Una recusación del PP elevó en 2007 el listón de la imparcialidad del alto tribunal

El PP forzó en 2007 al Tribunal Constitucional a modificar su criterio sobre causas de recusación de magistrados de la institución. Una recusación presentada por diputados del PP, encabezados por Federico Trillo, elevó el listón de exigencia de imparcialidad.

En concreto, los populares lograron apartar de la discusión de su recurso contra el Estatuto de Cataluña al magistrado Pablo Pérez Tremps para facilitar la anulación de artículos claves. El motivo de la recusación es que “el magistrado redactó un dictamen, por encargo del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad de Cataluña, que, junto a los elaborados por otros nueve juristas, sirvió al referido Instituto para remitir al Parlamento de Cataluña unas propuestas normativas —consistentes en unas memorias explicativas y un texto articulado—, entre las cuales estaba la referida a las “relaciones de la Generalidad con la Unión Europea y acción exterior de la Generalidad”. Según el PP, eso se sustentaba en el dictamen de Pérez Tremps, en aquel momento catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III.

El tribunal aceptó la recusación y estableció en un auto del 5 de febrero de 2007 que bastaba la parcialidad subjetiva, es decir, la apariencia de falta de imparcialidad, para aceptar una recusación. “Lo determinante es, exclusivamente, si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado”, aseguraba el auto de 2007 para determinar que basta la apariencia de parcialidad para aceptar la recusación.

De nada le sirvió a Pérez Tremps alegar que ese trabajo que sirvió de base para el informe fue elaborado incluso antes de que se formara el Gobierno de la Generalitat que lo encargó y que impulsó el nuevo Estatuto catalán. Alegó que “el trabajo académico no fue un encargo del llamado Gobierno tripartito, pues fue elaborado antes de las elecciones de las que nacería el citado Gobierno autonómico”.

Explicó también que como catedrático de Derecho Constitucional elaboraba informes y que ese era su trabajo. “Que es intrínseco a la labor de investigación jurídica que la misma pueda ser utilizada por quienes tienen responsabilidades políticas”, decía.

El hoy presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, como catedrático experto en Derecho Laboral, ha escrito multitud de textos sobre la reforma laboral que ahora tendrá que revisar como presidente del Constitucional. Parte de esos estudios los elaboró y los firmó con Xavier Jean Braulio Thibault, actual director general de Empleo, y autor de la reforma laboral que está recurrida por el PSOE al Constitucional.

Luego el PP recusó a otros tres magistrados por distintos motivos, pero en esos casos el tribunal las rechazó por considerarlas infundadas.