El Gobierno no atendió las principales exigencias que le planteó el extesorero

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha cedido a las exigencias que le puso el extesorero Luis Bárcenas para mantenerse callado sobre sus papeles secretos. Y, entre otras cosas, no ha cedido porque algunas de las peticiones de Bárcenas eran prácticamente imposibles de realizar, al margen de que llevarlas a cabo habría derivado en un auténtico escándalo.

Las dos principales exigencias del extesorero eran que la policía, la UDEF, dejase de investigarle y, paralelamente, que se apartase de la investigación a las dos fiscales Anticorrupción (Miriam Segura y Concepción Sabadell), cuya tenacidad ha permitido destapar todas las andanzas y delitos de la trama Gürtel y hallar las millonarias cuentas que posee en Suiza el extesorero.

Segura y Sabadell son posiblemente las dos personas que mejor conocen el sumario de la trama Gürtel, que ya rebasa los 600.000 folios de unas diligencias de gran complejidad jurídica por el número de implicados (más de 100) y las conexiones financieras entre ellos, incluso en el extranjero. Bárcenas las odia porque son ellas las que lograron que la Sala de la Audiencia Nacional revocase los autos de archivo decretados por el juez Antonio Pedreira (antecesor de Ruz al frente de la instrucción) a su caso y al de su esposa, Rosalía Iglesias.

La misma tenacidad que tuvo para intentar apartar a las fiscales la empleó Bárcenas para que el caso Gürtel quedase en manos del juez Pedreira, de cuya enfermedad y bondad se aprovechó para convencerle de que no ocultaba dinero en Suiza y de que, en todo caso, su esposa era ajena a sus negocios (Bárcenas se enteró de la iglesia a la que acudía el juez y durante un tiempo se convirtió en un parroquiano más, como excusa para contactar con él). Tampoco ha logrado apartar del caso a Manuel Morocho, el jefe policial autor de buena parte de los informes que le afectan.