Los expertos discrepan sobre el auto que imputa a Magdalena Álvarez por los ERE

El auto por el que la juez Mercedes Alaya imputa en el caso de los ERE a 20 altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía ha generado en las últimas horas diversidad de opiniones políticas y judiciales. Algunas, muy críticas con la decisión de la juez, lo que llevó a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, a alertar del peligro de que las críticas se “extralimiten”.

La discrepancia ha surgido porque Alaya no imputa a los altos y ex altos cargos ningún delito concreto, sino su participación en el sistema de concesión de ayudas. Expertos consultados discrepan sobre la necesidad de que la juez detalle ahora las imputaciones. Para algunos, como el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla Borja Mapelli, el momento procesal actual es “el comienzo del comienzo” por lo que no es preciso concretar. Con esta opinión coincide la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla Isabel Romero, quien alude al artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “En la primera comparecencia el juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan”, recoge el artículo. En su auto, Alaya emplea siempre la fórmula “citar como imputado”, lo que solo implica que puedan comparecer con abogado o procurador, advierte Romero.

Entre los que discrepan de esta fórmula, habitual en los autos de Alaya, se sitúa el magistrado emérito del Tribunal Supremo Juan Antonio Martín Pallín, que, en declaraciones ayer a la Cadena SER, consideró que el auto es “nulo” porque “no dice qué delito imputa a las personas”, opinión con la que coinciden otros expertos, como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

Martín Pallín cuestiona también que la juez pueda imputar a cargos de la Junta porque aplicaron el procedimiento aprobado por el Parlamento andaluz para conceder las ayudas a los ERE. Este argumento coincide con el expuesto en un escrito dirigido a la juez el pasado mes de marzo por el abogado de un empresario imputado. “No resulta congruente ni acomodado a las más elementales reglas de la lógica que, acreditado que sea el máximo nivel de conocimiento por los máximos órganos fiscalizadores durante más de una década, el procedimiento pudiera llegar a ser considerado, por sí mismo, prevaricador”, señala en un escrito el abogado Juan Carlos Alférez.