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El caso Malaya

Entre el lujo y la losa del ‘gilismo’

Marbella lucha por recuperar su marca turística de alto nivel. Una deuda millonaria derivada de la corrupción estrangula el día a día

Vista aérea del puerto deportivo de Marbella en 2007.

Cuando la justicia, con la Operación Malaya, enterró el gilismo en 2006, Marbella se topó, sin solución de continuidad, con la crisis económica. Con unas arcas municipales literalmente saqueadas por 15 años de gobiernos corruptos movidos por intereses urbanísticos, la ciudad sufrió más que ninguna otra el estallido de la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, su imagen de destino turístico internacional se despeñaba sin remedio.

El fallecido alcalde Jesús Gil y sus continuadores al frente del negocio municipal —con Juan Antonio Roca como alumno destacado— dejaron de herencia 16.000 viviendas irregulares, una plantilla municipal sobredimensionada, una falta de equipamientos atroz y decenas de causas judiciales que avanzan a paso de tortuga. Pero el legado que más lastra el desarrollo de Marbella es una deuda pública desorbitada que, siete años después del estallido del caso Malaya, aún estrangula su día a día.

Diego Martín Reyes, presidente de la gestora que gobernó el municipio tras la disolución de la corporación municipal, recuerda que en 2006 el ayuntamiento tenía unos ingresos ordinarios aproximados de 300.000 euros y un gasto de 13 millones mensuales. Los seguros de todos los coches estaban vencidos y lo primero que hizo fue negociar con una entidad bancaria para frenar la subasta de atraques del puerto deportivo. Todo era caótico. Pocas expresiones pueden ser más gráficas para definir el expolio como la que el exedil Victoriano Rodríguez, ya fallecido, dijo a un empresario que tenía negocios con el Ayuntamiento, incluida en el sumario de Malaya: “Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba”.

Cuando el PP ganó las elecciones en 2007, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, empezó a lidiar con una deuda de 600 millones de euros. La mitad con la Seguridad Social y Hacienda, pero también con bancos y proveedores. Y con la Junta de Andalucía, que adelantó 100 millones para que la gestora encarara el estado de ruina. El débito total ronda ahora los 480 millones de euros (el Presupuesto de 2013 es de 203 millones). El Estado ha aceptado cobrar su parte en 40 años y que en algún caso pueda abonarse con bienes recuperados en procedimientos judiciales. A las entidades financieras se pagan anualmente unos siete millones de euros. “La deuda está ordenada; el objetivo es que a corto, medio y largo plazo los ciudadanos noten la recuperación”, apunta la regidora.

El gran expolio de las arcas de Marbella se ha tratado en sendos sumarios en la Audiencia Nacional, en los casos Saqueo I y Saqueo II. El municipio ha recuperado unos 200 millones por causas judiciales, aunque prácticamente no ha visto un euro. Muñoz alude a la complejidad de llegar a buen puerto por los entramados societarios que ocultan a los responsables. Su esperanza, ahora, es que las multas del caso Malaya (585 millones de euros) reviertan en la ciudad.

Ese mismo “deseo” está incluido en la sentencia que ha confirmado la “corrupción generalizada” que existía en el Ayuntamiento de Marbella. El presidente del tribunal, José Godino, aludió a la “injusticia” que supone que los actos delictivos de la banda de Roca hayan derivado en una deuda descomunal. Pero ese dinero y bienes, a priori, pasarán al Estado, como establece el Código Pena, que sí prevé que se puedan destinar a lo que se decida "reglamentariamente". En cualquier caso, la resolución no es firme.

El perjuicio va más allá. Los ciudadanos, que refrendaron cuatro veces en las urnas las políticas del GIL, han sido los grandes damnificados de los hechos sentenciados en el caso porque los equipamientos e infraestructuras son insuficientes. Marbella (140.473 habitantes) no tiene una residencia de mayores pública y solo cuenta con tres centros de salud. Este curso se ha inaugurado el primer colegio desde 2006. “Me molesta cuando solo se quiere proyectar una imagen de frivolidad, y no sus carencias, y la ciudad tiene muchas”, apostilla el portavoz de IU, Enrique Monterroso.

La ciudad lucha por sacudirse la imagen zafia que imperó en la época del GIL y recuperar su parcela de lujo. El turismo residencial abre un abanico de posibilidades y el mercado ruso, de gran poder adquisitivo, está respondiendo a la llamada de visitar y fijar su segunda vivienda en la Costa del Sol. Los árabes y sus petrodólares siguen fieles. El municipio está “en una sostenida recuperación”, opina Juan José González, presidente de la asociación de empresarios CIT Marbella.

La compra-venta de inmuebles han crecido un 25% en el primer semestre del año y asoman inversores extranjeros que demandan productos de lujo. Casas de entre uno y seis millones de euros. Los expertos dicen que esta oferta está agotada y que sería necesario construir más.

"Hay que ser competitivos donde existen fortalezas", argumenta la alcaldesa para justificar que la ciudad se oriente al lujo. Colegios internacionales, campos de golf, hoteles, comercios de las firmas más exclusivas… La inversión pública ha brillado por su ausencia, pero la privada ha sido potente. Marbella aglutina el 26% de la planta hotelera de cinco estrellas de Andalucía.

La ciudad ha recuperado la seguridad jurídica con el nuevo plan urbanístico (que regulariza la inmensa mayoría de viviendas ilegales) e intenta pasar página. La marca es poderosa, pero no es sencillo. “En Marbella la inversión no pregunta por la operación Malaya", añade el presidente del CIT. Otros sectores, sin embargo, de la población opinan que aún es pronto para dar por cerrado el 'gilismo'. Porque fue tan nocivo que todavía pesa como una losa.

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