El juez sospecha que el PP pagó con dinero negro las obras de su sede

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sospecha que el PP pagó en 2008 con dinero negro la reforma de su sede central, en la madrileña calle Génova 13. El magistrado que instruye la causa de los papeles de Luis Bárcenas, sobre la contabilidad secreta del extesorero de la formación conservadora, ordenó el pasado viernes el registro de la oficina del arquitecto Gonzalo Urquijo, el interiorista que llevó a cabo la remodelación, en pleno centro de Madrid. Ruz considera a Urquijo autor de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y delito contable y lo citará como imputado en fecha pendiente de señalar. El registro se llevó a cabo durante el pasado fin de semana.

El auto —resolución judicial razonada— en el que se ordena el registro de la sede de Unifica Servicios Integrales, la empresa de Urquijo se firmó el viernes pero su contenido no se conoció hasta ayer. En ese escrito, el instructor habla de la “veracidad” de las anotaciones de la contabilidad manuscrita de Bárcenas en las que se reflejan salidas de dinero con destino a Urquijo por valor de 880.000 euros. Esta cantidad, nunca declarada por la empresa del arquitecto, supone una defraudación de una cuota del Impuesto de Sociedades superior a 120.000 euros, umbral en el que está fijado actualmente el delito fiscal.

También destaca Ruz el hecho de que en la contabilidad oficial del PP figuran dos pagos a cuenta —por adelantado— a Urquijo, por valor de 552.000 y 859.140 euros que el arquitecto no ha incluido en sus facturas al partido de Mariano Rajoy.

Para emitir su apreciación, el magistrado se apoya en un informe de peritos de la Agencia Tributaria. Estos expertos alertan de una “falta de concordancia o descuadre” entre las facturas y certificados de obra girados por la empresa de Urquijo durante la remodelación de la sede central popular — que se desarrolló entre 2005 y 2011— y los apuntes registrados en la contabilidad oficial del partido. Ruz no solo menciona la responsabilidad personal del arquitecto, sino que habla también de que las personas que se concertaron “activamente” con él para abonarle sus trabajos en dinero negro, a los que califica de “cooperadores necesarios” del delito fiscal. Hasta el momento, solo Luis Bárcenas ha admitido haber realizado estos pagos irregulares. En su declaración del pasado 15 de julio, tras 18 días en prisión, el extesorero señaló que la iniciativa de abonar las obras en b fue del propio partido: “Teníamos más dinero en negro que en blanco”, afirmó entonces Bárcenas. Los pagos se produjeron en la época en que los secretarios generales del PP eran Ángel Acebes y su sucesora y actual número dos del partido, María Dolores de Cospedal.

El registro de la sede de Unifica Servicios Integrales fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado afirma que “resulta relevante” un informe emitido por los funcionarios de la Agencia Tributaria que colaboran con la investigación del caso Gürtel y su pieza separada sobre los papeles de Bárcenas. Los técnicos de Hacienda consideran que la contabilidad manuscrita del extesorero, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, “pudiera corresponderse con una especie de registro de flujos financieros en metálico”.

Los peritos hacen suyo un informe policial del pasado abril en el que consideran “probada” la “coincidencia entre las salidas de fondos reflejadas en los papeles manuscritos” y “los ingresos” que figuran “tanto en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas como en las cuentas bancarias donde se ingresaban los donativos”. Los expertos señalan la existencia de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas”.

El arquiteco Gonzalo Urquijo es el único supuesto perceptor de fondos de la contabilidad manuscrita de Bárcenas cuyas entregas superan los límites anuales del delito fiscal. Otros grandes perceptores, como el asesor del partido Pedro Arriola, que supuestamente se embolsó 1,23 millones sin declarar entre 1990 y 2008, o el exsecretario general Francisco Álvarez Cascos, que percibió, según Bárcenas, 421.693 euros entre 1990 y 2004, no superaron en ningún año el límite que les hubiera acarreado una imputación por delito fiscal.