La OCDE vigilará que España cumpla la reforma de la administración

Según el Gobierno, 129 medidas de las 218 contenidas en la reforma la administración española han sido ya ejecutadas o se han puesto en marcha. Un aparente exitoso balance apenas tres meses después de que el Ejecutivo anunciase la revisión en profundidad de sus procesos burocráticos para ahorrar a los ciudadanos las odiadas duplicidades que consumen grandes cantidades de recursos económicos y humanos. Lo que en su día muchos consideraron un brindis al sol -la mayoría de las acciones están en manos de las Comunidades Autónomas y algunas están en desacuerdo con la reforma-, para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está empezando a ser uno de los cambios más profundos de la legislatura.

Durante casi media hora Sáenz de Santamaría desgranó este lunes los trabajos del Ejecutivo para conseguir que la administración sea más eficiente y austera. A grandes rasgos lo resumió con un relato de los últimos acuerdos del Consejo de Ministros detallando qué ha ocurrido desde el pasado 21 de junio, cuando se presentó la reforma. El plan de lucha contra la morosidad y la deuda comercial; el Proyecto de Ley de Emprendedores; el Proyecto de Ley de Garancía de Unidad de Mercado; la reforma de la administración local o el plan anual de políticas de empleo son pasos que, en sus palabras, va dando el Gobierno para dejar claro que la reforma de la administración "va en serio", y que no se quedará en un mero diagnóstico de los problemas del aparato administrativo español.

Sin apenas explicaciones concretas sobre los ahorros que se han logrado (solo mencionó que un ministerio se ha ahorrado siete millones en un contrato de suministro eléctrico de 40 millones), la vicepresidenta aseguró que los cambios se anunciarán a golpe de viernes en cada Consejo de Ministros. Este próximo se aprobarán los reglamentos de protección de víctimas de terrorismo y el de modificación del dominio público hidráulico. Medidas tan dispares tienen, según el Gobierno, mucho que ver en la reforma de la administración. La primera porque "facilitará a las víctimas un acceso privado y telemático a sus expedientes para el reconocimiento de las ayudas de las distintas administraciones"; y la segunda, porque habilitará una "base central de agua", para coordinar la acción de las administraciones que tienen competencias en la materia.

La vicepresidenta también recordó que, a petición de España, en los próximos meses habrá observadores de la OCDE en los distintos ministerios analizando el cumplimiento de la reforma. "La OCDE se encargará de ayudarnos y espolearnos en el cumplimiento de estos objetivos", dijo.

Dada la aparente complejidad de la reforma, que contiene un buen puñado de recomendaciones lógicas y difícilmente cuestionables, la vicepresidenta adelantó que se pondrá en marcha un índice de ejecución que, cada tres meses y al igual que ocurre con la inflación o el paro, señalará su grado de cumplimiento. Los primeros datos podrán conocerse el 21 de septiembre.

Volviendo a las escasas concreciones, Santamaría sí que mencionó una: la "reorganización, simplificación o supresión" de 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado. Se hará este mismo mes. Y poco más.