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La implicación de la presidenta navarra en el caso de las dietas llega al Supremo

La fiscalía se opone porque cree que no hay delito de cohecho en el cobro de dietas

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, durante un pleno del Parlamento autonómico.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, durante un pleno del Parlamento autonómico. Jesus Diges (EFE)

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que investiga el caso de las dobles y triples dietas de los consejeros de Caja Navarra (CAN), ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que valore tomar declaración como imputada a la presidenta navarra, Yolanda Barcina (UPN), han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). La juez ha imputado ya en esta investigación al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía Álvaro Miranda.

Con esta decisión, la investigación de las polémicas dietas de Caja Navarra pasaría a ser responsabilidad del Supremo, en contra de las opiniones de la fiscalía, que entiende que no hay delito de cohecho en el cobro de dietas, y de las acusaciones populares, la asociación Kontuz y el partido UPyD, que son favorables a que la investigación siga en los Juzgados de la capital navarra.

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La juez considera que el testimonio de Barcina es el único que falta dentro de la instrucción de un posible delito de cohecho impropio por el cobro de dietas por parte de cargos de UPN por asistir a la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la extinta entidad financiera. Al ser Barcina aforada, solo el Supremo tiene capacidad para investigarla.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha estado investigando desde comienzos de año el cobro de dietas en la entidad, al considerar que estas percepciones podrían tener un sustento "cuanto menos dudoso", y ha apuntado la existencia de indicios de presunto cohecho. Ha tomado por ello declaración como imputado a una cuarta persona, el exdirector general de CAN Enrique Goñi.

La juez ha venido manifestando que las denominadas sesiones de reporte (Permanente) tenían lugar con "carencia absoluta" de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes "fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra".

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