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FRANCISCO ALONSO | TRES DÉCADAS TRABAJANDO EN PRISIONES

“Henri Parot estuvo dos días llorando en su celda y temíamos que se suicidara”

Francisco Alonso lleva tres décadas trabajando en las prisiones

El jurista de la prisión de Topas (Salamanca) evoca los momentos más tensos de las cárceles

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Francisco Alonso, jurista de la prisión de Topas, en Salamanca, posa delante del centro el pasado viernes.

Henri Parot no dejó de llorar tras su detención. Los funcionarios que le vigilaban en su celda de la extinta cárcel de jóvenes de Carabanchel no le quitaron los ojos de encima. Temían que se suicidara. El terrorista, uno de los más sanguinarios de la historia de ETA (tiene casi 5.000 años de condena por 26 asesinatos), llegó derrumbado a la prisión. Poco antes había sido detenido en un control de la Guardia Civil cerca de Sevilla. Fue el 2 de abril de 1990. Iba en un coche cargado con 300 kilos de amonal y pretendía causar una masacre en la capital andaluza. Fue la noticia del mes.

El entonces director general de Instituciones Penitenciarias, el socialista Antonio Asunción, llamó a uno de sus hombres de confianza, a Francisco Alonso (en sus 33 años de ejercicio profesional, Alonso lo ha sido casi todo en Prisiones: educador, director y alto cargo). “Vete para allá, que han detenido a Henri Parot, y controla que no pase nada”. Aunque Parot tenía entonces 32 años, inicialmenet lo llevaron a la cárcel de jóvenes del Carabanchel. Allí le recibió Alonso. “No parecía el hombre que había batido récords de asesinatos, incluidos varios niños en la casa cuartel de Zaragoza. Llevaba melena y barba, y se le veía deseoso de hablar. Y no paró de hacerlo durante una media hora. Yo me limité a oírle. Y luego, cuando lo llevamos a la celda, se puso a gemir: se pasó así 48 horas. Los funcionarios nos llamaban preocupados por si se suicidaba”, evoca Alonso. “Decía que lo habían maltratado y se explicaba precipitadamente. Un buen rato después, al ver que yo daba instrucciones a otros funcionarios, se detuvo y me dijo: ‘¿Y tú quién eres?’ [le había confundido con un abogado]. ‘Yo soy el director’, respondí. Entonces agachó la cabeza y ya no volvió a abrir la boca”, recuerda. Para filiarle, hasta en cinco ocasiones hubo que preguntarle por su segundo apellido. “Parot”. “Bien”, replicaba Alonso, “¿y cuál es el segundo?” Silencio.

Presos de El Puerto degollaron a otro y mostraron su cabeza tras las rejas

Había que rellenar la casilla del segundo apellido en la ficha carcelaria y se resistía, aunque acabó soltándolo: “Navarro”. Parot es argelino nacionalizado francés y de padres vascofranceses. “Me sorprendió que alguien con ese historial tan sanguinario se mostrará tan acobardado”, señala Alonso.

23 años después, su nombre ha vuelto a pasearse por los telediarios. Es el que ha dado nombre (Parot) a la doctrina que ideó in extremis el Supremo para que presos como él, con decenas de muertes a sus espaldas y cientos de años de prisión a cuestas, no salieran al cumplir en torno a 20 años merced a los beneficios penitenciarios que establecía el Código Penal de 1973 y que cambió el de 1995. El Tribunal de Estrasburgo acaba de anular esta doctrina. Las leyes penales no son retroactivas, concluye.

La reforma que liberó a 9.000 presos

En 1982, cuando el PSOE llegó al poder, las cárceles estaban llenas de presos preventivos (que no habían sido sentenciados, sino que estaban a la espera de ser juzgados). Había en España unos 23.000 reclusos, la mital de los cuales estaban en esa situación, según declaró en el Congreso el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma.
Ledesma impulsó una reforma urgente del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya consecuencia más inmediata era la excarcelación de todos aquellos que llevaran más de 18 meses en prisión preventiva. Así, unos 9.000 presos quedaron libres, aunque nunca hubo una cifra oficial. También recuerda el actual jurista de la cárcel de Topas, Francisco Alonso, aquella reforma legal, que creó cierta inquietud en la calle ante la avalancha de presos que de un día para otro podían quedar libres, pero que implicaba la llegada de nuevos aires democráticos a las cárceles. La llamada reforma Fernando Ledesma chocó desde su inicio con áreas colindantes muy poderosas, sobre todo la de Interior y a veces Defensa. Interior y el PP atribuyeron el aumento de la inseguridad ciudadana a la excarcelación masiva de delincuentes.
Ledesma fue obligado posteriormente a dar marcha atrás, modificando en sentido restrictivo las condiciones para la libertad provisional. Se le llamó la contrarreforma Ledesma, que endureció las condiciones para la libertad provisional. 

Alonso, de 56 años (tres licenciaturas universitarias, una de ellas la de Derecho) es actualmente el jurista (abogado) de la cárcel salmantina de Topas. Allí conviven unos 30 presos de ETA junto con todo tipo de criminales. Él es quien les informa de sus condenas. Y es miembro de la junta de tratamiento, la que informa a favor, o no, de los permisos y clasifica a los internos según su peligrosidad. En la cabeza de Alonso anida la reciente historia de las prisiones españolas. También la parte más negra. Le toco vivir aquella etapa gris, posfranquista, en la que el Estado recluía a los etarras en una misma cárcel. Todos juntos. Por ejemplo, en las de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) o Soria. “Aquellos sí eran tipos duros. Les dábamos los productos y ellos mismos se hacían la comida. No daban problemas y se autogestionaban en todo, y muchas tardes celebraban asambleas. Vivían como en una comuna. Nosotros solo estábamos para abrir o cerrar las puertas. Para cacheos y registros había una unidad especial de la policía”.

Rememora Alonso un episodio ocurrido en la cárcel de Soria al día siguiente del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Se le acercó un poli-mili de ETA, asturiano, y le dijo, asustado: “Por favor, cerrad bien las galerías y no dejéis entrar a la policía”. Alonso considera que la dispersión de etarras entre las cárceles, acometida en 1989, fue un acierto, a pesar de la posterior y virulenta reacción de ETA.

Como educador, director y ex alto cargo de Prisiones, Alonso también ha vivido algunas de las etapas más sobrecogedoras de las cárceles españolas. Solo unas horas después de ser nombrado director de la prisión de jóvenes de Carabanchel se le amotinaron 150 reclusos (de hasta 21 años). Se subieron a los tejados exigiendo una mejora de las condiciones carcelarias. Eran muchachos, recuerda, “duros y muy conflictivos, procedentes algunos de los poblados de la periferia de Madrid, consumidos por la droga y emuladores de El Torete, el Vaquilla o El Jaro. No hubo muertes, pero aquel día la Guardia Civil efectuó disparos reales al aire”.

Alonso tampoco olvidará el día en que, en la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz), en pleno verano, un grupo de presos se amotinó y exhibió desde los barrotes la cabeza degollada de un interno al que habían asesinado. Querían fugarse. O el día en que, en la de Huesca, otros internos rodearon con sogas los cuellos de varios funcionarios y los sentaron al borde de una terraza. El director de la cárcel, contra el criterio de sus jefes en Madrid, que le pedían que esperase porque los Geo estaban de camino, accedió a ponerles un coche en la puerta del centro. Los cabecillas se fueron en él, con rehenes. Luego pillaron a todos en 48 horas, pero aquellos eran momentos de fuertes tensiones en las cárceles, indica Alonso. En la prisión de Foncalent (Alicante), durante otro motín, y para empezar a hablar, lanzaron a un muerto desde una azotea a los pies de los negociadores de Prisiones.

Alonso tiene una fotografía evolucionada de las cárceles y su transformación “para mejor”. En sus inicios tuvo a condenados a muerte, como José Luis Cerveto, que asesinó en mayo de 1974 a Juan Roig y María Rosa Recolons, un matrimonio de clase alta para los que trabajaba de mayordomo, en venganza porque le habían despedido. Recuerda Alonso que cada vez que se le acercaba el patíbulo, Cerveto bebía tragos de lejía. Lo llevaban al hospital y se interrumpía la ejecución. Para darle garrote vil, la norma decía que tenía que estar curado.

La llegada a España de la democracia, y la Constitución de 1978, le salvaron la vida: se abolió la pena de muerte. Y se benefició de que las normas penales únicamente son retroactivas si favorecen al reo. Al contrario, no.

Un interno escapó de la pena de muerte bebiendo lejía