Avalancha de enmiendas para subir pensiones, servicios sociales e I+D

El rechazo de las 11 enmiendas de devolución a los Presupuestos Generales del Estado con el voto del PP marcó el comienzo de la discusión de las cuentas públicas. Ahora la batalla de la oposición se va a librar enmienda a enmienda para tratar de mover y cambiar partidas del Gobierno por las suyas propias. Todo terminará a últimos de diciembre, pero la batalla continúa. Los grupos parlamentarios tratarán de que las pensiones suban al menos el 1,5% y no el 0,25% que figura en los Presupuestos; de que haya una mayor dotación para Sanidad y Educación, así como para Investigación e Innovación, según figura en las enmiendas parciales a las cuentas del Estado cuyo plazo de presentación acaba de terminar.

Los grupos nacionalistas CiU, PNV, Coalición Canaria–Nueva Canaria y BNG, comparten con los demás partidos de la oposición las reivindicaciones anteriores pero tienen su propio bloque de enmiendas para demandas concretas de Cataluña, País Vasco, Canarias y Galicia. Las rebajas para la Casa Real forman otro bloque que firman Izquierda Plural, UPyD, ERC y BNG.

Hay un hilo conductor en las más de dos mil enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios a los Presupuestos del Estado de 2014 por secciones que conduce a las políticas sociales y a las pensiones. Solo el PSOE ha elaborado 1.100 enmiendas que pretenden movilizar 11.000 millones de euros, como han explicado el portavoz de Presupuestos Joan Rangel y de Hacienda, Pedro Saura. Los socialistas han colocado la cifra del 1,5% como subida para tres capítulos: Pensiones, Salario Mínimo Interprofesional y retribuciones para los funcionarios. Nada menos que proponen “reorientar el presupuesto”.

A lo mismo aspira UPyD, con sus 412 enmiendas, que son un cambio de prioridades que supondrían dedicar 1.750 millones de euros del presupuesto a ayuda a la Dependencia y al subsidio para los desempleados. El partido que lidera Rosa Díez ha pactado con el PSOE e Izquierda Plural proponer las mismas enmiendas –aunque cada uno las suyas para I+D+I- de manera que se vuelva al nivel de financiación de 2009. El Gobierno ha presupuestado un 4,6% menos que el año anterior.

Las enmiendas para Cataluña se reflejan claramente en la firma de CiU, de ERC y del PSC, las de estos últimos dentro de las del Grupo Socialista. Todos los partidos catalanes intentan contrarrestar con sus enmiendas "el déficit de inversión" en esta comunidad e introducir sus propios cálculos sobre el porcentaje del PIB que el Estado debe aportar a Cataluña, por el mandato del Estatuto. CiU propone que tal inversión alcance el 18,8% del PIB. Su visión no coincide con la del Gobierno.

Tampoco el Ministerio de Hacienda está en la línea que pretenden en sus enmiendas el PNV, Coalición Canaria, Foro Asturiano, Geroa Bai, Compromís–Equo para las comunidades autónomas que representan.

El presupuesto de la Casa del Rey y de la Iglesia

La coincidencia ya no existe en la oposición sobre la dotación a la Casa del Rey y a la Iglesia católica. Izquierda Plural propone una reducción del 30% de la partida para el jefe del Estado, que es de 7,75 millones de euros, frente a los 7,93 del año pasado, al considerar que ese es el porcentaje que citan los sindicatos para determinar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

UPyD, BNG y ERC firman enmiendas con reducciones también para la Casa del Rey y los republicanos reiteran su propuesta de que el Jefe del Estado gane lo mismo que el presidente del Gobierno: 78.185 euros anuales brutos. Estos grupos piden además la distribución de la cantidad asignada a la Casa del Rey.

Izquierda Plural pide un recorte del 20% de la asignación tributaria en el IRPF para la Iglesia Católica y avanzar en su “autofinanciación”, que sitúan en diciembre de 2016. Para entonces, los fieles deberán hacerse cargo del sostenimiento de su iglesia. Para estos presupuestos del próximo año este grupo apunta la supresión de la partida de tres millones de euros destinados al culto en las cárceles.

Estas enmiendas se da por seguro que no saldrán adelante pero sí se aprobarán las 134 que ha elaborado el Grupo Popular, perfectamente asumibles por el Ministerio de Hacienda. Entre ellas destacan algunas exenciones fiscales como el IVA para los servicios de Dependencia, así como dos millones para el sector turístico y 600.000 euros destinados al desarrollo rural. De aquí a diciembre, hasta que se apruebe definitivamente el Presupuesto, seguirá el forcejeo.