Cronología de un enredo fiscal

Un informe elaborado por la Agencia Tributaria a petición del juez Castro ha complicado la instrucción del caso Nóos. El documento, desmentido por la infanta Doña Cristina, le atribuía la venta entre 2005 y 2006 de 13 propiedades inmobiliarias que le reportaron, supuestamente, un beneficio de 1,4 millones de euros. Estas son las claves del enredo:

24 de mayo: Castro encarga una investigación

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, encomienda a la Agencia Tributaria que investigue a la infanta doña Cristina para determinar si cometió delitos con Hacienda y de blanqueo de capitales. El tribunal señalaba a doña Cristina como “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos fiscales de su esposo, Iñaki Urdangarin, en la empresa familiar conjunta Aizoon. Horas antes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmaba que sería la Agencia Tributaria la que marcaría "el terreno de juego" sobre la posible imputación de la infanta Cristina por delito fiscal. La investigación se centra en las operaciones realizadas entre los años 2007 y 2010.

29 de mayo: Ampliación a 10 años

El juez amplía a 10 años la investigación fiscal sobre la Infanta, de 2002 a 2012. Castro ordena a Hacienda investigar toda la actividad económica de doña Cristina: sus bienes, patrimonio, activos financieros, sus cuentas, declaraciones de la renta, inversiones e incluso posibles fondos derivados a países fiscalmente opacos por empresas de la trama de Nóos.

15 de junio: El informe de las fincas

La Agencia Tributaría entrega al juez Castro un informe elaborado a partir de la información recogida en los registros notariales de la propiedad y el catastro. En él se atribuye a la infanta Cristina la venta, entre 2005 y 2006, de 13 propiedades inmobiliarias en Alicante, Ciudad Real y Barcelona, que le reportaron unos ingresos de 1,4 millones. A través de un portavoz autorizado, la Infanta desmiente esta información: "Es del todo falsa y carece de base”, afirmó.

16 de junio: Los propietarios desmienten

La familia Roldán, que vive en una de las viviendas que figuran en el informe que Hacienda remitió al juez Castro, asegura que la Infanta no les vendió su casa. “¿Cómo va a vendernos la hija del Rey la casa de mi madre y nuestras cuatro fincas si ya eran nuestras?", se pregunta Ángela Roldán, hija de la propietaria. Esta familia muestra a EL PAÍS las escrituras notariales que acreditan que la casa y las cuatro fincas son de su propiedad y no han sido comapradas a doña Cristina.

17 de junio: Hacienda reconoce el error

La Agencia Tributaria se niega a aclarar las dudas suscitadas a raíz de su informe, pero técnicos del Ministerio de Hacienda transmiten de manera informal al juez de Palma la posible existencia de un error. El magistrado, molesto por un fallo tan importante en un documento judicial, decide abrir una nueva línea directa de investigación aclaratoria. Para ello, reclama a los cuatro registros de la propiedad donde se escrituraron las supuestas ventas que remitan las hojas registrales de los bienes que la Agencia Tributaria menciona en su informe.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anuncia que la Fiscalía Anticorrupción también va a analizar el informe, y PSOE e IU exigen a Montoro que aclare el informe sobre las fincas de la Infanta, pero este se desentiende.

La Agencia Tributaria publica durante unas horas un comunicado en su página web en el que se autoexculpa de cualquier error y en el que atribuye el fallo, de forma sutil, a notarios y registradores, pero estos califican de "ínfima" la posibilidad de un error humano en el proceso de transmisión de la información a Hacienda.

Los dueños de otra de las propiedades del informe, esta vez en Calella (Barcelona) también niegan haber adquirido la finca a la Infanta. "Se la compré a una chica que la había heredado", explica  el propietario.

18 de junio: No habrá querella

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca Junyent, asegura que Hacienda se ha equivocado,  pero anuncia que no presentará ninguna querella contra la Agencia Tributaria: "Nosotros, seguro que no". Mientras, la investigación paralela encargada por el juez Castro para determinar si hay errores en el informe de Hacienda sigue su curso.

Hacienda emite un comunicado en el que justifica el enredo de las fincas a un error con el DNI de la Infanta, y se ha escudado en el "volumen ingente" de información que maneja.