Hacienda enfría la estrategia de las privatizaciones municipales del PP

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ha hecho dar un paso atrás al PP de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por la formación conservadora, pretendía poner en manos privadas mediante un solo contrato la mayoría de los servicios esenciales del municipio, de apenas 85.000 habitantes, bajo la premisa del ahorro y la eficiencia. En una resolución firmada el pasado 4 de septiembre, el Tribunal de Recursos Contractuales del ministerio ha estimado el escrito presentado por dos concejales de la oposición en ese Ayuntamiento (del PSOE e IU) y ha anulado el pliego de condiciones. Este iba a suponer la adjudicación, por importe de 237 millones, de la gestión de buena parte de las prestaciones de la ciudad durante los próximos 17 años, un periodo que con prórrogas podría haberse alargado hasta las dos décadas. PSOE e IU lo ven como una primera batalla ganada a la ola privatizadora en los municipios españoles, que en breve se podría ver reforzada con la ley de reforma local que se tramita en el Congreso.

Los pliegos del contrato anulados se aprobaron en junio, cuando el gobierno municipal dirigido por Antonio Román Jasanada hizo pública su intención de dar a una sola empresa o UTE la gestión de la limpieza viaria, basuras, parques y jardines, alumbrado, semáforos y del mantenimiento del sistema de bicicletas de uso público.

En realidad, dice el tribunal de Hacienda (que a pesar de su nombre no es un órgano jurisdiccional sino administrativo), la intención del consistorio era sumar “materias muy diversas” como la desratización, desinfección y control de aves, el servicio de recogida de aceites domésticos, el de ropa usada y el restablecimiento de la seguridad vial tras un accidente de tráfico. Esto vulneraría la ley de contratos porque las prestaciones que se licitaban no estaban “vinculadas entre sí”. Otra de las razones que tumbaron los pliegos fue la “vulneración del principio de concurrencia”, anulada por la propia duración del contrato, “excesiva, mucho más allá de lo que su propia naturaleza permite considerar razonable, porque excluye a otros licitadores en el futuro”. Lo que se planteó como una “concesión de servicios” (lo que implica que el concesionario asume una serie de riesgos y por eso se le concede un plazo largo de adjudicación), era para el Tribunal un “contrato de servicios” (que se paga con un canon y no depende de ninguna circunstancia vinculada a la utilización que hacen los ciudadanos).

Hacienda también desbarata la excusa de la austeridad, la bandera con la que se pretendían adjudicar a una empresa todos los servicios: “El presunto ahorro por la existencia de un solo contratista es un criterio estimable en términos generales, pero respecto del cual no se ha aportado prueba alguna de su realidad”. El Gobierno de Guadalajara argumentaba que, desde el punto de vista “organizativo”, se facilitaría su labor: “El criterio de este Tribunal no puede ser más desfavorable a esta afirmación, que entendemos claramente contraria al principio de concurrencia”. Por último, que se había omitido un paso “sustancial, como es la ausencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea”.

Desde el Gobierno local, el concejal de Contratación, Jaime Carnicero, advierte de que el municipio se habría ahorrado cada año 1,5 millones al adjudicar todos esos servicios. Aunque no aclara si ese dinero se trasladaría directamente a los ciudadanos con una rebaja de tasas. “Lo que planteamos no es una cuestión ideológica, es de sentido común”, insiste. Acata la resolución, pero no descarta un recurso por la vía judicial: “Lo estamos estudiando”, dice.

“Querían saltarse la ley”, resume Magdalena Valerio, concejal del PSOE que presentó el recurso ante el ministerio. “Y querían hacerlo partiendo del proyecto Smart City [un concepto de ciudad inteligente basado en la eficiencia de la gestión y la sostenibilidad]. Era el envoltorio de colorines que llevaba este desaguisado”. En IU, el edil José Luis Maximiliano recuerda que, de haberlo conseguido, el alcalde habría puesto “en manos privadas el 21% del gasto corriente de Guadalajara durante dos décadas”.