El fiscal pide seis años para Munar
La expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca ya carga con una condena de cinco años
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de seis años de cárcel para Maria Antònia Munar, exlíder de Unió Mallorca (UM), expresidenta del Parlamento balear y expresidenta del Consell de Mallorca. Ya está en la recta final la vista ante la Audiencia de Palma del caso de la venta amañada por 30 millones del solar público de can Domenge para levantar 600 viviendas. Munar carga ya con una anterior condena de cinco años y medio por el caso Maquillaje (de compra de una productora), una sentencia recurrida al Tribunal Supremo.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau han rebajado las penas solicitadas a los arrepentidos que han colaborado con la justicia: Tomeu Vicens, exconsejero insular de Urbanismo, y el promotor inmobiliario de Sacresa Román Sanahuja. Para Vicens se rebaja a ocho meses la petición de seis años de cárcel y para el empresario, de dos años a un año.
Vicens y Sanahuja relataron por escrito, y luego detallaron en la vista, la trama corrupta en la que habían participado en 2005. Ambos reconocieron que existió una comisión de cuatro millones de Sacresa a la cúpula de UM, asunto que se verá en otra pieza, al ser una revelación cuando la causa madre estaba cerrada.
El arrepentido parcial, Miquel Nadal, exmano derecha de Munar en UM y el Consell de Mallorca, quedó marginado del cuerpo central de rebajas de la fiscalía: de seis años pasa a cuatro. Su estrategia de autodefensa y de protección de Munar se ha vuelto en su contra.
El negocio no cuajó
Sanahuja se quedó con el negocio, que nunca cuajó por el veto político del PSOE en la legislatura anterior y el posterior fiasco de su compañía Sacresa. El caso can Domenge se abrió por una querella presentada por el empresario José Luis Núñez, que había ofertado hasta 60 millones por el solar.
La fiscalía buscó en vano confirmar la existencia de un soborno que durante cuatro años no se pudo probar. Solo afloró cuando Tomeu Vicens, preso desde hace tres años con dos condenas, decidió confesar y reconocer los cobros. Después confesó Sanahuja y, finalmente, también Miquel Nadal. Los fiscales ven los delitos de prevaricación, fraude a la administración, revelación de información confidencial y uso de información privilegiada. Se ha retirado la acusación de malversación de caudales públicos porque la jurisprudencia rechaza que pueda canalizarse en un solar.
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