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El Gobierno prepara medidas para “apretar las tuercas” al Peñón

Exteriores alega que Gibraltar aplica una política de “hechos consumados”

El Gobierno ha preparado una batería de medidas de presión para “apretar las tuercas” a Gibraltar ante lo que considera una política de “hechos consumados” por parte de las autoridades del Peñón. El objetivo, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, es “aplicar la legislación española y comunitaria en materia de lucha contra el contrabando, el fraude fiscal y la protección del medio ambiente”.

Margallo expresó la semana pasada a su homólogo británico, William Hague, la “extrema gravedad” de la situación creada por la decisión gibraltareña de arrojar 70 bloques de hormigón en aguas contiguas al Peñón para impedir el uso de las artes tradicionales de pesca de la flota gaditana. Fuentes diplomáticas recuerdan que España y Reino Unido se comprometieron a negociar las medidas de protección del medio marino después de que la Comisión Europea reconociera a ambos países competencias sobre las mismas aguas. Pero, lejos de reanudar unas negociaciones suspendidas desde hace meses por la presión del Ejecutivo de Fabian Picardo, Gibraltar ha sembrado el fondo marino de bloques con pinchos de hierro con el pretexto de crear un arrecife artificial.

La primera reacción del Gobierno español ha sido denunciar a las empresas implicadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificar los hechos a la Comisión Europea. Además, esta semana se ha impedido la entrada en Gibraltar de media docena de camiones cargados con material de construcción.

Pero, más allá de esta respuesta inmediata, el Gobierno, con la participación de varios ministerios, ha elaborado un documento, cuyas líneas maestras adelantó ayer Europa Press, con una batería mucho más amplia de medidas que suponen, en la práctica, la vuelta a la situación anterior a los acuerdos alcanzados en Córdoba en 2006.

Controles en la verja

La lucha contra los fraudes es uno de los motivos por los que España seguirá realizando controles en la verja como los de los últimos días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y del Gobierno británico, que ayer convocó al embajador español en Londres para expresarle su "preocupación" y obtener garantías de que no se repetirán.

Sin embargo, España defiende que es su "obligación" realizar estos controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son "irrenunciables" y seguirá haciéndolos cuando lo considere "necesario".

Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una 'tasa de congestión' a los vehículos que atraviesan la Línea de la Concepción con destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al desarrollo económico del Campo de Gibraltar, con una atención especial al sector pesquero, perjudicado por la política de "hechos consumados" de las autoridades del Peñón.

En materia de protección del medio ambiente, se ha advertido ya a las empresas que realizan bunkering —suministro de combustible desde barcos en la bahía de Algeciras— de que esta actividad está prohibida y pueden ser sancionadas.

Respecto al fraude fiscal, la Agencia Tributaria revisará la situación de 6.700 gibraltareños que tienen residencia en España, por lo que se benefician de sus infraestructuras y servicios sociales, pero su domicilio fiscal en el Peñón. También se inspeccionará la situación de aquellos inmuebles a nombre de sociedades domiciliadas en Gibraltar para evitar el pago del impuesto de sucesiones. Igualmente, se exigirá que las empresas de juego online —un sector que ha florecido en Gibraltar en los últimos años— operen a través de servidores en España y paguen por los beneficios obtenidos en nuestro país.

El Gobierno se plantea revisar las 60.000 líneas telefónicas concedidas al Peñón por el Gobierno de Zapatero y que apenas dejan 4.000 euros anuales en el municipio español de La Línea como “servidumbre de paso”.

A la misma lógica de revisar los acuerdos alcanzados por el foro tripartito —en el que Gibraltar negociaba de igual a igual con Londres y Madrid— obedece la decisión de redefinir la zona de restringida de vuelos de Algeciras, en la que ahora se permiten aviones civiles con un plan de vuelo autorizado —como los que tienen origen o destino en el Peñón—, para que pasen a estar prohibidos todo tipo de vuelos. Esta medida, admiten las fuentes consultadas, dificultará el tráfico del aeropuerto gibraltareño, pero no su seguridad.

España ya decidió hace meses volver a la práctica anterior a 2006 de presentar una reserva que excluya a Gibraltar cada vez que se discuta cualquier nueva directiva comunitaria en relación con el tráfico aéreo.

El Gobierno alega que los controles en la verja, que han provocado largas colas en los últimos días y llevaron al Foreign Office a convocar al embajador español en Londres para trasladarle su protesta, responden a la necesidad de luchar contra el contrabando; sobre todo el de tabaco, que ha aumentado más del 200% en los tres últimos años. “Gibraltar está fuera del Tratado Schengen [el espacio europeo sin fronteras] y es una zona donde proliferan los tráficos ilícitos”.

Pero aún hay una medida que el Gobierno se guarda para reducir estas colas sin aflojar los controles aduaneros: la imposición de una “tasa de congestión” a los vehículos que salgan de la colonia. Lo recaudado se destinaría al desarrollo del Campo de Gibraltar, primera víctima del contrabando, alegan las fuentes consultadas. Aun así, el Gobierno insiste en que los controles en la verja no son una represalia, sino “una obligación”.

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