La etarra que aterrorizó a Madrid en los ‘años de plomo’
La terrorista que ha llevado la 'doctrina Parot' al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está condenada a 3.828 años
Cuando Inés del Río Prada (Tafalla, 1958) fue detenida el 2 de junio de 1987 en Zaragoza —al volante de una furgoneta cargada con 35 kilos de amonal con destino a la Costa del Sol— se puso fin a una de las trayectorias más sanguinarias de la historia de ETA. La terrorista que ha llevado la doctrina Parot al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está condenada a 3.828 años y un día de cárcel por 23 asesinatos, entre los que destaca el coche bomba contra un autobús y un microbús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid. En ese atentado, perpetrado en la mañana del 14 de julio de 1986, fallecieron 12 alumnos de la agrupación de Tráfico del instituto armado. Otras 56 personas resultaron heridas.
La mayoría de las acciones terroristas de Del Río se cometieron en Madrid. Apenas un mes antes de la masacre contra el convoy de jóvenes guardias, el 17 de junio de 1986, la terrorista asesinó al comandante del Ejército Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez y a otros dos militares —el teniente coronel Carlos Vesteiro y el soldado conductor Francisco Casillas—. Los etarras, armados con ametralladoras, dispararon más de 50 proyectiles contra el vehículo de los militares frente a la casa de Sáenz de Ynestrillas, junto al estadio Vicente Calderón.
El 25 de abril de ese mismo año, el comando Madrid asesinó, también mediante un coche bomba, a cinco guardias civiles que realizaban labores de escolta en la Embajada de Italia y que acababan de ser relevados por sus compañeros. Las víctimas fueron alcanzadas por los explosivos en la confluencia de las calles de Juan Bravo y del Príncipe de Vergara. A Del Río también se le atribuye el asesinato del vicealmirante Fausto Escrigas en la puerta de su domicilio de la calle de Dulcinea, el 29 de julio de 1985.
En el otoño de 1986, tras la oleada de atentados, Del Río se trasladó a Francia. Ese movimiento le permitió no ser capturada en el piso franco de la calle Río Ulla, 8, de Madrid, junto a los miembros del comando Ignacio de Juana Chaos, Cristina Arrizabalaga, María Teresa Rojo, Esteban Esteban Nieto e Inmaculada Noble. Era el 11 de enero de 1987.
Inés del Río se refugió en Argelia tras la muerte del dirigente etarra Domingo Iturbe, Txomin, que había protagonizado las fallidas negociaciones de ETA con el Gobierno socialista de Felipe González. Tras regresar a España, Del Río fue arrestada el 2 de junio de 1987, y condenada en distintos juicios a más de tres milenios de cárcel. El Código Penal de 1973, por el que se le condenó, preveía un periodo máximo de cumplimiento de 30 años —ahora son 40—; pero cuando a ese máximo se le aplicaban beneficios penitenciarios, la condena se reducía mucho, y en algunos casos el preso podía salir tras pasar menos de 20 años en la cárcel. La puesta en libertad de Inés del Río estaba prevista para el 2 de julio de 2008. Un mes y medio antes de su excarcelación, la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina Parot y fijó su salida para el 27 de julio de 2017.
Catorce muertes y diez secuestros
El 16 de septiembre de 1989, tres miembros de ETA cercados por la Guardia Civil mantuvieron un tiroteo en el peaje de la autopista Bilbao-Behobia en Irún (Gipuzkoa). En la refriega fallecieron dos terroristas: Juan Oyarbide Aramburu, Txiribitas, y Manuel Urionabarrenetxea Betanzos, Manu. Un tercer integrante del comando Araba, Juan Arruti Azpitarte, Paterra , fue detenido.
Paterra fue condenado a 1.285 años y dos meses de cárcel por 14 asesinatos y 10 secuestros, entre otros delitos terroristas. Procedente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cometió su primer atentado en 1978, con la muerte de Jesús Casanova, jefe de personal de la empresa Michelín. Entre otras acciones, Paterra intervino en el secuestro de Francisco Limousin y en los asesinatos del militante socialista Germán González, del exalcalde de Elgoibar Jaime Arrese (UCD) y del general retirado Luis Azcárraga.
Un grapo en la cárcel desde 1985
Jaime Simón Quintela (Vigo, 1960), miembro de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), lleva en distintas prisiones españolas desde enero de 1985, apenas cuatro meses después del asesinato a tiros en Madrid del promotor inmobiliario Manuel Ángel de la Quintana. Por este crimen, perpetrado cuando tenía 24 años, y por otros delitos cometidos durante el año escaso que transcurrió desde que ingresó en los GRAPO hasta su arresto, Simón fue condenado a 163 años de prisión.
El terrorista no ha pisado la calle desde su detención, pese a que la aplicación de los beneficios penitenciarios al periodo máximo de cumplimiento habría obligado a excarcelarle en julio de 2006. Sin embargo, la doctrina Parot ha hecho que este grapo, que ha participado en numerosas huelgas de hambre en prisión, esté próximo a cumplir los 30 años de pena máxima sin redención.
El temible violador del ascensor
El vallisoletano Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como El violador del ascensor, condenado a 273 años de cárcel por 18 delitos de violación y el asesinato de las jóvenes Marta Obregón y Leticia Lebrato, debería haber salido de prisión el 18 de diciembre de 2008. Sin embargo, la aplicación retroactiva de la doctrina Parot permitiría mantenerlo en prisión hasta 2022 (fue detenido en 1992). La derogación de la jurisprudencia que computa los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena, y no sobre el límite máximo de 30 años de cumplimiento, obligaría a su excarcelación en cuanto lo solicitase su abogado.
En agosto de 2008, Instituciones Penitenciarias inició los trámites para su licenciamiento al mes siguiente, pero la fiscalía interpuso un escrito en el que pidió que se aplicara la doctrina Parot al tratarse de un delincuente peligroso, una tesis que aceptó la Audiencia de Burgos.
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