expediente, acto en el que el afectado estaba presente pero no llegó a intervenir. Resultado: se le abre un segundo expediente por falta grave. “Se busca la manera de tenerme en vilo”, explica por escrito este agente. “¿Cómo le cuento yo a mi mujer que nos tenemos que ir destinados a otro sitio por mi actividad sindical?”.

Por regla general, las sanciones se imponen por aparecer en conferencias de prensa o en entrevistas. Así sucedió con tres expedientes en tres meses al secretario jurídico de la AUGC en Cádiz. Igual procedimiento se aplicó sobre el secretario general de Córdoba, con dos expedientes por falta leve, uno por hacer declaraciones en la prensa y otro por escribir un artículo sobre la Constitución de 1812.

En el caso de uno de los expedientes al secretario de Cádiz se produjo una curiosa anécdota: el secretario pregunta por el conducto ordinario cuál debe ser el procedimiento del control de alcoholemia en el caso de un día de lluvia. Se le sanciona por hacer esa pregunta. En el expediente sale a relucir el origen del caso, que fue un control realizado en una fecha determinada: el sargento asegura que hacía un día soleado y los cuatro agentes, entre ellos el secretario, que llovía bastante.

Uno de los casos más graves le sucedió al secretario jurídico de la AUGC en Melilla, a quien se le cambió de destino sin aviso previo, pasando de un puesto en los juzgados a una garita en la frontera con Marruecos. El citado agente sufre diabetes y elevó una queja por el mal estado de la garita, queja que motivó un expediente. Mientras se tramitaba, el agente sufrió un coma diabético estando de servicio, hecho que está siendo investigado.

Todas estas sanciones arrancan del último periodo del Gobierno socialista, cuando tanto PSOE (con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior) como PP coincidían en una estrategia de profundización del carácter militar de la Guardia Civil. Un portavoz de la Guardia civil manifestó que la actividad sindical no está reconocida y que estas sanciones “siguen las vías legales” y no se trata en ningún caso de “medidas de tipo político”.