Ruz se planta ante la tardanza policial en el ‘caso Bárcenas’

Las resoluciones judiciales apenas dejan traslucir el estado de ánimo de los jueces que las dictan. Sin embargo, la lectura del último escrito del juez Pablo Ruz deja en evidencia que el instructor del caso Bárcenas está molesto con la policía. El magistrado emitió este martes una providencia —resolución para asuntos de orden secundario— en la que se planta ante la tardanza de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en entregarle un informe “imprescindible” para la investigación sobre la financiación irregular del PP.

El magistrado reclama a la policía que “de forma urgente y en todo caso en el plazo improrrogable de tres días” le entregue el informe sobre las sociedades de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que remodeló la sede central del PP, en la madrileña calle Génova. Según el extesorero popular Luis Bárcenas, Urquijo cobró en negro los trabajos de reforma del edificio. Según la contabilidad secreta de Bárcenas, el interiorista cobró 637.000 euros en b entre 2006 y 2008 a través de su empresa Unifica. Esta cantidad arroja una supuesta defraudación tributaria de más de 120.000 euros y le convierte en el único perceptor de fondos de las cuentas de Bárcenas que supuestamente cometió un delito fiscal.

El magistrado ordenó a la policía el pasado 27 de septiembre que registrara la sede de Unifica, y el 1 de octubre pidió a los investigadores que “a la mayor brevedad” le remitieran un informe sobre los documentos intervenidos en esa inspección. Ese informe nunca llegó a la mesa del magistrado y, por ello, el 25 de octubre, este reiteró el requerimiento.

En esa ocasión, Ruz pedía a los investigadores policiales que cruzaran y compararan los documentos incautados en las oficinas de Urquijo con el resto de información del sumario, en especial con la remitida por el PP sobre la remodelación de su sede central. Este informe, en el que Ruz pedía a los agentes de la UDEF que propusieran nuevas actuaciones de investigación, también está pendiente de entrega.

El magistrado le recuerda a la policía que el informe solicitado es “imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación”. Ruz quiere examinarlo antes de citar nuevamente como imputado al arquitecto Urquijo. Por ello reclama a la UDEF que se lo entregue en el plazo de tres días. Y advierte al responsable de la unidad especializada que en caso de no poder entregarlo en ese plazo le explique los motivos del retraso.

Fuentes policiales afirmaron este martes a este periódico que están trabajando en la elaboración del estudio solicitado por el juez Ruz, y que todavía no está terminado debido a que la UDEF tiene pendientes de entregar muchos otros informes. “Se lo enviaremos cuanto antes”, añaden las mismas fuentes. La UDEF es una de las unidades policiales cuya cúpula ha sido remodelada en las últimas semanas por el Ministerio del Interior.

La segunda parte de la providencia redactada por Ruz tiene que ver con la investigación del soborno de 200.000 euros supuestamente entregados por la empresa Sufi, filial de la constructora Sacyr, al PP de Castilla-La Mancha para sufragar la campaña de Dolores de Cospedal a la presidencia de esa comunidad. Según el extesorero Bárcenas, la empresa donó este dinero a principios de 2007 como comisión a cambio de recibir el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana de Toledo capital. Bárcenas aportó a la investigación un recibí en el que el gerente del PP manchego, José Ángel Cañas, reconocía haber recibido los 200.000 euros, aunque este declaró al juez Ruz que firmó ese papel presionado por el extesorero nacional, entonces su jefe en el partido.

El magistrado informa a las partes de que el Ayuntamiento de Toledo, ahora gobernado por el PSOE, ha remitido el expediente completo del contrato de basuras. Ruz pide a la Intervención General del Estado (IGAE) que elabore un informe sobre distintos aspectos de la tramitación del expediente y de la ejecución del contrato con Sufi. El magistrado quiere saber cuáles fueron los criterios económicos y técnicos que aconsejaron adjudicar el contrato a la empresa dirigida entonces por Luis del Rivero y ahora por Manuel Manrique, ambos imputados. También le llama la atención que la contrata de recogida de residuos urbanos suponía un incremento del 28,8% en el precio del servicio.

Asimismo, Ruz requiere a Sacyr que en cinco días le entregue el organigrama de todo el grupo empresarial, con especial atención a las personas de Sufi que participaron en la tramitación del contrato de basuras.

Finalmente, el magistrado demanda al PP que identifique en el plazo de cinco días al tesorero de la organización en Castilla-La Mancha.