Solo paga Brahim

Brahim Moussaten volvía a casa después de una dura jornada como peón de albañil cuando una decena de hombres se abalanzaron sobre él y le cubrieron la cabeza con una capucha negra. Pensó en ese momento que lo estaban secuestrando, pero eran policías y se trataba de un arresto. Él, su padre, su madre y uno de sus hermanos fueron detenidos. Pasaron cinco días incomunicados. Los acusaban de haber participado en los atentados de los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004, la mayor matanza terrorista que ha sufrido España. Esa acusación, que se demostró falsa, ha marcado su vida.

El joven marroquí tenía 21 años cuando comenzó su pesadilla, el 1 de febrero de 2005. Habían pasado solo 10 meses desde los atentados y el país estaba aún bajo sus efectos. No era fácil entonces ser marroquí en España. A pesar de todo, la familia Moussaten vivía tranquila. El padre, Allal, trabajaba desde hacía años como jardinero de una comunidad de propietarios que tenía plena confianza en él. Su madre, Safia Belhadj, ama de casa, cuidaba de la familia. Brahim era el hijo mayor, había llegado a España con 11 años y trabajaba en la construcción. Vivía con sus padres y sus seis hermanos en Leganés, el municipio madrileño en el que se habían suicidado siete terroristas 23 días después de la masacre de Atocha. Ninguno de los Moussaten había sido jamás detenido. Solo habían pisado una comisaría para tramitar su número de identificación de extranjeros (NIE).

Tras los arrestos, los padres quedaron en libertad con cargos. Brahim y su hermano Mohamed fueron encarcelados. Los tres varones de la familia perdieron el trabajo. Los jóvenes, por quedar en prisión. Al padre, Allal, lo echaron de inmediato. Nadie quería tener a un presunto terrorista cortando los rosales, aunque un juez lo hubiera excarcelado.

No se han recuperado. Ocho años después, Brahim está cada vez más desconcertado. A pesar de que se retiraron los cargos contra él durante el juicio, en 2007, a petición de todas las acusaciones, el Estado no ha querido indemnizarle por cuestiones jurídicas que no comprende. Lo único que sabe es que su vida se arruinó y que no solo no recibirá nada por los 168 días que pasó injustamente en prisión y en régimen de aislamiento, sino que acaban de embargarle 1.500 euros de la cuenta corriente para hacer frente a las costas del pleito en el que se metió para reclamar una compensación. El marroquí, de 29 años, ni siquiera quiere hablar del tema. Prefiere que sea su letrado, Eduardo García Peña, quien relate su historia. No quiere pensar ni un minuto más en el fatal azar que truncó su presente y su futuro y por el que ha sido tratado como un terrorista que nunca fue.

“Ha vivido un infierno”, dice su abogado. “Aparte de la cárcel lo perdió todo, trabajo, amigos...”

“Brahim ha vivido un infierno”, asegura su abogado. “No solo por la cárcel. Durante el juicio, toda España vio su rostro una y otra vez, por el lugar en el que le tocó sentarse. Para los españoles, era uno de los moros del 11-M. A él y a su familia los llamaron asesinos, y lo perdieron todo: amistades, cualquier posibilidad de trabajo... Los marroquíes, por otro lado, sospecharon de algún trato con la policía cuando se retiró la acusación contra él. No era cierto ni lo uno ni lo otro, pero el estigma aún permanece. Y nadie le va a indemnizar por ello”.

García Peña fue quien le asistió tras la detención como miembro del turno de oficio. Al principio creía que le ocultaba información. El sumario fue declarado secreto y él estaba convencido de que tenía que haber algo que su cliente no se lo contaba. “Pero Brahim insistía una y otra vez en que no entendía nada”, recuerda el letrado. “Se desesperaba y negaba cualquier relación con los atentados o con terroristas islamistas. Vivía el asunto como una película de terror. Cuando se levantó el secreto comprobé que no había pruebas en su contra”.

La policía acudió a la casa de los Moussaten buscando información sobre Yousef Belhadj, hermano de la madre de Brahim, que residía en Bélgica. Se sospechaba que había ayudado a alguno de los huidos tras el suicidio de la célula terrorista en Leganés. Uno de ellos, Mohamed Afala, había pedido a su hermano que fuera a la casa de los Moussaten para pedir el número de teléfono de Yousef. Este acudió y preguntó por Brahim, que no estaba en casa. Habló entonces con su hermano Mohamed. Los Moussaten no sabían para qué era el teléfono, ni que su tío —al que Brahim solo había visto tres o cuatro veces en su vida y que fue más tarde absuelto como inductor de los atentados, pero condenado a 12 años de cárcel por pertenencia a banda armada—, estaba siendo investigado. Pero ese momento cambió su destino.

Brahim pasó 168 días en prisión. Después quedó libre por escaso riesgo de fuga y, finalmente, en medio del juicio, la fiscalía y las acusaciones retiraron los cargos. Él siguió asistiendo al proceso para acompañar a su hermano pequeño, que fue absuelto. “Los dos hermanos estaban en libertad cuando comenzó el juicio, y cada mañana llegaban en metro al pabellón de la Casa de Campo (donde se celebró la vista)”, recuerda el abogado. “Iban aterrorizados. Les preocupaba coincidir con las víctimas. Eran momentos muy tensos y llegaron a recibir amenazas e insultos. El juicio, además, supuso un drama económico. Ellos eran el sustento de la familia y no podían trabajar. Pasaron ocho horas al día allí metidos durante los cinco meses que duró el juicio”.

Cuando todo terminó, sus problemas no habían hecho más que empezar. La familia Moussaten montó una frutería, pero no funcionó. Les intentaron pegar, les hicieron pintadas... Brahim perdió a sus amigos españoles y marroquíes y cualquier oportunidad laboral. Años después, sus problemas económicos continúan. Por eso pidió una indemnización. Creyó que, ya que la vida le había puesto una zancadilla, justo era que alguien le ayudara a levantarse.

“Yo se lo recomendé porque su caso era casi de manual”, dice García Peña. Él y su compañera Beatriz Aranda pidieron una indemnización de 1,2 millones de euros que la Audiencia Nacional no concedió. El Supremo también la denegó. Y tanto el Constitucional como el Tribunal de Estrasburgo han inadmitido los recursos sin entrar en el fondo del asunto.

El Supremo considera que solo son merecedores de indemnización los presos injustamente encarcelados cuando no ha habido delito o cuando ha existido un error judicial “indudable, patente, incontrovertible y objetivo”, algo muy difícil de probar. En este caso, la justicia considera que sí hubo delito: la matanza de Atocha.

“Pero a Brahim no se le acusaba de atentado terrorista, sino de colaboración con banda armada, de forma que yo creo que el delito no existe porque el acto de colaboración no se produjo”, defiende su letrado. “En todo caso, y al margen de consideraciones jurídicas, es normal que él no entienda nada. Lo único que sabe es que ha sufrido una absoluta injusticia que le arrancó la vida a los 21 años y que, encima, le niegan una indemnización”. El Supremo, además, le condenó a pagar las costas del proceso. Antes del verano, a Brahim, en paro, le embargaron lo único que tenía en la cuenta: 1.500 euros que necesitaba para su familia. Su vida se ha convertido en una sucesión de zancadillas. Por eso no quiere ni hablar.