Así funciona el sistema de financiación que ni gusta ni se cambia

El actual sistema de financiación es una evolución del acordado en 2001 donde se estableció el principio de corresponsabilidad fiscal por el que se otorga capacidad normativa a las comunidades sobre algunos impuestos. El sistema se ha ido reformando conforme el Estado iba cediendo competencias a las comunidades.

El modelo define los recursos que el Estado transfiere a las comunidades para que estas puedan pagar las competencias cedidas (sanidad, educación, servicios sociales…). Además, el sistema establece los criterios de reparto de estos recursos en función de la población, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la riqueza per cápita. En total, el Estado transfiere cada año unos 90.000 millones de euros como parte del sistema de financiación. El modelo ha acaparado numerosas críticas por su complejidad y la opacidad en su aplicación.

¿Qué sistema de financiación está en vigor?

El sistema de financiación actual se acordó en 2009 tras una larga negociación entre el anterior Gobierno socialista y las comunidades autónomas. El modelo define la relación entre el Estado y los Ejecutivos regionales y determina los recursos que necesarios para sufragar todas las competencias transferidas (sanidad, educación…). El sistema se cambió para atender el fuerte aumento demográfico entre 2001 y 2009 Y para adaptar el sistema a los nuevos estatutos de autonomía aprobados en el periodo. Además, con el actual modelo se pretendía reducir las diferencias en el nivel de recursos recibidos entre autonomías (casi un 40% de diferencia entre la que más recibe por habitante y la que menos).

¿Cuáles fueron las posiciones políticas entonces?

 Aunque todas las comunidades pactaron finalmente el actual sistema, pronto surgieron críticas desde algunos territorios gobernados por el PP. Madrid lideró la oposición más rotunda al asegurar que el nuevo modelo le perjudicaba al calcular mal la población y el reparto por habitante. El actual ministro de Hacienda, entonces en la oposición, aseguraba entonces: “Es un chantaje político. Opaco. Dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente. Divide y enfrenta a unas autonomías con otras”. Cataluña, entonces gobernada por el tripartito (PSC, ERC e IU) dio el visto bueno al acuerdo.

¿Cómo se financia el sistema?

El sistema se nutre fundamentalmente de impuestos cedidos y fondos transferidos por el Estado. El modelo establece que la financiación de los servicios públicos esenciales se realiza mediante los tributos cedidos. El sistema también cuenta con un complejo sistema de fondos que el Estado transfiere a las comunidades, entre los que destaca el fondo de garantía y el de suficiencia. Estos fondos sirven para garantizar que todos los territorios reciben los recursos necesarios para prestar otras competencias transferidas. Este año el Estado ha entregado a las comunidades cerca de 87.000 millones de euros entre las entregas a cuenta por la recaudación de esos impuestos cedidos y la liquidación del sistema de 2011.

¿Cuáles son los impuestos cedidos?

Las comunidades tienen la gestión y capacidad de recaudación de algunos impuestos cedidos como el de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) y otros que gravan el juego y los hidrocarburos. Tradicionalmente las comunidades han bajado estos impuestos.

Junto a estos, el Estado cedió la recaudación de parte de los principales impuestos. El 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales.

¿Cuáles son los principales fondos transferidos?

Las comunidades se nutren de cuatro grandes fondos: el de garantía, el de suficiencia, el de cooperación y el de competitividad.

El fondo de garantía de los servicios públicos se creó para asegurar los mismos recursos por habitante para financiar los principales servicios públicos esenciales como la sanidad, educación y servicios sociales, que representan cerca del 75% de los presupuestos regionales.

El fondo de suficiencia garantiza la financiación de las competencias transferidas diferentes de los servicios fundamentales como la justicia, políticas activas de empleo, ordenación del territorio…

El fondo de competitividad se introduce para corregir las diferencias que puedan existir en la financiación per cápita y que pueden perjudicar a las más ricas.

¿Cuáles son los principales problemas del modelo?

La complejidad y la dificultad para aplicarlo son las principales críticas que recibe desde todos los sectores. El sistema acordado en 2009 se diseñó para favorecer, respecto al anterior modelo, a las regiones más ricas (Cataluña, Madrid y Andalucía). Pero el modelo fue diseñado bajo las perspectivas de que la economía crecería y generaría recursos adicionales. Pero la larga recesión en la que está sumido el país ha trastocado el sistema de financiación. Se han activado los mecanismos de solidaridad y ha favorecido a las comunidades más pobres.

Otro de los principales problemas del sistema es el statu quo del que parte. Ninguna comunidad sale perjudicada porque tradicionalmente el Gobierno ha cubierto los cambios del sistema que perjudican a algunas comunidades con más recursos.

¿Cómo se logró pactar el sistema en 2009?

Tras unas duras negociaciones entre el Estado y las comunidades, lideradas por el tripartito de Cataluña, el Gobierno acordó poner 11.000 millones adicionales para el sistema de financiación. De esta forma, se compensaba a las comunidades que salían perjudicadas con el actual sistema.