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La PAH recoge el premio Ciudadano Europeo

La Plataforma pide al comisario de Asuntos Sociales, László Andor, que Bruselas no legitime al gobierno español en su intento de retirar el decreto antidesahucios de Andalucía

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Sara Vázquez (izquierda), junto con otras dos representantes PAH, recibe el premio Ciudadano Europeo del Año 2013 de manos del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

El premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) supone “un respaldo muy importante de la Unión Europea al trabajo que miles de personas hacemos cada día para luchar contra una estafa financiera enorme”, ha declarado Sara Vázquez Galán, portavoz de la Plataforma. Han recibido el galardón de manos del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, junto a otros premiados como la Real Academia de la Lengua Vasca. Es la segunda buena noticia que el movimiento recibe hoy, tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de paralizar el desahucio del edificio de Salt que la Plataforma decidió ocupar hace siete meses y en el que han sido realojadas 43 personas.

Antes de recibir el premio, varios miembros de la PAH, junto con los diputados de los Verdes Raül Romeva y Willy Meyer, se han reunido con el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor. Han pedido a Bruselas que abra un proceso de infracción del derecho comunitario a los consumidores, por las “cláusulas abusivas de algunas hipotecas”. Según ha afirmado la portavoz de la Plataforma, el comisario ha reconocido “que el riesgo que el sistema financiero español asumió -con la burbuja inmobiliaria- no puede ser trasladado únicamente a las familias” y ha tomado nota de que en España se están llevando a cabo 500.000 procesos de ejecuciones hipotecarias, que la PAH califica de ilegales por ir contra la normativa europea.

La PAH también le ha pedido a Andor que la Comisión deje de apoyar al Gobierno español en su intento de retirar el decreto andaluz de expropiación de viviendas -ayer se llevó a cabo la primera expropiación para evitar el desahucio de una familia-, porque es una ley adoptada “por un gobierno elegido democráticamente”. El comisario les ha indicado que se trata de un tema de derechos de los consumidores y por tanto, corresponde al comisario responsable de esta cartera, Neven Mimica, ocuparse de este asunto. Les ha trasladado que se trata de una situación “muy compleja” en la que hay “diferencia de visiones”. Para el movimiento antidesahucios, es necesario que la Unión Europea aclare su posición: “No puede ser que el Tribunal nos respalde con sus sentencias, el Parlamento Europeo nos premie y la Comisión siga empeñada en limpiar los defectos del sector bancario a costa de las familias”, ha relatado Vázquez.

La portavoz de la PAH ha calificado la sentencia de Estrasburgo como “una alegría enorme” que convierte al edificio de Salt en un “emblema”, ya que este edificio pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). “Son viviendas de un banco público que se están transfiriendo a fondos buitre”, ha denunciado Vázquez. El Tribunal europeo ya había tomado dos decisiones de paralización similares en enero y febrero -la primera a una familia gitana en Madrid y la segunda de una familia marroquí en Cañada Real-, pero esta es la primera que se refiere a un bloque de viviendas de propiedad pública.

El auto cautelar con el que Estrasburgo ha paralizado el desalojo de esta mañana en Salt, ha estado motivado fundamentalmente por la presencia de menores en el edificio, según han declarado a Efe fuentes del Tribunal. Para la portavoz de la PAH, las medidas cautelares siembran un precedente importante porque “el 80% de los desahucios en España se ejecutan delante de menores”, lo que la PAH considera una “vulneración sistemática de los derechos humanos y los de los menores”.

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