Baleares ‘amnistiará’ 25.000 casas ilegales con su ley del Suelo

El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP, lanzó este viernes una nueva iniciativa legislativa de impacto social con la que pretende beneficiar a más de dos decenas de miles de ciudadanos y subrayar su proyecto político liberal conservador. Mediante la nueva ley de suelo -que el PP aprobará sin problemas-, los propietarios de unas 25.000 casas y construcciones ilegales en suelo rústico -porque se alzaron o ampliaron, al margen de la norma, sin licencia ni permiso de obras-, podrán regularizar sus bienes inmuebles. El urbanismo disperso creció espontáneo, sin control de la administración, en terrenos agrícolas en desuso o de nuevo valor residencial

Podrán acogerse al mecanismo de amnistía o regularización las viviendas e instalaciones que lleven más de ocho años construidas, siempre que no pese sobre ellas expedientes sancionadores o judiciales. En este plazo no hay posibilidad de nuevo procedimiento legal al haber prescrito el delito, según razona el Gobierno.

La medida tiene también finalidad recaudatoria. Los propietarios que se acojan a la medida de gracia deberán pagar las tasas municipales, presentar plano del proyecto y abonar una sanción de entre el 15% y el 25% de lo que costó la obra inicial. El primer año será más barata la regularización.

Biel Company, consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Agricultura, empresario rural y ex activista de la patronal Asaja, es el adalid de estas reformas de apertura liberal. Las ha aplicado ya en las licencias para nuevos pozos, en la gestión de parques naturales y en los fondeos en zonas delicadas. Company opina que los Gobiernos progresistas en Urbanismo y Territorio actuaron "por ideología", de manera insensata, al vetar e impedir el desarrollo de muchos proyectos y proteger zonas del territorio en proceso de urbanización. Cree el político del PP que la izquierda “confundió lo público con barra libre”.

Con la nueva ley del suelo de Baleares en marcha –única comunidad que no ha desarrollado hasta ahora su propio marco en España-, el consejero Company emplaza a ayuntamientos y consejos insulares "a actuar" contra las ilegalidades urbanísticas en su ámbito porque “se debe acabar de mirar hacia otro lado. Si se hacen nuevas obras ilegales, se han de derribar”.

El nuevo marco legal contempla el flexibilizar la tramitación de licencias de obra. Los ayuntamientos podrán sustituir la licencia urbanística por una comunicación previa para comenzar las obras menores.