El Ejecutivo valora la respuesta moderada de la izquierda ‘abertzale’

El Ministerio del Interior considera que la llamada izquierda abertzale moderará su respuesta a la favorable sentencia sobre el caso Parot y las posteriores excarcelaciones de etarras. Fuentes del departamento de Jorge Fernández explican que la reciente operación contra Herrira, grupo vinculado a asociaciones de apoyo a los presos de ETA, ha servido para que el entorno de la organización terrorista evite actuaciones que podrían ser perseguidas por las fuerzas de Seguridad del Estado.

Por eso, en Interior se valora el hecho de que la salida de la cárcel de Inés del Rio no fuera seguida de un acto público con la etarra o que no se hayan convocado homenajes en el País Vasco. Incluso, la reacción de Amaiur en el Congreso se ha limitado a las declaraciones del diputado Xabier Mikel Errekondo, mostrando su satisfacción, pidiendo cambios en la política penitenciaria de Gobierno, pero sin acusaciones al Estado o con actos llamativos en la Cámara. De hecho, el diputado Rafael Larreina intervino este miércoles en el pleno, en el debate de Presupuestos, y se limitó a hablar de las cuentas, sin hacer ninguna mención a la sentencia.

Interior atribuye esta actuación a la estrategia de “blanqueo” de la izquierda abertzale y también al temor de una actuación como la del colectivo Herrira. Todos los detenidos en esa operación policial están en libertad pero, según explica el Gobierno, ese grupo ha sido totalmente desmantelado y desactivado. Hace tres semanas, la Guardia Civil detuvo, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a 18 miembros de este colectivo a favor de los derechos de presos de ETA, a la vez que el tribunal ordenó la suspensión cautelar de las actividades del grupo.

La intención del Gobierno, en cualquier caso, es mantener la presencia pública para hacer frente a la conmoción social que pueda provocar la aplicación de la sentencia del tribunal de Estrasburgo. Considera que son inevitables las críticas de las víctimas del terrorismo, pero quiere evitar que se eche más leña al fuego, por ejemplo, con el comunicado de FAES.

Según fuentes oficiales, el modelo contrario a la estrategia de estos días es lo que pasó hace un año con el llamado caso Bolinaga, en el que hubo un desgaste notable del Gobierno a cuenta de la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberría Bolinaga, enfermo de cáncer. Ese desgaste, en la mayoría de los casos, procedía de “fuego amigo”, es decir, de sectores próximos al PP que acusaban al Gobierno de Mariano Rajoy de mantener una posición condescendiente con los terroristas.

Jorge Fernández mantuvo este miércoles esta presencia pública en varios medios de comunicación y en los pasillos del Congreso para dejar clara que esta no es una decisión política del Gobierno, sino que viene impuesta por la justicia. Es más, insistió en todas sus comparecencias públicas en el rechazo del Ejecutivo a una situación que ahora le toca gestionar.

Interior muestra, además, un cierto malestar por la rapidez con que ha actuado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dirige Fernando Grande-Marlaska que, por cierto, podría ir al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aseguró tras reunirse este miércoles con Mariano Rajoy, que este le había dicho que estaba “muy sorprendido” por la unanimidad de los jueces de la Audiencia al acordar la inmediata puesta en libertad de Del Río en aplicación del fallo de Estrasburgo. Fuentes judiciales explican que los magistrados estaban obligados a aplicar la sentencia lo más rápidamente posible, entre otras cosas, porque Inés del Río podía haber planteado un hábeas corpus que obligara a excarcelarla.

Interior está preocupado por los delincuentes condenados por agresiones sexuales que quedarán en libertad. Da por hecho que en breve tendrán que ser excarcelados todos, aunque este proceso tardará aún semanas. Los informes penitenciarios de estos presos muestran que es posible que haya reincidencia mientras que los informes jurídicos que manejan descartan la posibilidad de aplicar cualquier medida de control o vigilancia. Es decir, la excarcelación de presos de ETA provoca alarma por la naturaleza de los delitos cometidos, y la del resto causa temor por las altas posibilidades de reincidencia, según fuentes de Interior.

Entre los que serán excarcelados se encuentran, por ejemplo Miguel Ricart, condenado a 170 años de cárcel por el triple crimen de las niñas de Alcàsser en 1992, y Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor, sobre quien pesa una condena de 273 años de prisión por 18 delitos de violación y el asesinato de las jóvenes Marta Obregón y Leticia Lebrato.