Montoro pide a Gibraltar datos fiscales de contribuyentes por primera vez

España solicitó información fiscal a Gibraltar sobre 30 casos de contribuyentes o sociedades semanas antes de que estallara el conflicto por la instalación de un arrecife con bloques de hormigón. Era la primera vez que se producía una petición de este tipo, que se abría la puerta a una colaboración fiscal entre ambas administraciones. La petición iba dirigida directamente a la hacienda gibraltareña y enviada a Reino Unido por valija diplomática. “Es la primera vez que España pide algo a Gibraltar y eso significa que ha empezado el proceso de intercambio de información”, señaló Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, a este periódico. “Gibraltar se apresta a este intercambio muy positivamente. Están llegando las solicitudes, de las que se ha acusado recibo y ha comenzado el proceso para obtener información y enviársela a España”, añadió.

El ministro abre una vía inédita hasta la fecha usando una directiva de la UE

La iniciativa parte del ministerio de Hacienda español y lo hace en aplicación de una directiva europea, la 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, directiva que ya han aplicado en su legislación tanto España como Gibraltar. El objetivo de esta directiva es promover que haya un mayor grado de intercambio fiscal previo a la liquidación de tributos entre las Administraciones de los países miembros. Es una directiva que no acepta el secreto bancario y que obliga a todos los países miembros a contestar a cualquier requerimiento que le haga la Administración de otro Estado de la UE. La autoridad requerida, en este caso sería la hacienda de Gibraltar, debe seguir los mismos procedimientos que si actuase por iniciativa propia. Y el plazo de respuesta no puede exceder de los seis meses. Todos los Estados miembros estaban obligados a trasponer esta directiva antes del 1 de enero de 2013.

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Aunque España no ha llegado a firmar ningún acuerdo de colaboración fiscal con Gibraltar, sí se ha acogido a esta directiva para abrir una vía inédita de colaboración. Se da la circunstancia de que Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, realizó una pregunta al Gobierno el pasado 25 de abril relativa al intercambio de información con Gibraltar: “¿Por qué no se ha firmado aún un convenio similar en relación con el paraíso fiscal de Gibraltar?”, preguntaba. La respuesta del Gobierno llegó el 18 de junio: “Con respecto al Gobierno de Gibraltar, ya existen instrumentos que permiten el intercambio de información”. La respuesta gubernamental cita la directiva 2011/16/UE como el mecanismo a utilizar y señala que “esta directiva resulta también aplicable al territorio de Gibraltar, permitiendo que España solicite información que pueda ser pertinente para la liquidación de los tributos”. Posiblemente, en esas fechas, la hacienda española había comenzado a pedir datos a Gibraltar.

España ha enviado solo 13 comisiones rogatorias entre 2012 y 2013

Curiosamente, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se había manifestado con cierta dureza sobre Gibraltar y su presunta opacidad fiscal en unas declaraciones realizadas el 22 de abril. Montoro anunciaba que en su ministerio se estaba formando un equipo para “estrechar el cerco a Gibraltar” y acabar con la evasión de impuestos. Esas declaraciones motivaron que Fabian Picardo enviara una carta a Montoro, en la que invitaba a dicho grupo de trabajo a visitar Gibraltar “y hablar con los funcionarios de nuestras autoridades competentes sobre todos los asuntos que les preocupen. No pudo imaginar mejor manera de disipar sus dudas si estas son auténticas y no un mero deseo de atacarnos políticamente”.

Picardo señalaba a Montoro que “las conversaciones para alcanzar un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Gibraltar y España llegaron a un nivel muy avanzado hace unos años, hasta que llegaron a un punto muerto por razones políticas”. Picardo invitaba a Montoro a reanudar dichas conversaciones “teniendo en cuenta que ha habido un cambio de Gobierno en ambos países desde entonces”. La carta llevaba fecha del 18 de junio, justo el mismo día de la respuesta del Gobierno a Llamazares.

Otro asunto bien distinto es el de las comisiones rogatorias, que se trata de información que se solicita por autoridad judicial. España ha enviado siempre las peticiones a Reino Unido, nunca las ha dirigido a Gibraltar. Según el Gobierno gibraltareño, España ha enviado siete comisiones rogatorias en 2012 y seis en lo que va de 2013. Son cifras muy alejadas de lo que manifestó el ministro del Interior español cuando afirmó hace unas semanas que Gibraltar estaba presente en al menos 200 operaciones policiales relacionadas con blanqueo de capitales.