Pan y deporte

Cuando no ha sido invocado por la prensa patriótica el espectro de la Antiespaña escondido en el interior del COI, las especulaciones en torno a las causas de la derrota se centran en la escasa fiabilidad económica de la España actual y en la tolerancia de las autoridades deportivas ante los espectaculares casos de dopaje, especialmente en el ciclismo y en el atletismo. Ante la previsión de que lo segundo influyera, el Gobierno adoptó la táctica que viene asumiendo en otros temas, como la corrupción: cambios legales que no afectan al pasado y prometen un futuro venturoso de equidad y justicia. Al parecer no bastó y asistimos a un remake de Bienvenido Mister Marshall cuando las autoridades trasladadas a Buenos Aires y las gentes reunidas en torno a la Puerta de Alcalá vieron pasar de largo la ocasión de que el maná de las Olimpiadas lloviera sobre nosotros. Lo de los grandes beneficios resulta dudoso, según la experiencia de otras ciudades y otros Juegos Olímpicos, pero lo cierto es que la presentación de candidatura se apoyaba en las grandes inversiones realizadas de cara a 2016. No era cosa de desaprovecharlas. Confiemos en que esta vez no se haya repetido en Argentina el despilfarro de la era Gallardón, con cientos de personas llevadas por cuenta del erario público al lugar de votación para celebrar ante los medios una designación a la postre fallida. El esqueleto del estadio de La Peineta quedará como símbolo de una política de grandeurincapaz de alcanzar sus objetivos.

Fuera o no causa principal de la derrota, lo esencial es que el espíritu olímpico ha estado ausente demasiadas veces en España sobre el dopaje, tanto por lo que concierne a las autoridades como a los medios de comunicación. Lo importante era lograr medallas o subir a podios, con indiferencia ante los procedimientos utilizados para ello. Por ser quienes eran, nuestros campeones se encontraban por encima de toda sospecha. No era solo una reivindicación de la presunción de inocencia, sino una declaración preventiva de la misma, envuelta en sugerencias acerca de los turbios intereses que debían animar a los jueces. Sería raro encontrar fuera un ejemplo de conducta exculpatoria comparable a la del expresidente Zapatero al tratar de interferir en el procedimiento de sanción contra el eventual dopaje de Alberto Contador en el Tour. Zapatero se había autoasignado las competencias deportivas, en tanto que anexo a la presidencia del Gobierno, y no quería perder su participación en la gloria. Sin tanta estridencia, hasta hace bien poco, nuestras autoridades deportivas y políticas franquearon el Rubicón de la dignidad pronunciando la absolución previa de otros acusados. Así, una atleta como Marta Domínguez puede exhibir un espléndido palmarés, pero eso no debe borrar las investigaciones sobre su posible dopaje y aprobar que el Partido Popular viera en las mismas un “claro ataque político” e ignorase la circunstancia, blindando su figura pública, al asignarle la condición de senadora. Como en la vieja película, más dura será la caída si el procedimiento de la Federación Internacional de Atletismo tiene un desenlace negativo.

En el transcurso de la Operación Puerto se tiene una impresión semejante: la Guardia Civil aplica la ley, las autoridades no toman la pertinente iniciativa de aprovechar el enorme fraude poniendo en marcha una investigación general sobre el tema y los medios deportivos informan sucintamente. En televisión, nada. Nos quedamos con los apasionantes relatos donde la crónica de las escaladas figura envuelta en elogios a corredores desconocidos. No ha de extrañar que desde otros países, y en particular desde Francia, se presente de forma grosera al deporte español como si todo éxito, de Nadal para abajo, fuera obra del doping. Recuerdo una presentación similar en las páginas del sesudo Le Figaro: mi mensaje de protesta no fue publicado en la edición digital, convirtiéndome en receptor forzoso de su publicidad. La permisividad culpable ha hecho que paguen justos por pecadores.

En fin, haya espectáculo deportivo, aunque no haya pan. Ahí está la no retroactividad de la equiparación en el IRPF a los futbolistas extranjeros o la benevolencia frente al endeudamiento de los clubes y los fichajes astronómicos. Si un club de Madrid tiene doscientos millones de deuda, hagamos torres de diecisiete pisos contra la ordenanza para que la salde. A nuestros munícipes no les preocupa que por una deuda muy inferior la Universidad tenga que expulsar profesores jóvenes, frenar la investigación y gestionar la miseria. Además, nada importa, ni siquiera la secesión catalana, si el Barça puede jugar la Liga.