Bárcenas dice que dio dinero negro a Trillo para la defensa del Yak-42

La defensa de los militares imputados en el caso Yak-42, la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz, se pagó con dinero negro. Así lo declaró el pasado lunes el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien dijo al juez Pablo Ruz que entregó fondos de la caja b —que se nutría con aportaciones ilegales de empresas constructoras— al exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, para que pagase a los abogados.

Bárcenas no detalló cuánto dinero se dedicó a este fin, pero sus papeles, autentificados por él mismo, reflejan pagos a Trillo por 51.000 euros desde julio de 2003 —el siniestro aéreo fue el 26 de mayo de ese año en Trebisonda (Turquía)— a julio de 2006.

No sería ese el único dinero negro que recibió Trillo. La contabilidad paralela refleja que el exministro recibió otros 77.413 euros de agosto de 2000 a diciembre de 2001. Estos pagos, según Bárcenas, eran una “compensación” por haber pasado de ser presidente del Congreso (1996-2000) a ministro de Defensa (2000-2004), un cargo peor remunerado. Bárcenas explicó que como Álvaro Lapuerta, su antecesor como tesorero, no estaba de acuerdo con estos pagos, él se lo daba personalmente a Trillo en sobres. En total, este recibió 128.413 euros de la caja b del PP.

El caso Yak-42 dio lugar a dos procedimientos. Uno por las irregularidades que rodearon la contratación del avión, en el que fueron imputados seis altos mandos militares de la etapa de Trillo, que finalmente se archivó: y otro por las falsas identificaciones de 30 de los 62 cadáveres, por el que fueron condenados un general y dos comandantes. La defensa de los seis mandos acusados por las irregularidades y del teniente general José Antonio Beltrán —que fue imputado en el caso de las identificaciones aunque al final no se sentó en el banquillo—, corrió a cargo del mismo despacho de abogados: el prestigioso bufete Rodríguez Ramos; que defiende al Ayuntamiento de Madrid en el caso del Madrid-Arena. Un miembro de dicho despacho declinó ayer explicar cómo se había pagado su minuta, apelando al secreto profesional. “Callar no es confirmar”, matizó.

Fuentes de Defensa indicaron que los seis militares, una vez libres de cargos, han solicitado que se les reembolsen los gastos de su asistencia letrada. No es la primera vez que lo intentan. Defensa ya lo rechazó en tiempos de José Bono con el argumento de que las víctimas también eran militares y que los militares procesados por delitos cometidos en acto de servicio pueden ser defendidos, si lo piden, por la Abogacía del Estado, pero no por letrados de su elección.

La Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42 expresó ayer su indignación tras conocer la noticia y pidió la inmediata destitución de Trillo como embajador en el Reino Unido.