El PSOE intenta aparcar el debate territorial en su Conferencia Política

El próximo fin de semana, el PSOE someterá a debate en una gran Conferencia Política en Madrid su proyecto "para la próxima década", una suma de ideas de siempre y propuestas nuevas en la que los socialistas llevan trabajando nueve meses. A esa conferencia asistirán 750 miembros del partido y 250 representantes de colectivos sociales, que debatirán y votarán en igualdad de condiciones para dar forma al ideario del PSOE. Hay, sin embargo, un asunto que no se someterá formalmente a debate: el nuevo modelo territorial federalista que el PSOE pactó el pasado julio con el partido que le representa en Cataluña, el PSC, en medio de la oleada independentista en esa comunidad. Esa propuesta, una de las de más calado que el partido ha hecho en décadas, no figura en la ponencia marco ni está previsto que se trate en ninguno de los seis foros abiertos y cuatro comisiones que trabajarán durante los tres días de encuentro.

"Eso ya se aprobó y no admite más variaciones", afirma Ramón Jáuregui, coordinador de la conferencia. "El modelo territorial está cerrado y bien cerrado con quien se tenía que cerrar: con los dirigentes del PSOE en los territorios", zanja el secretario de Organización, Óscar López.

La dirección —encabezada por el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba— sostiene que este era el esquema previsto y que, además, entre las 12.617 enmiendas presentadas a la ponencia marco, apenas "una decena" se refiere al modelo territorial y "ninguna cuestiona" la apuesta federal que ha abrazado el partido este año.

El debate territorial estará, por tanto, fuera del orden del día oficial de la Conferencia Política. Pero es probable que sobrevuele el encuentro, porque la conferencia llega en un momento de máxima tensión por el órdago soberanista en Cataluña y cuando ha vuelto a surgir de forma abrupta en el PSOE el debate sobre si se debe romper con el PSC y montar una federación socialista catalana.

Hay muchos otros asuntos que sí estarán sobre la mesa: propuestas que los socialistas han ido aprobando en estos meses y que ahora conforman una ponencia final de 385 páginas.

El melón de la reforma constitucional.

En el PSOE ha habido muchas otras conferencias políticas, la última hace dos años, pero esta se considera histórica por el nivel de participación que ha tenido —por primera vez, la ponencia marco se ha abierto previamente a aportaciones de militantes y ciudadanos— y el momento crítico que vive el partido tras la debacle electoral de 2011. También por el alcance de las propuestas, incluida una reforma constitucional. "La derrota de 2011 exige reconocimientos y rectificaciones", dice Jáuregui. "Además, el mundo ha cambiado, la izquierda necesita revisar sus parámetros y los problemas de la sociedad española tampoco son los que configuraron los proyectos socialdemócratas en los últimos 35 años. Todo esto obliga al PSOE a liderar un proceso reformista en España, algo parecido a lo que propuso Felipe González en 1982", añade.

Ese proceso reformista se traduce esta vez en una propuesta de reforma de la Constitución —inédita en tres décadas— que los socialistas plantearon como puntual y ha acabado siendo múltiple. La modificación de más alcance, la de la organización territorial —para dar una "singularidad" mayor a Cataluña—, no está en la ponencia. Pero a esa, que fue la original, se han ido sumando otras en estos meses: para convertir en derecho fundamental la sanidad pública, para crear un "fondo de garantía del Estado del bienestar", para extender y facilitar el voto de inmigrantes en elecciones municipales, para consagrar específicamente en la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres o para introducir "un concepto de familia amplio".

Giro a la política fiscal y económica.

Los socialistas defienden la creación de un nuevo impuesto sobre la riqueza (que aúne los de IRPF y Patrimonio para evitar el fraude en este último), eliminar deducciones y fijar un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades (ahora muchas grandes empresas no llegan al 8%) y crear dos impuestos a los bancos, sobre los pasivos y sobre los bonus de los directivos. La responsable de Economía del partido, Inmaculada Rodríguez-Piñero, sostiene que esa reforma tributaria que propone el PSOE no supondrá "subir los tipos" sino "que quienes ahora no pagan, paguen". En el apartado económico y de mercado laboral, que ha coordinado Valeriano Gómez, la ponencia propone, por ejemplo, que se pueda compatibilizar durante un tiempo el trabajo por cuenta ajena y el cobro del subsidio de paro; y plantea un "pacto de rentas" entre patronal y sindicatos para reducir beneficios si se reducen salarios.

Matiz a los 'referendos a petición popular'.

En el capítulo de regeneración democrática, la ponencia marco recoge propuestas avanzadas estos meses como las listas electorales semiabiertas —algo que ya había defendido el PSOE en la Conferencia Política de 2011 y que requiere cambiar la Ley Electoral—, el endurecimiento de las incompatibilidades de cargos públicos y la prohibición de las donaciones privadas a partidos políticos. También las listas electorales cremallera, con idéntica presencia de hombres y mujeres en puestos de salida, que la secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié, quiere aplicar ya en las próximas elecciones europeas. El PSOE defiende también una mayor apertura del Parlamento, facilitando por ejemplo la presentación de iniciativas legislativas populares. Se ha caído de la ponencia, sin embargo, una propuesta que se hizo en mayo: la posibilidad de que el Congreso estudie la convocatoria de referendos a petición no del Gobierno sino de "los ciudadanos". La dirección del partido afirmó desde un principio que esa propuesta no tenía nada que ver con el debate de la consulta soberanista en Cataluña, pero por si acaso generaba dudas se ha matizado. Ahora se habla de "ampliar las materias" y "estudiar qué otros actores" pueden solicitar un referéndum.

Enmiendas: muchas sobre derechos sociales, apenas 53 sobre la República.

Casi la mitad de las 12.617 enmiendas recibidas en los últimos meses y que ha coordinado el diputado Pedro Sánchez se han dirigido al apartado de "democracia". Un 20% ha versado sobre propuestas económicas, un 13% sobre bienestar social y cerca del 20% son enmiendas sobre el funcionamiento interno del PSOE. Sánchez asegura que apenas 53 enmiendas plantean un debate sobre la forma política del Estado: algunas pidiendo la República, y otras, más transparencia en la Monarquía (aunque muchas no son enmiendas individuales sino que representan a colectivos: por ejemplo, a Juventudes Socialistas). Hay también 33 enmiendas reclamando un mayor compromiso del PSOE con la laicidad, frente a cientos que piden consolidar derechos sociales en peligro, blindar la sanidad pública, la educación o las ayudas a la dependencia. Algunos grupos de enmiendas han sorprendido a la dirección socialista: Sánchez señala, por ejemplo, que han llegado varias que piden el contrato único (que el PSOE rechaza) para acabar con la dualidad fijos-temporales del mercado de trabajo. "Ahí va a haber debate", augura.