Abogados del diablo

Muchos (presuntos) corruptos son pésimos clientes para los abogados. Bien por tener sus bienes embargados, bien por racanería, suelen ser malos pagadores. Refractarios a la disciplina ajena, quieren ir por libre y creen saber más que su letrado. Habituados a ejercer el poder en su entorno político o económico, consideran los juzgados una prolongación de su despacho y pretenden aplicar sus códigos donde rige el Código Penal. Estiran la cuerda hasta que se rompe. El caso de Miguel Bajo y Alfonso Trallero, que han renunciado a la defensa de Luis Bárcenas después de cuatro años, alegando “pérdida de confianza” en su patrocinado tras sus declaraciones el pasado día 7 apuntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no es aislado. La proliferación de causas de corrupción ha aumentado los episodios de abogados que abandonan a sus clientes en pleno proceso. Una decisión difícil, sostienen, para quienes se dedican a defender al prójimo. El último recurso, se justifican, antes de que su patrocinado comprometa su ética profesional o les arruine.

La noche del 12 de febrero de 2011, el veterano abogado mallorquín Rafael Perera dio “un brinco” en el sillón. En la tele, Jaume Matas, expresidente popular de Baleares, le contaba al periodista Jordi Évole cómo adjudicó contratos públicos al duque de Palma “por ser el duque de Palma”. El letrado no tenía ni idea de la entrevista. Fue una de las últimas gotas que colmaron su paciencia. El 11 de abril, Perera comunicaba a Matas, su “cliente y amigo de décadas”, su renuncia a seguir ejerciendo su defensa en el caso Palma Arena. “Secreto profesional”, esgrimió entonces para justificar su decisión. Ya retirado, hoy es más explícito.

“Los que han estado en la cúspide del poder no conciben que alguien les mande. Y él quería dirigir su defensa aún a costa de perjudicarse a sí mismo”. Matas le mangoneaba, admite. Le impuso un colaborador, que resultó ser “un excelente profesional”, y después lo vetó. Quería ir a declarar, o recurrir, o llamar a tal o cual testigo, o presentar querellas o recursos cuando Perera lo desaconsejaba, y viceversa. Le volvió loco. Hasta que el abogado dijo basta. “Yo necesito dirigir el proceso. El cliente tiene que ser disciplinado y sincero, la relación de confianza es básica, y, si no se da, no puedo trabajar. Matas, a quien sigo apreciando y ayudando, no es el único. Ahora, no quisiera ser su médico, porque te dicen hasta de qué le tienes que operar”, bromea.

Perera es demasiado exquisito para hablar de dinero, pero los motivos económicos también pesaron en su decisión. Manuel Ollé, el abogado que llevaba las causas de Matas en Madrid, ya le había dejado. Y, en febrero de este año, Ollé, prestigioso letrado volcado en causas de crímenes de lesa humanidad, renunció a la defensa de Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE, en el caso Marsans, “por motivos que no vienen al caso”, según dijo entonces, pero que, según fuentes cercanas, tenían que ver con dificultades a la hora de cobrar su minuta.

“El 90% de las renuncias de abogados son por motivos económicos”, asegura un letrado madrileño. Por mucho dinero que hayan amasado, los corruptos pagan tarde, mal y nunca. Algunos tienen sus empresas en concurso de acreedores. Sus bienes, embargados. Pero tampoco suelen ser especialmente rumbosos. “Son lo peor. Creen que les timas. Te regatean. Por algo son ricos. Te ven como un subalterno. Creen que te están haciendo un favor contratándote”, se desahoga otro abogado balear que renunció a la defensa de varios imputados en un caso de corrupción urbanística harto de esperar sus honorarios, que recaudó in extremis. “Tengo uñas, las saqué, y cobré. No siempre ocurre”.

El que no tuvo esa suerte fue José Aníbal Álvarez, abogado de Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, en el caso Malaya y en otras 32 causas que tenía abiertas. Hasta que “con mucho pesar” dejó de serlo en 2010. Álvarez adelantó decenas de miles de euros esperando cobrar su minuta. En cuatro años hizo 200 viajes en avión y 200.000 kilómetros en coche a los juzgados de Marbella y las prisiones de Alhaurín de la Torre y Albolote, donde penaba su cliente. Destacó a una abogada durante 26 meses en Málaga. Interpuso recursos y querellas. Hasta que se hartó. “El juez nombró un administrador de los bienes de Roca, que sí cobró, pero yo, pese a que le pedí que liberara fondos, no vi un euro. Tú no puedes financiar un procedimiento adelantando eternamente tus gastos y tu minuta. Son miles de horas de trabajo que te impide llevar otros asuntos. Un caso así te hunde el despacho”.

Entonces, ¿por qué se aceptan? Álvarez admite que, además de la expectativa económica, el interés mediático de estos procesos, y su complejidad, son atractivos para un letrado ambicioso. “Son casos bonitos, un reto profesional. Crees que el cliente estará poco en prisión y que, cuando salga, pagará. Es como la zanahoria que te ponen delante, pero nunca llega. Abandonar es muy difícil. El día que tuve que decirle a José Antonio que dejaba su caso fue como traicionar a un amigo. Al margen de sus actos, es de los clientes más correctos e inteligentes que he tenido”.

Otros (presuntos) corruptos no son tan educados. “Te crees que aún eres presidente y eres un puto imputado”, tuvo que espetarle un abogado a su exilustrísismo cliente, que “se creía catedrático de Derecho Penal”. Los abogados consultados coinciden en que establecen una relación personal con el defendido. Sobre todo, cuando están en la cárcel. “Te conviertes en su confesor, su hermano mayor, su psicólogo”. Eso, dicen, además de la ética profesional, también les dificulta dejarles en la estacada por muy justificada que estimen su renuncia.

José Andrés Díaz alegó “motivos personales” para abandonar en 2008 la defensa de Ginés Jiménez, jefe de la Policía Municipal de Coslada (Madrid), imputado entonces en el caso Bloque. Díaz, que sigue asesorando informalmente a Jiménez, aceptó un caso mediático por excelencia. El del llamado sheriff de Coslada. Pero entonces tenía una hija de tres años y se hartó, precisamente, de tener a los periodistas apostados en su casa. “Sobre los abogados estrella, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Pero en algunos casos mediáticos, lo único que logras es que te den hostias por todas partes”, dice.

No sería la primera vez que a Fernando de Pablo, letrado de Javier Guerrero, el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía procesado por el caso de los ERE, le llaman chorizo por la calle. De Pablo dejó y volvió a retomar la defensa de Guerrero por desacuerdos con su cliente la primavera pasada. Guerrero “se emperró” en declarar ante la jueza Alaya pese a su negativa y De Pablo dijo hasta aquí. Pero volvió al redil. “Sí, se cree más abogado que yo, y esto no está pagado para el trabajo que lleva. Pero le he cogido cariño, y, chica, se ve que nos va la marcha”, arguye.

Cuando se ven sin defensa, los (presuntos) corruptos corren a buscarla. Es lo que ha hecho Bárcenas estos días. Además de Miguel Durán, otros fueron tocados. Alguno, escaldado por algún episodio anterior, confiesa que salió corriendo antes de exponerse nuevamente al impago y el mangoneo. Al final, Javier Gómez de Liaño aceptó el guante. “Quien manda ahora soy yo”, ha dicho. Veremos hasta cuándo.