UPyD denuncia que Bildu cambia “a limpios” por “ilegalizados”

Hubo un tiempo en el que ciudadanos elegidos en sus pueblos del País Vasco para representar normalmente al PP o al PSOE como concejales tenían que abandonar el cargo e incluso la comunidad autónoma vasca y navarra. “El hostigamiento” al que eran sometidos por el entorno de ETA, “la persecución” y la amenaza” les llevaron a abandonar el puesto. Este recordatorio le sirve a UPyD como explicación del porqué se cambió la Ley General Electoral (LOREG) de manera que si se daba esa circunstancia esos concejales o altos cargos pudieran ser sustituidos por otros. Ahora este grupo pide al Gobierno que cambie la ley porque con ella Bildu está cometiendo fraude al estar sustituyendo a quienes fueron en las listas, independientes sin vinculación con Batasuna, por miembros de organizaciones ilegalizadas. Se está “pervirtiendo” el uso de la ley al menos en 24 sustituciones que el partido que dirige Rosa Díez tiene detectados.

Este sería el procedimiento: “Un concejal electo renuncia y nadie de los siguientes en las listas electorales lo sustituye por lo que acogiéndose al artículo 182.2 de la LOREG se eligen a otras personas que no concurrieron a las elecciones”. Estas personas, siempre según la exposición de motivos de su proposición no de ley, recurre a cuadros y dirigentes de organizaciones ilegalizadas, “por su vinculación a ETA”, para formar su administración municipal. De esta manera, se pone en evidencia “el papel meramente instrumental de los independientes que encabezaron sus listas electorales en las pasadas elecciones municipales". Además, UPyD insta al Gobierno, en esta misma iniciativa, a la ilegalización de Bildu.

Ese cambio de la ley electoral se produjo en marzo de 2003, en su artículo 182, para facilitar que "los partidos políticos perseguidos por ETA pudieran sustituir a los ediles que dejaban la actividad política porque no podían soportar las amenazas y los atentados de la banda terrorista”, recuerdan en UPyD. A raíz de las elecciones municipales de 2011, “se está pervirtiendo” el fin y los objetivos de la ley.

“Bildu ha conseguido nombrar como ediles en 19 Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra a 24 concejales que no figuraban en sus listas en las elecciones municipales de mayo de 2011, sustituyendo de esta manera candidatos “limpios” (que habían pasado el filtro legal) por otros de su plena confianza”.

Según los datos de UPyD, de ellos al menos un tercio tuvieron una vinculación directa con la extinta Batasuna, “bien porque en 2007 fueron en listas de ANV y agrupaciones independientes ilegalizadas por el Supremo o porque anteriormente fueron concejales de Euskal Herritarrok o Herri Batasuna”. Esta es la explicación que ofrece UPyD para que el Gobierno lo tenga en consideración.

Esta práctica sería suficiente, a decir de UPyD , para “posibilitar el inicio de un nuevo proceso de ilegalización” al estar incurriendo con esta maniobra en un claro fraude de ley”. Esta argumentación conduce a UPyD a plantear el debate y la votación en el pleno del Congreso sobre la reforma en el plazo máximo de tres meses de la ley electoral para impedir que pueda producirse el fraude que, a su juicio, se produce en el País Vasco y Navarra. Y, además, se pide “iniciar el procedimiento para ilegalizar a la coalición Bildu”. Se recuerda que el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de mayo de 2011 mantuvo la necesidad de vigilar la trayectoria de Bildu.