Guerrero impuso la concesión de 16 millones sin justificar

La ligereza con la que el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero concedió subvenciones millonarias a los empresarios de su comarca, la Sierra Norte de Sevilla, era proverbial: expedientes de un solo folio sin siquiera convenio ni solicitud del empresario, sin sellos de registro oficial de la Consejería de Empleo ni sombra del estudio de mercado justificativo... De estos ejemplos sangrantes, los 26 casos más llamativos suman 16 millones en ayudas injustificadas.

Estas “resoluciones lacónicas” y la “parquedad” de Guerrero, subrayadas en un informe remitido a la juez Mercedes Alaya por la Junta, apuntan a que debido a tal ausencia del procedimiento legal, tanto el ex alto cargo como algunos empresarios deslumbrados por tantos ceros pueden haber cometido 26 delitos. Del total de 224 subvenciones directas a empresas por 73 millones, los abogados del Ejecutivo autónomo seleccionaron la décima parte para que la Guardia Civil investigara los indicios de delito, aunque de momento sus pesquisas no han trascendido.

La fórmula de Guerrero para otorgar credibilidad a sus resoluciones era aludir al pago “irrevocable” de las ayudas “incondicionadas”. De este modo, los empresarios acudían con el aval de la subvención de la Junta ante ciertas entidades bancarias y estas adelantaban el dinero. Una oficina de la Caja San Fernando (hoy CaixaBank) acaparó gran parte de estos créditos concedidos en la Sierra Norte sevillana a través del jefe de zona Gerardo de la Cruz, cuya imputación ha pedido la Junta a la magistrada. Al ver que los ingresos de ayudas de diferentes empresas acababan en una misma cuenta, la juez pidió a la Guardia Civil que investigara “la repetidísima cuenta bancaria, destino final de muchas de las ayudas directas concedidas a empresas”. Todo apunta a que la explicación era la siguiente: la entidad adelantaba al dinero a las compañías confiando en que la Junta ingresaría el dinero de la subvención antes o después.

La Junta censura las “lacónicas” resoluciones de su ex director general

De la Cruz alega que era una “fórmula para adelantos” a empresarios y que por esa razón la cuenta pertenecía a la Caja San Fernando, ya que la entidad había adelantado los fondos a los empresarios. Pero algunas ayudas no llegaron a materializarse por los problemas de liquidez de la Junta y la salida precipitada de Guerrero de la Dirección General de Trabajo. Y surgió el problema del impago.

Ahora la Junta censura la actitud de la entidad respecto a la deuda de esos créditos: “Llama la atención que no conste reclamación alguna de la Caja San Fernando contra la Junta para el pago de los citados endosos”, señala. “Resulta inverosímil que una entidad bancaria asuma de modo tan reiterado riesgos tan cuantiosos, salvo pretensión de ocultación de ilícita conducta de los intervinientes”.

La juez investiga una “repetidísima” cuenta que acaparó ayudas de empresas

Entre las empresas beneficiadas destaca El Venero de Móstoles, firma turística administrada por la hija y una sobrina del empleado De la Cruz, tal y como él mismo confirmó ayer. Ante los vínculos familiares, De la Cruz se abstuvo de tramitar este crédito en la “ya conocida cuenta corriente” de la caja de ahorros. En total, El Venero de Móstoles percibió 569.000 euros a través de estos endosos.

Laura de la Cruz López figuró como administradora de la empresa, y la Junta ha pedido su imputación junto al empleado de banca De la Cruz. Pero no solo la Caja San Fernando concedió este tipo de adelantos; también se implantó esta práctica en una oficina del BBVA, por lo que el Ejecutivo ha pedido que declaren como testigos dos empleados de esta entidad. Por último, la Junta, como acusación en el caso, pide la imputación de cuatro empresarios y que se amplíe la imputación de otros propietarios de sociedades.

Un empresario que pide el anonimato defiende este sistema de adelantos: “Necesitabas el dinero rápido y con el certificado de Guerrero negociabas con el banco para que te cobrara sobre un 5% de intereses. Y Caja San Fernando era la más propensa a trabajar en la zona, así de simple”. Además de los 26 expedientes con mayor carencia de procedimiento, la Junta ha remitido a la juez otras 15 resoluciones para que los investigadores las analicen, pese a que “la parquedad” de la documentación no permite deducir que existan indicios penales o las ayudas no fueran abonadas por la Junta.