La desmemoria como defensa
Los indicios de financiación ilegal y doble contabilidad en el PP descubiertos durante la instrucción del denominado caso Bárcenas son contundentes. Por eso los dirigentes del partido implicado en esas prácticas irregulares que acuden al juzgado en calidad de testigos solo pueden recurrir a la ignorancia o a la desmemoria para defenderse.
Si fueran imputados, siempre tendrían el derecho a no contestar a las preguntas más comprometidas. Pero esa red de seguridad no existe para los testigos porque están obligados a responder y a decir la verdad (so pena de multa y ser declarados perjuros). En ese caso, “no me acuerdo” es una respuesta muy socorrida.
La desmemoria y la ignorancia fueron las armas principales de defensa que utilizaron Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Dolores de Cospedal, tres de los cuatro últimos secretarios generales del PP que acudieron a declarar como testigos a la Audiencia Nacional.
Los secretarios generales alegan que ignoraban las cuentas y que el tesorero no dependía de ellos
La ignorancia sobre las cuentas del partido en todo lo relacionado con los ingresos que recibía el PP por donaciones anónimas alegada por los tres secretarios generales les permitió evitar otras preguntas más molestas sobre los apuntes manuscritos de Bárcenas. En esos apuntes se daba cuenta del ingreso en un banco de grandes cantidades en concepto de donaciones anónimas que superaban los 60.000 euros en muchos casos y que procedían de empresarios que contrataban con administraciones publicas —y, por tanto, eran ilegales—.
En la contabilidad oficial del PP, incorporada al sumario del caso Bárcenas, aparecen consignados esos ingresos de dinero que apuntó el extesorero en su cuaderno, pero troceados en cantidades inferiores a 60.000 euros para evitar aparentemente que el Tribunal de Cuentas considerase ilegales los donativos.
Los tres secretarios generales del PP no tuvieron que explicar ante el juez esta circunstancia anómala porque repitieron una misma letanía que se recrea en estas líneas resumida y entrecomillada: “Las cuentas del partido las llevaba en exclusiva el tesorero, que se encargaba de recibir las donaciones y no nos daba cuenta de las mismas. Nuestra función era política y no teníamos competencias sobre el área económica. El tesorero no dependía de nosotros porque era un nombramiento del presidente del partido”.
Esa respuesta, en lógica defensa de testigo acorralado, no deja en muy buen lugar a Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno. Si los secretarios generales no supervisaban las cuentas, ni conocían los donativos que recibía el partido, ni tenían competencias sobre esa área estratégica, ni siquiera eran los jefes del tesorero, solo queda un responsable superior del supuesto desaguisado contable provocado por los tesoreros: Mariano Rajoy. Algunas acusaciones particulares ya han solicitado al juez que cite al presidente del Gobierno como testigo, con la resbaladiza obligación de responder.
Arenas explicó que había sido secretario general del PP, el cargo más importante después del presidente, pero aclaró que una formación política no es como una empresa y que él no desempeñaba las mismas funciones que tendría un consejero delegado. Cospedal sostuvo que, aunque los estatutos establecen que el secretario general dirige todos los servicios del partido, hay que excluir de ese “todos” el área económica. “Al menos es así en el PP”.
Ninguno de los tres secretarios generales del PP intentó desmentir con sus propios datos los apuntes del extesorero Bárcenas sobre los donativos ilegales. Ellos, simplemente, declararon que no sabían nada.
Cuando el juez preguntó por otras evidencias que ha puesto de manifiesto la investigación, como el cobro de dinero no declarado a Hacienda por parte de diversos dirigentes del PP —entre ellos Calixto Ayesa, Santiago Abascal, Jaime Ignacio del Burgo o Jaume Matas—, los secretarios generales del partido recurrieron a la segunda muleta aplicable a estos casos: la desmemoria.
Arenas repitió hasta 76 veces la fórmula “no me acuerdo” cuando le preguntaron por hechos concretos, como los detalles sobre los pagos ilegales de dinero por parte del PP a dirigentes de su partido que ya han reconocido haber cobrado esas cantidades que apuntó el extesorero en su contabilidad manuscrita.
Cuando el juez preguntó por un escandaloso trato de favor del PP al extesorero Bárcenas cuando ya estaba imputado por graves delitos de corrupción, Javier Arenas volvió a recurrir a la desmemoria, o a la memoria selectiva. El trato de favor se pactó —según Cospedal— en abril de 2010, en una reunión a la que Arenas acudió invitado por Bárcenas y en la que estaba el presidente del PP, Mariano Rajoy. Pero en su respuesta al juez, Arenas recordó solamente que había sido una reunión “sin trascendencia, amistosa, más humana que política”, y no supo concretar si en ella se trataron cuestiones económicas.
Cospedal rellenó ante el juez las lagunas de memoria de Arenas, aunque ella no estuvo presente en la reunión; pero ejecutó lo pactado. “Me lo contó el presidente”, confesó la vicesecretaria general al juez. “Me enteré ocho meses después [de que se había acordado con Bárcenas] que se le dejaba utilizar un vehículo cuando lo pudiera necesitar por razones extraordinarias, que podía disponer de una sala para dejar sus cajas y documentos hasta que se los pudiera llevar a algún sitio, que se le iban a pagar la asistencia letrada y una indemnización”. Este es uno de los pocos pasajes donde la memoria funcionó. Arenas hubiera preferido el olvido, el arma preferida de los testigos acorralados por las evidencias.
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