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Un socio de Urdangarin dice que el duque cobraba 10.000 euros por reunión

El apoderado de Urdangarin confirma que el duque siguió con negocios tras la advertencia del Rey

El magistrado rechaza levantar la imputación a la esposa de Diego Torres

El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, tenía una tarifa por asistir a reuniones con empresarios de 10.000 euros. Esta es una de las revelaciones que ha hecho al juez que instruye el caso Nóos un amigo del duque de Palma, Álex Sánchez Mollinger, quien participó en algunos negocios con él. Mollinger ha explicado que ese importante caché se fijó para la búsqueda de patrocinadores del Valencia CF, encomendada por el club de fútbol al duque de Palma. Pese a que finalmente las gestiones de patrocinio no dieron fruto, Mollinger, que ayudó a Urdangarin, ha afirmado que este facturó más de 30.000 euros al Valencia. Anteriormente, Urdangarin cobró 600.000 al Villarreal, según confirmó su presidente, Fernando Roig.

Castro ha interrogado también a Mario Sorribas, antiguo apoderado y hombre de confianza de Iñaki Urdangarin, quien ha afirmado que en la mercantil Aizoon, propiedad al 50% de la Infanta Cristina y del Duque de Palma, no había trabajadores. Esta apreciación serviría para mantener la acusación de delito fiscal que el juez mantiene sobre el yerno del Rey. La Agencia Tributaria señaló que entre 2007 y 2008, Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros y utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior, el aplicado a las sociedades.

Por otra parte, el juez ha acordado proseguir con la práctica de diligencias sobre los hechos relacionados con Valencia mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelve si asume las pesquisas en torno a los indicios delictivos que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El magistrado también ha rechazado levantar la imputación a la esposa de Diego Torres al alegar que no ha aparecido en el caso Nóos elementos que "fuercen anticipadamente" a cambiar de criterio respecto a la situación procesal de la encausada.

Mario Sorribas ha explicado también que desde 2006, tras el veto del Rey, el duque siguió en la gestión de los proyectos de la fundación sucesora de Nóos, la Fundación Cultura y Deporte.

El juez apura la búsqueda de datos y declaraciones sobre la actividad económica del yerno del Rey para avanzar en el cierre de las diferentes ramas del sumario. El primero en comparecer esta mañana ha sido precisamente el apoderado de Urdangarin, que trabajó de gestor en el Instituto Nóos y para Aizoon —sociedad familiar de los duques de Palma donde tuvo poderes—, así como en otra sociedad De Goes, de la supuesta trama exterior.

Mario Sorribas había declarado ya en la causa y su relato había sido favorable a los intereses de Urdangarin. Es uno de los candidatos a sentarse en banquillo cuando se celebre el juicio y su versión es considerada relevante para explicar cómo funcionó, realmente, la trama montada por  Urdangarin y su socio Diego Torres.

Sorribas hasta ahora había sostenido ante los investigadores que Torres, era el jefe de los negocios y que este controló la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), tapadera puesta en marcha en 2007 cuando Urdangarin tuvo que apartarse, al menos aparentemente, de la actividad de Nóos por indicación del Rey.

El juez también tomará declaración esta mañana al hombre de paja de la malla exterior del caso, Robert Cockx, que ya ha detallado al fiscal y a la policía su rol de tenedor y comisionista de sociedades pantalla off shore. Su nombre aparece vinculado a la cuenta suiza de la nota que Urdangarin entregó a Aguas de Valencia para facturar unos trabajos de asesoría. El duque señaló que el pago debía canalizarse a la titular a la empresa Alternative Generale Service de Robert Cockx.

Para Anticorrupción, el duque de Palma, negoció un contrato de Aguas de Valencia de la familia Calabuig y Banco de Valencia que le reportó unos ingresos de 375.000 euros por servicios de búsqueda de inversores en países del Magreb y Oriente Medio. El esposo de la infanta Cristina cobró, según la acusación, 140.000 euros en una cuenta corriente internacional, aunque inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador también interrogado José María Treviño.

Declarará también ante Castro el publicista valenciano Miguel Zorío, que  medió en el contrato de Aguas de Valencia. Fue intermediario para Nóos ante la Generalitat valenciana y la alcaldía de Valencia. Intervino en la consecución de la partida para el proyecto de los Juegos Europeos en Valencia, por el que Nóos cobró 382.000 euros públicos pese a que no se desarrollaron.

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