Aupado a la cúspide por el PP

Desde su nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos ha mantenido la tendencia de voto del sector conservador. Únicamente en una ocasión votó en contra de las tesis del PP y fue cuando el Constitucional debatió y acabó avalando la ley de matrimonio homosexual aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su tarea como magistrado se señaló además con un voto discrepante de la mayoría cuando el Constitucional declaró legal la presencia de Bildu en las elecciones de 2011.

Pérez de los Cobos se doctoró en la Universidad de Valencia (en la que estudió) en 1987 y en la de Bolonia (Italia) en 1989. Tras obtener su cátedra, ejerció y llegó a ser decano de la Universidad de las Islas Baleares entre 1994 y 1996. En Barcelona —ciudad en la que empezó a pagar sus cuotas al PP— fue vicedecano de Extensión Cultural y de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado en la facultad de Derecho de la Autónoma, entre 1996 y 2007.

De su paso por Barcelona quedan algunos de sus aforismos: “No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo”, o el dinero es “el bálsamo racionalizador de Cataluña”, que plasmó en su libro Parva Memoria, publicado por la editorial catalana Tirant lo Blanch.

En 2007 su carrera docente le trasladó a la Complutense de Madrid, en la que ocupó, hasta 2010, la dirección del departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

El 29 de septiembre de 2010 el Partido Popular presentó su candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional, en el cupo que corresponde al Senado. Su nombre salió adelante gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE, después de tres años de retraso para la renovación del alto tribunal. Antes de su nombramiento, Cobos ejerció como asesor laboral a través de una sociedad limitada pero, ante la posibilidad de una incompatibilidad, suspendió sus actividades. Francisco Pérez de los Cobos, fue entre 1996 y 2006 consejero del Consejo Económico y Social, del que formó parte como miembro del grupo de expertos, designado por el Gobierno de José María Aznar.

Desde que ocupa la presidencia del Tribunal Constitucional, a la que accedió por unanimidad el 19 de junio, el tribunal ha tomado decisiones sobre la declaración soberanista de Cataluña y sobre el decreto antidesahucios de Andalucía. En ambos casos, y por unanimidad, el pleno del Constitucional adoptó medidas de suspensión, en contra de la postura de ambas autonomías, gobernadas por CiU y por el PSOE e IU.

La reforma laboral y la amnistía fiscal aprobadas por el PP son otros de los temas sobre los que tendrá que decidir.