El juez rastrea todos los gastos de la Infanta para decidir si la imputa

El juez José Castro amplió este martes el ámbito de su investigación penal sobre Cristina de Borbón por su posible relación con delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en conexión con los negocios sospechosos de corrupción de su esposo Iñaki Urdangarin. Es la última diligencia judicial para dirimir si imputa a la Infanta. La Audiencia Provincial de Mallorca dejó en suspenso la imputación anterior que decidió el juez Castro aunque en sus argumentos jurídicos le mostró el camino para volver a imputar a la hija del Rey.

El instructor del caso Nóos pidió a la Agencia Tributaria que rastree todas las operaciones económicas con terceros que efectuó la infanta Cristina, en especial las relacionadas con las obras de reforma del palacete de Pedralbes, en Barcelona, que adquirió junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por seis millones de euros.

El juez quiere que se determine, además, el origen de los fondos utilizados por la Infanta, para verificar si nacían de la sociedad Aizoon, empresa cuya propiedad compartía con Urdangarín y que es una pieza clave para determinar si cometió delito. Urdangarin utilizaba Aizoon para defraudar al fisco, según distintos informes de la Agencia Tributaria. Además, era la sociedad en la que el marido de la Infanta Cristina ingresaba cientos de miles de euros procedentes de sus contratos con administraciones públicas a través del Instituto Nóos. La policía examinará también las cuentas de la reforma para saber qué personas y empresas operaron y de qué manera facturaron los trabajos de “rehabilitación, suministros y mantenimiento” de la vivienda en Barcelona.

La pareja adquirió la casa en octubre de 2004, cuando el Instituto Nóos intensificó sus relaciones con distintos Gobiernos del PP para lograr contratos millonarios con concurso previo.

Urdangarin y la Infanta invirtieron en los años siguientes unos tres millones de euros en la mejora y decoración de la casa, con una superficie de 1.000 metros cuadrados.

La Audiencia de Palma suspendió hace varios meses la imputación de la infanta Cristina, enmendando la plana al instructor, al que sugirió rastrear en otras vías penales. La sala vio la posibilidad de que la Infanta fuese “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” en una defraudación fiscal y blanqueo.

La Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado exculparon en distintos informes a la hija del Rey. A continuación, el juez Castro siguió su camino con el fin de agotar todas las vías de indagación.

Iñaki Urdangarin está imputado por tres delitos fiscales, dos por las declaraciones de la renta y otro por el impuesto de sociedades.

En la misma providencia el juez José Castro trasladó a las partes la petición de sobreseimiento de su imputación que presentó Carlos García-Revenga, secretario personal de las infantas, encausado desde enero.