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El Gobierno confía en parar la consulta en los tribunales

El PP cree que la “confusión” dentro del independentismo debilitará sus posiciones y que el Constitucional decidirá

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

Para el Gobierno, el terreno de juego en la crisis independentista está marcado y es muy estrecho: diálogo, sí, pero dentro de la Constitución y sin tocar una coma. Esto es, nada de consultas de ningún tipo en Cataluña sobre la integridad territorial española, algo que el Ejecutivo tiene clarísimo que no cabe en ninguna interpretación constitucional. El PP no cree que haya resquicio legal para formular ninguna consulta, ni siquiera la fórmula más suave que plantea Josep Antoni Duran, un interlocutor habitual tanto de Soraya Sáenz de Santamaría como del presidente Mariano Rajoy.

Pero, además de no ver margen legal y de no creer en esa fórmula, Rajoy tampoco ve espacio político para aceptar la consulta. Buena parte del PP se revolvería, los medios de comunicación conservadores también, y eso provocaría una fuerte tensión con una parte clave de su electorado, el ala derecha. Imposible plantearlo pues, desde todo punto de vista, según señalan en La Moncloa.

En el Ejecutivo hay una importante preocupación con el asunto, aunque algunos no creen en la visión derrotista de que no hay salida posible. Rajoy ha descartado ya con claridad la reforma constitucional que plantea el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tampoco hay espacio por ahí. Pero el Gobierno cree que la situación poco a poco se irá despejando. Cree contar con una gran baza: la debilidad política de Artur Mas y la división de opiniones dentro del nacionalismo catalán. No solo la disparidad de criterios entre Mas y Duran, sino también las batallas con ERC. Y ahí es donde la estrategia de Rajoy de dejar pasar tiempo ofreciendo la cara más amable del diálogo cobra sentido, según sus estrategas. “Es la única posible”, sentencian.

Algunos en el PP acusan en privado a Rajoy de haber dejado que la situación se pudra y estar dispuesto a seguir haciéndolo. Pero miembros del Ejecutivo consultados lo ven de forma muy distinta. Artur Mas, explican, está atrapado y busca una salida digna al laberinto en el que ha entrado. Si la presión de ERC, de un sector de Convergència y de parte de sus votantes es tan fuerte que le obliga a intentar la consulta, el Gobierno cree que la mejor solución es esperar a que lo intente y recurrir entonces al Tribunal Constitucional, que parará inmediatamente la consulta. Confían en que Mas acate esa decisión y tenga así la justificación política, ante su electorado, de haberlo intentado. Antes de eso se recurrirá la ley de consultas que prepara Mas.

El Gobierno asume que esa eventual paralización de la consulta por parte del Constitucional llevaría probablemente a las elecciones plebiscitarias que ha apuntado Mas, pero no cree que el presidente catalán quiera adelantar los comicios previstos para 2016 —no le conviene, porque en este momento las encuestas dan a ERC por encima—. Como mucho, auguran los populares, podría hacer un intento de reagrupamiento plebiscitario en las municipales de 2015. En cualquier caso esto generaría unas tensiones enormes que provocarían una ruptura de CiU, según este análisis. Ningún escenario es bueno, admite el Ejecutivo, pero el que peor lo tiene es Mas; por eso en La Moncloa insisten en que la estrategia de esperar no es descabellada.

Hay otro elemento que aconseja paciencia, según la visión del entorno de Rajoy. El Gobierno está convencido de que la única salida que el presidente puede ofrecer es una mejor financiación, como pretendía la Generalitat antes de pasar a apostar por el independentismo. Pero para eso, explica un miembro del equipo económico, hay que esperar a que haya algo de recuperación y más dinero en las arcas del Estado. Esto es, a 2015. Hacer ahora la negociación de la financiación, con las autonomías ahogadas y todos los ojos de los barones autonómicos alertas ante la posibilidad de un trato de favor a Cataluña, no es nada recomendable, analiza.

El Ejecutivo cree que el debate en el Parlamento catalán de la semana pasada le da la razón en su estrategia de aguardar y ver. Sáenz de Santamaría llegó a hablar el viernes de la “confusión” percibida en ese debate, en referencia a la división de opiniones dentro de los partidos que apuestan por la consulta. Al Gobierno no le disgusta además la idea salida de este debate, esto es, que CiU, ERC e ICV llevarán al Congreso la petición de celebrar una consulta. Hace meses que Rajoy reta a Mas para que haga eso. El recuerdo del plan Ibarretxe, que fue derrotado en el Congreso y después se fue apagando hasta caer en el olvido, es un horizonte esperanzador para el Ejecutivo.

Además el Gobierno cree que la derrota del independentismo en el plano internacional está siendo arrolladora. El aviso de que la independencia dejaría a Cataluña fuera de la UE es demoledor para el entorno empresarial y político de Convergència, un partido siempre vinculado al establishment.

Sin embargo, y pese a estas posibles salidas, ministros y dirigentes del PP admiten que el Ejecutivo se equivocó pensando que el mal resultado de Mas en las elecciones de 2012 haría bajar la presión. Por eso, además de los contactos privados entre Rajoy y Mas, se va a poner en marcha la maquinaria del PP para intentar frenar el protagonismo que tiene en este momento el independentismo en la escena política catalana.

Rajoy ha decidido dar un impulso al PP catalán, que pierde espacio a costa de Ciutadans, y contrarrestar con datos cada una de las afirmaciones sobre el supuesto expolio a Cataluña. Hay mucho trabajo por hacer, reconocen en La Moncloa, porque en el último año la estrategia de no hacer nada no ha funcionado como se esperaba y la presión, sobre todo la social, está muy lejos de remitir.

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