Santa Cruz de Tenerife pagó 52 millones de euros por una parcela que ya era suya

El pelotazo urbanístico de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, va camino de convertirse en el mayor entramado de corrupción de la historia del archipiélago. Pocos procesos judiciales han despertado tanto interés mediático e indignación ciudadana ante el presunto enriquecimiento ilícito en la compraventa de unos terrenos, en una operación viciada desde el inicio y sin garantía legal alguna.

Ahora, tras más de siete años de proceso judicial y con el exalcalde de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, imputado por malversación de caudales públicos por el Tribunal Supremo, el caso ha dado un giro insólito sobre una de las piezas del puzle: la compra por parte del Ayuntamiento del frente de playa, por el que pagó 52,7 millones de euros en 2001. Una millonada por un suelo que ya era suyo desde hacía más de 30 años, según los nuevos documentos aportados por el municipio.

Para dimensionar la importancia de la nueva documentación aportada a la fiscalía hay que remontarse a 1998, cuando el empresario y hasta hace unas semanas presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Manuel González Martín, adquirió 298.000 metros cuadrados del frente de playa de Las Teresitas, a través de la sociedad Inversiones Las Teresitas S.L., creada para tal fin y por un importe de 33,7 millones de euros, financiado por un crédito concedido por Caja Canarias.

A González Marín no le costó mucho tramitar aquel crédito. Pertenecía al consejo de administración de la caja, al igual que el propio alcalde de Coalición Canaria, Miguel Zerolo.

Tan solo cuatro años después, en 2002, y sin haberse realizado construcción alguna en el frente de playa, el consistorio compró a Inversiones Las Teresitas parte de las parcelas del frente de playa por 52,7 millones de euros. Es decir, que los empresarios Ignacio Manuel González y Antonio Plasencia, a la sazón presidente de la Federación de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, se embolsaron ya un beneficio de 19,6 millones de euros. Toda la operación se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento ignorando los informes técnicos municipales que advertían que el precio que los empresarios fijaron para el suelo era tres veces superior al real. La operación se realizó, según se ha sabido ahora, cuando el Ayuntamiento ya sabía, desde dos años antes, que esas parcelas eran de su propiedad pese a que no estaban inscritas.

Zerolo, un senador investigado

El principal actor de la gran trama del caso de Las Teresitas es el exalcalde de Santa Cruz y actual senador Miguel Zerolo. Su fortuna ha dado pie a que sea investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, uno de tantas causas abiertas contra el político tinerfeño. Ante estas acusaciones, Zerolo no se esconde. Incluso en la declaración de bienes como senador declara dividendos de acciones cotizadas en bolsa y beneficios en sociedades mineras como Canadá, Mongolia, Australia o Bostwana. En total son 486.000 acciones, incluida la compra de un porcentaje de la sociedad Ecoenergética de Canarias S.L. por valor de 60.000 euros.

En el sumario del caso de Las Teresitas el informe policial advertía de que Miguel Zerolo llevó un alto tren de vida coincidente con la operación de compraventa de las parcelas de la playa y, además, gozó de una suerte infinita porque, justo en ese periodo, el alcalde santacrucero se embolsó 57.877 euros de varios premios de las loterías de Navidad y del Niño. Pocos días después del premio, cerró la compra de una finca.

Para la Fiscalía, la “buena estrella” de Zerolo es tan sospechosa de una operación de blanqueo como el hecho de que durante más de 20 meses no realizara ningún movimiento en sus cuentas bancarias.

Además, González y Plasencia se beneficiaron de una plusvalía de otros 90,3 millones tras la recalificación, en 2000, de los terrenos que los empresarios mantuvieron en propiedad. Este caso considerado como un "pelotazo de libro" por la propia Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, llegó a los tribunales en 2006 cuando el colectivo ecologista Ínsula Viable presentó la primera denuncia y la entonces recién creada Fiscalía Anticorrupción también presentó una querella cuyo recorrido ha llegado al Tribunal Supremo con la imputación del exalcalde de Coalición Canaria, Miguel Zerolo por malversación.

Entre los documentos, remitidos por el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalino (formado por CC y PSC- PSOE) a la fiscalía destaca un título de propiedad por el que la Junta de Compensación cedió en 1967 al Consistorio el frente de la playa a cambio de que el Ayuntamiento construyera la escollera y la playa artificial. En el documento se establece que si no se construía la playa, la Junta de Compensación podría recuperar sus parcelas, aunque para hacerlo tendría que ingresar 50 millones de pesetas (300.500 euros) en las arcas municipales por aprovechamiento urbanístico. Finalmente, la Junta no desembolsó una peseta y el Ayuntamiento construyó la escollera y la playa quedando registrado como propiedad municipal.

Otro de los documentos remitidos a la fiscalía es una ficha de inventario que certifica que los terrenos son de titularidad municipal, si bien no queda constancia del citado convenio con la Junta de Compensación fuera elevado a público pero sí registrado en documento notarial, lo que explicaría que los empresarios pudieran adquirir los terrenos del frente de playa.

Por si esto no fuera poco, el tercer documento encontrado en el Ayuntamiento, el que ha desvelado que el Consistorio sabía de la titularidad del suelo, es una carta remitida por el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo en 2000. En ella, el Consistorio reclama a la Junta de Compensación 66.000 euros para recuperar la propiedad de las parcelas de la playa. 66.000 euros por un suelo por el que dos años pagaría 52 millones.

La aparición de estos nuevos documentos ha supuesto una auténtica bomba hasta el punto de suspenderse la vista oral en la causa civil que enfrenta al Ayuntamiento con los empresarios, quienes reclaman 116 millones de euros a la corporación por daños y perjuicios.