El ‘caso Bárcenas’ deriva en el ‘caso PP’

El laberinto en el que Luis Bárcenas ha sumido al Partido Popular puede estar a punto de estallar. La declaración del extesorero, citado hoy por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dos semanas después de su ingreso en prisión, ya ha cambiado radicalmente el escenario al que se enfrentan el partido mayoritario y el propio Mariano Rajoy.

Lo ha cambiado por la enorme preocupación que, a pesar del mensaje oficial de tranquilidad, cunde en la cúpula y entre los principales dirigentes por los previsibles futuros ataques. Porque ha borrado la agenda del Ejecutivo. Y porque incluso en el PP son conscientes de que el escándalo, a estas alturas, va mucho más allá que el caso Gürtel y trasciende el caso Bárcenas en sí. Desde la publicación en EL PAÍS de la contabilidad manuscrita del antiguo responsable de finanzas, el pasado 31 de enero, esa información ha generado un problema creciente en el seno del partido. La investigación apunta a una financiación ilegal de la formación, y en el PP hay quien teme que el extesorero, a la espera de que se resuelva el recurso de excarcelación, guarde recibos de constructores y empresarios de donaciones opacas e incluso fotos y documentos de carácter personal de dirigentes, que podría utilizar para defenderse de lo que considera un acoso judicial.

El caso Bárcenas ha conmocionado al partido y sus finanzas y amenaza su estabilidad política. Y ya ha derivado en un caso PP. Esta es la cima de un escándalo que empezó hace cinco meses y medio, cuando los apuntes del veterano dirigente popular eternamente apoyado por Rajoy destaparon una contabilidad b y pagos a varios miembros de la cúpula a lo largo de dos décadas.

LOS APUNTES SECRETOS

El PP ante el laberinto

Dos semanas después del descubrimiento de una cuenta en Suiza con 22 millones de euros —más tarde la investigación acreditó que el extesorero llegó a amasar hasta 47—, los llamados papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS dieron un vuelco al escenario. Tras cuatro años de instrucción del caso Gürtel, el PP se vio obligado a enfrentarse a su pasado. Un pasado que sumió a la formación en un laberinto.

La documentación demuestra que Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, apuntaron en sus cuadernos decenas de donativos de empresarios por valor de 7,5 millones de euros, pagos periódicos a miembros de la cúpula y otros gastos relacionados con la estructura del partido. Esta contabilidad secreta refleja de forma minuciosa los ingresos realizados al PP y aporta los detalles de fecha, origen y cantidad, un registro que muestra pagos con el nombre del destinatario, la fecha del pago y la cantidad recibida, y otro con el saldo final de los movimientos de dinero. En 1997, según la contabilidad de Bárcenas, comenzaba un sistema de pagos periódicos en dinero negro, oculto al fisco, a todos los secretarios generales, números dos del partido, y los vicesecretarios. Este mecanismo de entregas incluye, desde ese mismo año, a Rajoy y a miembros de la cúpula y después del Ejecutivo de José María Aznar, como Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas. También figura la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, a quien atribuye pagos en dos trimestres —julio a septiembre y octubre a diciembre—, a razón de 7.500 euros cada uno

El líder del PP aparece en las anotaciones, desde 1997, con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros.

Según la contabilidad del partido, además, Rajoy y Cascos ingresaron cantidades mensuales fijas por “trabajos extraordinarios” ya entre 1990 y 1993.

"ÚNICA Y TRANSPARENTE”

El mantra de la negación

Esta información provocó en el partido mayoritario una reacción de negación total. A pesar de que algunos dirigentes populares —como el actual presidente del Senado, Pío García-Escudero— avalaron los registros que les afectaban, la dirección del PP se cerró en banda y acuñó desde el primer día el que se convertiría durante meses en el mantra oficial: “La contabilidad del PP es única, transparente, limpia y ha sido sometida todos los años a la auditoría del Tribunal de Cuentas”. El propio Bárcenas niega a través de un comunicado ser el autor de los papeles que ahora ha asumido.

“Todo es falso, yo no estoy en política por dinero”, asegura Rajoy ante la plana mayor la formación, reunida en el Comité Ejecutivo Nacional dos días después de la publicación de los papeles. “Nunca he recibido ni he repartido dinero negro; es falso”, insiste el presidente del Gobierno, que anuncia además la difusión de su declaración de la renta y patrimonio.

Los sectores autonómicos del partido empiezan, no obstante, a reclamar más explicaciones y generan las primeras tensiones internas. Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera, Antonio Basagoiti, deseaban una respuesta contundente y pidieron a Rajoy algún gesto, acelerar la investigación interna, que finalmente descartó irregularidades —la auditoría externa anunciada nunca se llegó a realizar—, y que tomara las riendas de la gestión del escándalo.

Mientras el jefe del Ejecutivo buscaba un plan con los suyos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afianzaba su propia estrategia en este caso. Esto es, rechazo absoluto de las conductas impropias, críticas soterradas y a veces explícitas a la cúpula, exigencias de un mayor esfuerzo de comunicación. Una táctica que, según algunos sectores del PP, ha servido a la dirigente popular para desviar la atención de la trama madrileña del caso Gürtel.

DONACIONES IRREGULARES

La cúpula de la formación se centró desde el principio en negar retribuciones irregulares. No obstante, los papeles de Bárcenas reflejan que una parte importante de los ingresos registrados en su contabilidad manuscrita, más de dos tercios, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. Se trataba de supuestos donativos irregulares por dos razones. En algunos casos, porque superaban el límite legal establecido en La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos que estuvo vigente entre 1987 y julio de 2007. Según esta norma, “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año”. También podía tratarse de donativos irregulares porque la ley prohibía los ingresos procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.

¿Cómo pudo saltarse la ley? Una vez judicializado el caso, el análisis de la contabilidad oficial del PP aportada a la Audiencia Nacional demuestra cómo Bárcenas disfrazaba esas donaciones ilegales fraccionando los ingresos en cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. Esta era la treta del extesorero para sortear la ley y evitar que el Tribunal de Cuentas pudiera detectar irregularidades. El carácter anónimo de esas aportaciones impedía, además, que el órgano fiscalizador identificara a los empresarios que contrataban con Administraciones públicas.

FINIQUITO EN DIFERIDO

Las primeras verdades

Hay un episodio del caso Bárcenas que ilustra a la perfección la fortaleza de relación que el antiguo responsable de finanzas mantuvo con el partido desde que entró a trabajar en la Alianza Popular de Manuel Fraga, en 1982.

Tras forzar su dimisión a raíz de su imputación en el caso Gürtel, en julio de 2009, la cúpula, con Mariano Rajoy a la cabeza, defendió a ultranza su inocencia al menos hasta 2010. Después, cuando las evidencias judiciales hicieron insostenible esa defensa, todos se emplearon en recordar que el extesorero ya no era nadie dentro del partido. El presidente del Gobierno solemnizó este mensaje en el debate sobre el estado de la nación celebrado el pasado febrero. “No voy a citar a nadie; no lo hice ayer y no lo voy a hacer hoy. Pero las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido”, aseguró.

En realidad, Bárcenas conservó un despacho en Génova, 13 hasta el pasado enero. Y el partido le despidió el pasado 31 de enero, el mismo día en que EL PAÍS publicó los papeles de su contabilidad secreta. Según el informe de vida laboral remitido al juez del caso, el PP le había dado de alta el 16 de abril de 2010, tras cesar como senador, y mantuvo su cotización justo hasta el último día del pasado mes de enero. También le abonó los costes de su defensa al menos hasta febrero de 2010.

La número dos de la formación, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, justificó públicamente esa relación laboral con figuras jurídicas insólitas como “indemnización en diferido” desde el momento en que mantenían haberle despedido, o “contrato en forma de simulación”. Fue el 25 de febrero. Tras esa comparecencia, la dirigente popular suspendió las ruedas de prensa en la sede nacional del partido durante más de un mes. El extesorero logró enmudecer al PP. Ninguneó una vez más a la formación donde, a lo largo de 20 años al frente de las finanzas, había alcanzado un poder casi absoluto pese a su inexistente relevancia política. Empezó entonces la batalla de las querellas.

LAS QUERELLAS

Un pacto de mínimos

Mientras la división interna en el Partido Popular crecía día tras día, el caso Bárcenas se hizo poco a poco incontrolable. La dirección nacional hacía hincapié en el “incomparable” ejercicio de transparencia, publicó las cuentas ya fiscalizadas de 2008 a 2011, pero la realidad es que la madeja generada por el extesorero sumía al partido en el desconcierto. El 6 de marzo fue uno de los días clave y más rocambolescos.

Fue entonces cuando la dirección trató de cerrar la crisis interna con un acuerdo de mínimos. Primero, el extesorero denunció por tercera vez en una semana al partido por “maltrato laboral” después de hacerlo por despido improcedente y por el “robo” de dos ordenadores. Empezaba así el ataque de Bárcenas. Conscientes de que ya nada les vinculaba a ese dirigente, aunque preocupados por sus posibles reacciones, los populares anunciaron la presentación de una demanda contra el “autor” de los papeles de Bárcenas y contra la empresa editora de EL PAÍS. Esa decisión tiene una explicación interna. Se tomó para cerrar una crisis entre los dirigentes que querían ir directamente contra Bárcenas y quienes preferían no hacerlo.

Ya había desvanecido entre la mayoría de los dirigentes populares ese clima apoyo demostrado oficialmente hacia el extesorero. Algunos, como el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, lamentaban abiertamente la relación mantenida con él, pero nadie se atrevía aún a llamarle “delincuente”.

EL CASO, EN LOS TRIBUNALES

Hacia el delito contable

La investigación de los papeles de Bárcenas buceó desde el pasado febrero en la documentación que el PP pudo aportar. La actual tesorera, Carmen Navarro, ya advirtió en el informe de gestión de la investigación interna que la información en poder del partido solo se remontaba hasta 1995. No obstante, la instrucción del caso considera que tanto Álvaro Lapuerta como Luis Bárcenas pudieron cometer un delito contable del artículo 310 del Código Penal, castigado con penas de entre cinco y siete meses de cárcel, al llevar una contabilidad distinta a la oficial y opaca al fisco. Con Bárcenas en la cárcel y tras el accidente sufrido por Lapuerta, esta investigación demuestra que la gestión de ambos al frente de de las finanzas del PP constituye un caso que afecta a la estructura entera y al funcionamiento del partido.

Los investigadores consideran acreditado que el PP dispuso de una doble contabilidad y una caja b entre 1990 y 2008. Y para ello se basan en el cotejo de las anotaciones que reflejan los papeles que publicó EL PAÍS con la contabilidad oficial del PP, con los testimonios que ya han prestado algunos de los empresarios españoles que figuran en ellos como donantes, y con las manifestaciones de altos cargos del PP que admiten haber recibido sobresueldos. Entre otros, el exdiputado navarro Jaime Ignacio del Burgo, que ha reconocido ser perceptor de 26.429 euros destinados a dos afiliados; o Santiago Abascal, que también admitió ante el juez Pablo Ruz haber recibido 12.000 euros.

LOS MENSAJES

El peor escenario

El ingreso de Bárcenas en prisión, el pasado 27 de junio, dividió una vez más al PP. El último capítulo del caso demostró que existen dos PP, dos generaciones de dirigentes y dos planteamientos distintos. Ese día, una parte del partido respiró aliviado. Otra no podía ocultar su inquietud creciente. Los secretos de Bárcenas amenazaban peligrosamente a la cúpula.

Dos semanas después, el goteo de ataques y las amenazas se materializaron en unos SMS publicados ayer por El Mundo. Unos mensajes de texto, reconocidos por La Moncloa, que reflejan contactos entre el presidente del Gobierno y Bárcenas al menos hasta el pasado 6 de marzo. Uno de los mensajes enviados al extesorero deja en evidencia a Rajoy, quien el pasado 25 de enero aseguró que no recordaba cuándo había hablado por última vez con su antiguo hombre de confianza. Según estos comunicaciones, había ocurrido tan solo una semana antes, el 18 de enero. Según el diario, Bárcenas quiso expresamente que se publicaran los SMS. Por su parte, el nuevo abogado del exdirigente popular, Javier Gómez de Liaño, se mostró convencido de que Bárcenas “no sabía nada” de su publicación.

Las amenazas de Bárcenas primero ningunearon al PP y a sus responsables. Después, enmudecieron a la dirección del partido. Y hoy, con vistas a la declaración del extesorero en la Audiencia Nacional, ante el juez Pablo Ruz, podrían convertirse en la bomba que haga estallar el laberinto al que lleva condenando a la cúpula desde que asumió el control de sus finanzas.