El Gobierno lleva a la Audiencia seis ‘homenajes’ a excarcelados de ETA

El Gobierno ha decidido dar un paso adelante para aplacar los reproches de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de una facción del PP tras la excarcelación de decenas de etarras en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que calificó de “detención irregular” la permanencia de estos en prisión.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha trasladado a la fiscalía de la Audiencia Nacional la celebración de seis actos de recibimiento a otros tantos etarras excarcelados, por si estos fueran constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo o hubieran vulnerado la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció que la fiscalía actuará con “escasa tolerancia” con relación a “cualquier manifestación que ponga de manifiesto ningún respeto para las víctimas de delitos tan graves como el terrorismo”. Torres-Dulce señaló que el Ministerio Público “está presto a examinar cualquier manifestación que atente contra los derechos individuales y fundamentalmente ante unos posibles delitos y hechos tan graves”. Y advirtió: “Lo haremos con imparcialidad y con la más estricta sujeción al principio de legalidad”.

Torres-Dulce no habló de la tramitación incondicional de las denuncias, ya que señaló que se “examinarán”. En cualquier caso, mantiene la línea del ministerio público, que, ante el Tribunal Constitucional, se ha opuesto a que se otorgue amparo a Arnaldo Otegi y al que fuera secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, condenados y encarcelados por su intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune.

Después de que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, anunciara la presentación de una denuncia en la Audiencia Nacional para que se investigue el posible delito de enaltecimiento del terrorismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apoyó la decisión de la delegación del Gobierno al considerar que existen “indicios de criminalidad”, a la vez que calificó de “indignantes” y “aberrantes” los actos de recibimiento a los presos. “Si entiende como entiende el Gobierno que estos hechos indiciariamente son constitutivos de delito, [pedimos a la Fiscalía que] inicie las acciones penales correspondientes”, señaló Gallardón.

No obstante, en los dos últimos años, desde el cese de la violencia de ETA, las denuncias por enaltecimiento del terrorismo, impulsadas desde el ministerio público, se han incrementado de forma notable, según fuentes de la Audiencia Nacional, que indicaron que posteriormente la proporción de absoluciones es igual de notable.

El último caso que tumbó el Tribunal Supremo (ratificando la absolución de la Audiencia Nacional) se produjo este mismo mes, cuando, a instancias de la fiscalía, fueron juzgadas cuatro personas por enaltecimiento del terrorismo, por mostrar fotografías de presos de la banda terrorista durante una carrera popular en Gipuzkoa.

En sus propias sentencias, la Audiencia Nacional ha plasmado el argumento del legislador al incluir en el Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo: “No se trata (…) de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aun, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”.

Tampoco los tribunales consideraron enaltecimiento la participación de Otegi, en 2005, en un acto, en Amorebieta, en el que comparó al preso de ETA José María Sagarduy con Nelson Mandela y llamó a los terroristas de ETA “luchadores vascos”.

De momento, los actos denunciados son los correspondientes al recibimiento de Inmaculada Pacho Martín, en Bilbao; Juan Manuel Piriz López, también en Bilbao; Juan Ignacio Delgado Goñi, en Legazpi (Guipúzcoa); Javier Martínez, en Galdakao (Vizcaya); Pagoa Zulueta Vázquez, en Leioa (Vizcaya), y José Legorburu Guerediaga, en Amorebieta (Vizcaya).

El último caso fue el de Inmaculada Patxo, que fue puesta en libertad el martes. La etarra acudió el miércoles a la calle Somera, en el casco viejo de Bilbao, donde un centenar de personas la acogió con aplausos y gritos de “amnistía total para los presos vascos”. Después se introdujo en un bar. El acto duró unos diez minutos.

El delegado del Gobierno en el País Vasco considera que el acto “supone alardear de una conducta que vulnera la ley y humilla intencionadamente a las víctimas del terrorismo”, que “viven con estupor cómo una parte de la sociedad vasca aplaude lo que han sido comportamientos terroristas que han provocado muerte, extorsión y mucho dolor”.

Carlos Urquijo mostró su confianza en que la justicia actúe contra este tipo de “actitudes y comportamientos que aplauden el pasado sangriento de los expresos”, que “no muestran ni una pizca de arrepentimiento por el daño causado, y que son propios de quien está aún muy lejos de asumir la democracia, sus principios y el respeto al que piensa distinto”. En todos los casos, Urquijo considera que se podría haber vulnerado lo previsto tanto en la ley nacional como en la vasca sobre reconocimiento y protección integral a las víctimas, e incluso ser constitutivo de “descrédito, menosprecio o humillación” de las víctimas o de sus familiares, que el Código Penal castiga con hasta dos años de prisión.