Fomento endurecerá las pruebas de aptitud de los empleados de Renfe

El Gobierno quiere revisar el cuadro de velocidades máximas, esto es, el límite que debe respetar el conductor en cada tramo de un trazado ferroviario, en función del escalonamiento previsto entre dos distancias de un trayecto. Esta revisión, para la que ya ha sido encargada una auditoría en toda la red española de ferrocarriles, podrá suponer una reducción de la velocidad en tramos concretos considerados de riesgo para que la transición no resulte tan brusca.

Esta es una de las propuestas que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado este viernes en la comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, convocada tras el accidente de tren de Santiago de Compostela del pasado 24 de julio.

Pastor ha anunciado que se aprobará una nueva normativa de cara a las víctimas de accidentes ferroviarios. "Todo está sometido a revisión, todo está sometido a propuestas de mejora", ha dicho, antes de enumerar las 20 propuestas, entre las que destacó que se revisará la señalización de las vías y las velocidades máximas. "Se dotará de protección con secuencia de balizas Asfa en los tramos en donde exista una disminución apreciable de velocidad", dijo, algo que de forma provisional se ha hecho en la curva de entrada a Santiago tras el accidente. "Se promoverá el mayor desarrollo del Asfa digital, con la posibilidad de emisión de señales de voz; se profundizará en la posible instalación de un sistema vía satélite para reforzar la señalización", añadió.

Gómez-Pomar

Entre sus medidas destaca una batería de propuestas que afectan a la plantilla: "Propongo aquí revisar los requisitos de acceso a los profesionales al sector y valorar la posibilidad de realizar una formación académica ad hoc". La ministra anunció que revisará "el protocolo de requerimientos psico-físicos del personal ", y se abre la posibilidad de "mejorar la grabación de la actividad profesional en los trenes".

Otras medidas tienen relación con la normativa del uso de los elementos de comunicación móviles "para implantar un sistema integrado y único donde el maquinista active la comunicación con un sistema de manos libres", y "más controles de las cajas negras, analizando periódicamente la información que contienen para promover medidas de mejoras". El maquinista del Alvia que descarriló en Santiago, Francisco José Garzón, se comunicó por el móvil corporativo con el interventor durante alrededor de un minuto y medio mientras cruzaba túneles y viaductos y antes de enfilar el último tramo de la línea Ourense-Santiago a 179 kilómetros por hora. El veterano conductor, que atribuyó la tragedia a un “despiste”, se comunicó hasta 11 segundos antes del accidente que causó 79 víctimas.

En último lugar habló de medidas que tienen que ver directamente con el pasaje, como la de "mejorar la ubicación de los equipajes en los vagones", ofrecer billetes gratuitos a los menores de cuatro años o "medidas de identificación de los pasajeros". Se actualizará el reglamento de circulación y se redactará un real decreto de apoyo a las víctimas "que permita incorporar un plan nacional de asistencia a las víctimas".

En el inicio de la comisión,  a las diez de la mañana, Pastor ha recordado a las 79 víctimas y a sus familiares, así como a todas las instituciones y particulares que colaboraron en las tareas de rescate en la fatídica noche del 24 de julio. "Tienen que tener apoyo permanente", ha subrayado, "para eso creamos una oficina de atención a los afectados". Su relato ha arrancado en el momento del accidente, poco antes de las nueve de la noche en la víspera de la celebración del día de Galicia. "Más de 3.000 efectivos participaron en el operativo", entre miembros de bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, protección civil, psicólogos o profesionales sanitarios. El día 25 la ministra solicitó una auditoría para revisión de toda la red. "Se van a ir tomando las decisiones que se entiendan que mejoran la seguridad sobre todos los agentes del sector". Es decir: operadores, fabricantes, centros de mantenimiento, prestadores de servicios relacionados con el ferrocarril y centros médicos homologados.

Pastor, como hiciera Gonzalo Ferre (presidente de Adif) el jueves, ha realizado un minucioso repaso del proceso de construcción de la línea, incluida en los planes de Fomento desde 1999. "Durante el transcurso de la obra se realizó un modificado: en el proyecto inicial se proyectó en ancho UIC (de alta velocidad). Posteriormente se cambió a ancho convencional. Esa decisión afectó a los proyectos de señalización, cambiando la configuración inicial de ETMS (sistema de seguridad avanzado) en los accesos a Santiago a Asfa (Aviso de Señales y Frenado Automático)". Ese cambio, adoptado en abril de 2011 cuando el socialista José Blanco ocupaba la cartera de Fomento, modificó la infraestructura y obligó a realizar un nuevo programa de explotación para la línea. El PSOE ha defendido que se trató de un cambio decidido por los técnicos que no rebajó la seguridad del trayecto.

"En lo que se refiere a las causas del accidente, están abiertas dos investigaciones: la que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la judicial", analizó Pastor. "La CIAF envió el 1 de agosto sus recomendaciones preliminares que fueron enviadas al presidente de ADIF". Entre ellas, la implantación de balizas en el tramo para controlar la velocidad de los trenes, las que se han instalado en la curva de A Grandeira. Lo que no ofreció la ministra fue ninguna conclusión sobre el accidente. "Es el momento de dar tiempo a la investigación".

La mayoría de los grupos que interpelaron a la ministra de Fomento esperaban una respuesta sobre los planes que su departamento y Adif tienen previstos para la fatídica curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente. La respuesta es que serán permanentes los cambjios realizados en ese punto, donde se ha limitado la velocidad de 80 a 30 kilómetros por hora. Pero también se ha instalado un sistema que refleja la filosofía de la revisión de velocidades máximas por tramos que ahora propone el Gobierno, con tres balizas del sistema de seguridad Asfa que reducen progresivamente la velocidad de 160 kilómetros por hora hasta 30, con un límite de carácter informativo a 60 desde 3.000 metros antes de la curva.