Cataluña no aplicará la futura ley municipal y desarolla su propia norma

Cataluña nunca ha querido entrar en el debate de la reforma municipal que prepara el Gobierno. La Generalitat trazó en febrero sus líneas rojas y después, simplemente se ha alejado del tema. Cuando el Consejo de Ministros aprobó el primer borrador del anteproyecto, el  presidente catalán, Artur Mas, amenazó con que no toleraría nada que se inmiscuyese en el Estatut, que reserva a la Generalitat la competencia exclusiva en el “establecimiento mediante ley de procedimientos de relación entre las entidades locales y la población, respetando la autonomía local”. El Consell Executiu dio el visto bueno a finales de julio al proyecto de gobiernos locales catalán en el que lleva trabajando dos años con la esperanza de que entre en vigor el próximo febrero, de forma paralela con la reforma auspiciada desde el ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta de Mas, Joana Ortega, quiso desde el primer día diferenciar la ley catalana de la española: “La estatal nace de una desconfianza hacia el mundo local. No mejora las finanzas locales porque no les da más ingresos, y lo que pretende hacer es perjudicar la financiación de las comunidades autónomas”, criticó cuando su Gobierno aprobó su nuevo marco. Sin embargo entre Madrid y Cataluña sí hay un consenso en este asunto: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometió al Ejecutivo de Mas que se preservarían las competencias del Estatut a cambio de que ambas normas incidiesen en los mismos aspectos. El consejero de Presidencia, Ernest Homs, ya había advertido que el Govern no toleraría que se impusiese “un modelo foráneo” para la gestión de los municipios y advirtió que tenía razones jurídicas “de sobra”, para tumbarlo.

Pese al enfrentamiento público a cara de perro, lo cierto es que ambos proyectos están cortados por el mismo patrón. Las dos normas promueven la fusión voluntaria de municipios y restringen la creación de nuevos, ambas se cimientan sobre los principios de estabilidad presupuestaria y racionalidad, y ambas promueven la eliminación de duplicidades en la prestación de servicios. Y por último, ambas estiman fabulosas cifras de ahorro (1.000 millones la catalana en cuatro años y 8.000 la del Gobierno) sin explicar exactamente de dónde saldrán.

A juicio de la alcaldesa de Hospitalet (PSOE), Nuria Marín, que también es miembro de la Federación de Municipios, las dos responden al mismo esquema ideológico: “El que lleva a los Ayuntamientos al austericidio”.