“¿Por qué el juez no quiere escuchar a un menor burkinés expulsado?”

Mohamed Camara, guineano, e Ibrahim Sare, burkinés, eran en 2012 menores de edad, tutelados por la ciudad de Melilla, y estaban alojados en el centro de la Purísima. Cuando, el 14 de noviembre, acudieron a hacer una visita al CETI de Melilla fueron apresados por dos hombres de paisano que les trasladaron hasta Mariguari, un punto de la verja adyacente al sector A 13, un lugar discreto donde no hay ninguna cámara de vigilancia de la Guardia Civil.

No tardaron en aparecer sus agentes “con dos vehículos y dos motos”, según relató Camara por teléfono a este corresponsal el 20 de noviembre pasado. Un agente abrió con llave la portezuela que da acceso a Marruecos y ambos chavales se vieron obligados a cruzarla. Habían sido expulsados tras meses de estancia legal en España.

Las devoluciones en caliente afectan a subsaharianos que han saltado la valla o entrado por mar y a los que se les echa el guante antes de que acudan a la comisaría, donde son identificados antes de ingresar en el CETI. Aquellos dos hombres que detuvieron a los menores africanos debieron pensar que aún no había efectuado esos trámites. Fue un enorme error.

Alarmadas por el problema que se les podía venir encima, las autoridades intentaron traerles de vuelta a Marruecos. El comisario jefe de Melilla, Ángel Riesco, reconoció en su momento haber efectuado “gestiones humanitarias”. El policía adscrito al consulado de España en Nador, la ciudad colindante con Melilla, les localizó y se reunió con ellos para estudiar fórmulas para organizar su regreso. No prosperaron. Sare, el pequeño de los subsaharianos, volvió a Melilla por sus propios medios.

La ONG melillense Prodein puso los hechos en conocimiento del ministerio público y el Defensor del Pueblo envió un requerimiento a la Jefatura Superior de Policía. Esa doble expulsión puede ser constitutiva de varios delitos: vulneración de la ley del menor, detención ilegal y abandono de menores. Después Sare presentó una denuncia y, finalmente, Andalucía Acoge y la Asociación Unificada de Guardias Civiles se sumaron a ella como acusación popular y particular.

“El juzgado de instrucción la archivó sin haber efectuado ninguna diligencia, sin haber llamado a declarar al chaval ni haberle enseñado fotos de guardias presuntamente implicados en aquella expulsión”, se sorprende José Luis Rodríguez, abogado de Andalucía Acoge.

“Recurrimos el archivo y esta vez el juzgado sí encomendó una investigación… a la Guardia Civil y, al poco tiempo de recibirla, volvió a archivar” la denuncia, se indigna Rodríguez. “¿Por qué no pidió que investigase a la policía, que no está aparentemente involucrada en la expulsión?”, se pregunta. “¿Por qué no llama a declarar a Sare?”.