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La principal asociación de militares pide aparcar el nuevo Código Penal castrense

Los guardias civiles rechazan volver bajo jurisdicción de los tribunales militares

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la principal de las Fuerzas Armadas, ha pedido que se suspenda la elaboración del nuevo Código Penal Militar hasta que se apruebe la reforma del Código Penal ordinario, actualmente en tramitación por el Ministerio de Justicia. La AUME considera que el código penal castrense debe ser “complementario” del común, por lo que deberá adaptarse a los cambios que se produzcan en éste. De hecho, el borrador del Código Penal Militar elaborado por el Ministerio de Defensa se remite, a la hora de tipificar numerosos delitos, a las definiciones contenidas en el ordinario; incluso citando la numeración de sus artículos, que con toda probabilidad cambiará.

Más allá de su oportunidad, la AUME valora positivamente algunas de las novedades del nuevo Código Penal militar, como la tipificación del delito de acoso sexual o profesional. Sin embargo, la AUME insiste en que la jurisdicción militar debe limitar su competencia al ámbito estrictamente castrense y no entrar en delitos del Código penal común que corresponden a los tribunales ordinarios.

Por su parte, Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con más de 30.000 afiliados, ha tachado de “inconstitucional” que el borrador de Código Penal militar pretenda volver a poner al instituto armado bajo la jurisdicción de los tribunales castrenses. “Deben enterarse de una vez que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas ni es un cuerpo de Ejército, sino un cuerpo policial”. Es la segunda vez en pocos meses que Interior intenta utilizar leyes que prepara Defensa para “remilitarizar” la Guardia Civil. “Es una barbaridad y tumbaremos este intento igual que hicimos con la ley Disciplinaria de la Fuerzas Armadas, que recibió un duro varapalo del Consejo de Estado”,

Finalmente, la Asociación Foro Milicia y Democracia (FMD), entre cuyos fundadores hay ex miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), expresó su “absoluto rechazo a las actitudes autoritarias y vejatorias con la mujer militar” y ha pedido la integración de la Justicia Militar en la jurisdicción ordinaria.

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